
Durante las más de cuatro horas de reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las diferentes comunidades autónomas, con la única excepción de Cataluña, cuestionaron que la adscripción voluntaria al nuevo modelo de financiación autonómica implique la pérdida de 1.248 millones de euros en caso de que decidan no aceptar la propuesta. Según consignó El Mundo, esta condición fue uno de los aspectos que generó más desacuerdo entre los consejeros autonómicos y acentuó la percepción de falta de consenso sobre el proceso impulsado por el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero.
El encuentro, celebrado este miércoles y recogido por El Mundo, reunió a los responsables de economía y hacienda de todas las comunidades, salvo Cataluña, quienes expresaron su rechazo frontal a la propuesta del Ejecutivo. Argumentaron que el nuevo modelo nace condicionado por acuerdos previos entre el Gobierno central y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), lo que, según los representantes regionales, resta legitimidad al procedimiento y genera dudas sobre la equidad e imparcialidad del sistema planteado. Los consejeros trasladaron sus críticas directamente a la ministra Montero e incluso advirtieron que no descartan recurrir a instancias judiciales si la propuesta se impone de manera unilateral.
Los argumentos reiterados por las comunidades autónomas giraron en torno a la supuesta falta de diálogo multilateral. Según recogió El Mundo, los consejeros expresaron que un acuerdo de tal magnitud debe elaborarse de manera conjunta y transversal, evitando la negociación bilateral exclusivamente con Cataluña, como consideran que ha sucedido. Las críticas también estuvieron dirigidas a la "apariencia" de apertura al diálogo que ofrecen las futuras reuniones bilaterales anunciadas por Montero, las cuales, según los asistentes, no reflejan un proceso genuino de participación sino un intento por legitimar una decisión preestablecida.
Durante la reunión, la ministra Montero defendió la voluntariedad de la adhesión al nuevo modelo, aunque este punto se percibió como insuficiente por parte de la mayoría de consejeros. El consejero de Hacienda de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, consideró que el acuerdo parte de la bilateralidad con fuerzas independentistas y no resuelve los problemas estructurales de financiación que arrastran las autonomías. Marín señaló ante los periodistas: "Es muy significativo que más del 95% de las comunidades autónomas presentes en este Consejo hayamos mostrado nuestro rechazo frontal a un modelo que nace viciado".
El rechazo al modelo abarcó tanto a las once comunidades gobernadas por el Partido Popular como a Canarias y a las dos comunidades socialistas: Castilla-La Mancha y Asturias. El Mundo reportó que estos gobiernos consideran que la negociación responde a intereses políticos concretos y que la propuesta fue definida previamente entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, sin considerar las demandas del resto de territorios.
Desde la Comunidad de Madrid, la consejera Rocío Albert expresó el rechazo al modelo y también al sistema de financiación vigente, solicitando que cualquier propuesta futura parta de una negociación real y multilateral. Al ser consultada sobre una posible impugnación ante el Tribunal Constitucional, Albert respondió que el gobierno madrileño no descarta utilizar "todos los recursos legales" disponibles si el modelo es finalmente aprobado, detalló El Mundo.
El descontento se extendió incluso entre representantes socialistas. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, indicó a El Mundo que el Gobierno de Sánchez intenta trasladar la "presión" ejercida por los partidos independentistas a las autonomías, advirtiendo que se obliga a las regiones a sumarse para acceder a recursos suplementarios ofrecidos por Hacienda. Ruiz Molina cuestionó también la estrategia de reuniones bilaterales, calificándola de mecanismo para "dar la apariencia" de multilateralidad, mientras sostiene que el acuerdo surgió de entendimientos particulares con ERC.
Por Asturias, la vicepresidenta Gimena Llamedo manifestó estar en desacuerdo tanto por el contenido como por la forma en la que se condujo el proceso. Instó a una negociación en igualdad de condiciones entre todas las comunidades, evitando pactos "precocinados", según publicó El Mundo.
El consejero gallego Miguel Corgos hizo referencia a un modelo "a la carta" elaborado al margen del resto de territorios y subrayó que el impacto del sistema propuesto deja a Galicia por debajo de la media de financiación, complicando la respuesta ante el aumento de los costes sanitarios y de dependencia. Corgos manifestó a El Mundo su disposición a trabajar por un nuevo modelo consensuado entre todas las comunidades.
Las críticas por las formas y el contenido de la reunión fueron compartidas por la consejera de Hacienda de Extremadura, Elena Manzano, quien denunció la ruptura de las "reglas constitucionales" por parte del Ministerio al negociar bilateralmente con ERC. Manzano vinculó, además, la propuesta de mayor financiación para Andalucía a los intereses personales de Montero de cara a una eventual candidatura en elecciones autonómicas.
Matilde Asián, consejera de Hacienda de Canarias, anticipó que la intervención de las comunidades en la futura ley de financiación quedará muy limitada, dado que, según sus palabras transmitidas por El Mundo, el texto del anteproyecto ya está definido en lo fundamental y se encuentra preparado por el Ministerio.
Durante toda la jornada, el reclamo principal de las comunidades autónomas restantes fue que Hacienda retome un marco de multilateralidad en la negociación para garantizar que las futuras decisiones respondan a las necesidades de todos los territorios. Los representantes regionales insistieron en la necesidad de abrir un procedimiento real de debate y participación, sin decisiones impuestas ni condicionadas por acuerdos particulares con partidos concretos, concluyó El Mundo.
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