El Principado rechaza "platos precocinados" y pide una negociación "en pie de igualdad" con todas las CCAA

Gimena Llamedo expresó desacuerdo con la metodología adoptada por el Gobierno central, defendiendo un proceso donde las regiones puedan debatir en igualdad de condiciones, subrayando la relevancia para los servicios públicos y exigiendo mayor apertura en la negociación

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La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, señaló que la propuesta sobre financiación autonómica debe responder a las necesidades reales de cada territorio, como el coste de los servicios y las características demográficas particulares, para lograr la mejora de la sanidad, la educación y otros servicios sociales esenciales. Según informó el medio, Llamedo expresó esta posición antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde insistió en mecanismos de diálogo y negociación que permitan a todas las comunidades autónomas discutir los términos del acuerdo en condiciones equitativas.

De acuerdo con la información recogida por la prensa, la responsable de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo manifestó que el Gobierno asturiano no avala “platos precocinados” ni contratos previamente acordados, refiriéndose a los procedimientos empleados por el Gobierno central en la elaboración del plan de financiación. Llamedo enfatizó que Asturias acudió al Consejo con disposición de escuchar las propuestas planteadas, pero reiteró su rechazo a sumarse a acuerdos ya adoptados sin la suficiente interlocución previa, ya que consideran necesario habilitar un verdadero proceso de negociación abierto con los representantes de todas las regiones.

Tal como consignó la fuente original, Llamedo subrayó que la financiación autonómica representa una cuestión central porque incide directamente en el funcionamiento de los servicios públicos en los territorios, lo que, para el Ejecutivo asturiano, requiere un enfoque que priorice el coste real de la prestación por encima de la capacidad fiscal. Argumentó que el envejecimiento demográfico y otros factores específicos de Asturias demandan soluciones ajustadas a su contexto, por lo cual el Gobierno del Principado se compromete a defender los intereses de la región con la mayor firmeza para asegurar el bienestar presente y futuro de su población.

El medio también detalló que la posición adoptada por Asturias ante el CPFF se encuentra respaldada por los acuerdos alcanzados en la Junta General del Principado a través de la Mesa de Financiación Autonómica, con el consenso de todos los grupos políticos asturianos excepto Vox, y se alinea con la Declaración de Santiago, suscrita junto a otras ocho comunidades autónomas. Llamedo afirmó que el Ejecutivo asturiano mantiene un firme compromiso con los consensos logrados tanto a nivel interno como en el marco interterritorial, asegurando que "somos un gobierno de palabra y un gobierno que se sujeta también a estos acuerdos".

Además, la vicepresidenta de Asturias manifestó la expectativa de que la reunión del CPFF sirviera como punto inicial para abrir una negociación en la que se presenten y analicen en profundidad los distintos modelos propuestos. Según detalló la fuente, esta apertura permitiría a cada comunidad autónoma exponer sus perspectivas y necesidades, así como comprender en detalle las implicaciones del modelo financiero en debate. Llamedo insistió en la importancia de que la voz de Asturias quede reflejada de forma clara en el proceso, defendiendo criterios que respondan mejor al gasto real de los servicios fundamentales, en lugar de basarse únicamente en parámetros como la capacidad fiscal de las regiones.

En las intervenciones recogidas por el medio, la vicepresidenta asturiana reiteró que la voluntad del Principado es participar activamente en el diálogo y negociación, velando porque se garantice el trato igualitario para todas las comunidades. La postura adoptada busca promover la transparencia y la corresponsabilidad entre administraciones, al tiempo que refuerza la demanda de una financiación ajustada a las demandas sociales y demográficas específicas de cada territorio.