Las CCAA del PP denuncian que el plan de financiación está "precocinado" y amenazan con llevarlo a la Justicia

Representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han expresado su disposición a recurrir a todas las opciones legales disponibles en caso de que la propuesta del Gobierno central sobre financiación autonómica prospere, según detalló el medio Europa Press. Los responsables regionales consideran que el plan presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, parte de una negociación exclusiva entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, por lo que argumentan que el modelo acordado excluye los intereses y necesidades del resto de territorios. Esta postura fue manifestada en la antesala del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde la titular de Hacienda presentó a los consejeros autonómicos el proyecto inicial de esta reforma.

El medio Europa Press informó que los representantes de Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia y Andalucía, todos bajo gestión del PP, han aseverado que el modelo se encuentra "precocinado". Han denominado al esquema como el “modelo Junqueras” o “modelo Montero”, señalando que responde a los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo nacional y ERC. Según precisaron los consejeros, el foro celebrado este miércoles tenía como objetivo informar a las comunidades, por lo que no se sometió el documento a votación formal, quedando pendiente una próxima convocatoria del CPFF donde sí se decidirá sobre su aprobación.

Miguel Corgos, consejero de Hacienda de Galicia, declaró, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, que el Gobierno central no ha impulsado ningún proceso de participación previa ni ha tenido en cuenta a las demás comunidades autónomas en las discusiones, sino que, a su juicio, la propuesta parte de un pacto entre el Gobierno y ERC. “Cuando los que elaboran la propuesta de modelo son parte, también el resultado tiende a atender las necesidades específicas de esa parte, pero a veces se olvida de los demás y parece que es lo que está pasando”, señaló ante la prensa.

Elena Manzano, consejera de Hacienda de Extremadura, afirmó que la propuesta beneficia especialmente a Andalucía y lo vinculó a la participación de María Jesús Montero en las próximas elecciones en esa región. Manzano también manifestó que si el proyecto de financiación llega a materializarse a través de una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y en la aprobación de una nueva ley reguladora, las comunidades autónomas del Partido Popular “utilizarán todas las armas” dentro del marco jurídico para luchar contra una reforma que tildan de desigual, según reiteró Europa Press.

En la misma línea, Rocío Albert, responsable de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, calificó la reunión como una presentación del “modelo Junqueras”, y advirtió que no cuenta siquiera con el respaldo unánime de las autonomías gobernadas por el Partido Socialista. Desde Andalucía, la consejera regional definió el plan como “modelo Montero” y sostuvo que su comunidad sigue siendo infrafinanciada dentro de este planteamiento, criticando a la ministra por rechazar la creación de un fondo transitorio para subsanar desequilibrios actuales. Añadió que la iniciativa, bajo su perspectiva, ofrece “champán y caviar al independentismo” y al resto de las comunidades “el menú del día, pero sin postre y lo que es peor, un menú que está precocinado por el independentismo”.

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía de Castilla y León, remarcó, según Europa Press, que el Gobierno ha negociado los términos del nuevo sistema únicamente con ERC y sin considerar directamente los planteamientos de ninguna comunidad autónoma. Para Carriedo, el esquema propuesto no tiene en cuenta el interés general del conjunto de españoles. Además, insistió en que la recaudación tributaria debe destinarse a sufragar los servicios de todos y no de forma particular para cada territorio, abogando porque cualquier medida relacionada con la financiación autonómica se pacte entre todas las partes implicadas.

Desde la Región de Murcia, el consejero José Luis Marín calificó la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera como un “bodevil”. Declaró, en palabras recogidas por Europa Press, que los consejeros asistentes se han limitado a escuchar una propuesta previamente pactada con Junqueras. No obstante, precisó que acudió a la sesión “con la mano tendida” y dispuesto al diálogo, aunque reiteró su rechazo a las negociaciones entre el Ejecutivo y ERC.

Según detalló Europa Press, el rechazo de los representantes autonómicos del PP no se limita a la forma en que fue construido el plan, sino también a la aplicación práctica de su contenido. Denuncian que el sistema no prevé una solución para el déficit de financiación que sufren determinadas regiones bajo el actual marco legal y sostienen que el nuevo texto tampoco pone remedio a este desequilibrio. A su juicio, una reforma en profundidad requiere la implicación real de todas las autonomías y un debate abierto sobre los criterios y objetivos de distribución de fondos públicos.

Durante la jornada, la discusión se centró en la ausencia de una negociación equitativa y en la preocupación de que los acuerdos bilaterales afecten la cohesión del conjunto del Estado. Los responsables regionales reiteraron que, de aprobarse el modelo por la vía legislativa, pondrán en práctica todas las acciones jurídicas a su alcance para impugnar la reforma, mientras el Gobierno se mantiene firme en su intención de impulsar el proceso según la hoja de ruta prevista.