
Durante su intervención en TVE, recogida por Europa Press, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, enfatizó que el Ejecutivo trabaja junto al Ministerio de Hacienda para presentar una propuesta sobre la indexación de los contratos públicos a los cambios en el salario mínimo interprofesional (SMI), un tema planteado previamente por los agentes sociales. Este enfoque busca reflejar el impacto que los incrementos en el SMI pueden tener sobre las empresas que desarrollan contratos con la Administración. Díaz enmarcó estas negociaciones dentro del proceso para cerrar el acuerdo sobre la subida del SMI de 2026.
Según informó Europa Press, Díaz reafirmó que el próximo viernes está prevista una reunión a las 9.00 horas entre el Ministerio de Trabajo y los representantes de sindicatos y empresarios. Durante el último encuentro de la mesa de negociación, el Ministerio de Trabajo propuso fijar el SMI en 1.221 euros distribuidos en catorce pagas, lo que supondría un aumento del 3,1% y no estaría sujeto a retención por IRPF. La ministra subrayó su esperanza de que la patronal, especialmente la CEOE, pueda sumarse al acuerdo en función de la actitud manifestada en las últimas reuniones. Díaz señaló: “A mí me gustaría que la patronal sea capaz de alcanzar un acuerdo”, destacando la importancia de que todos los agentes sociales, incluidos CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), se adhieran al pacto impulsado por el Gobierno.
Tal como publicó Europa Press, la negociación que impulsa el Ministerio de Trabajo se centra en garantizar que la subida del SMI no solo represente una mejora para los trabajadores, sino que también atienda la incidencia de esta medida en la contratación pública. Según Díaz, las conversaciones con Hacienda tienen como finalidad dar respuesta a una demanda reiterada tanto por sindicatos como por organizaciones empresariales desde la primera subida del salario mínimo ejecutada en 2020. La ministra añadió que “se está trabajando para que la subida del salario mínimo no suponga un lastre para las empresas comprometidas con servicios públicos”.
La titular de Trabajo explicó que, aunque la intención del Ejecutivo es cerrar el acuerdo de manera conjunta, el Gobierno procederá a la subida aunque no se alcance la unanimidad en la mesa de diálogo. Argumentó que aumentar el SMI es una herramienta que contribuye a la lucha contra la pobreza laboral y la desigualdad en España. Según la ministra, este instrumento representa uno de los principales logros del Ejecutivo en materia de empleo.
Europa Press detalló que el Ejecutivo busca un consenso amplio, pero Díaz reiteró que la medida tendrá lugar incluso si no hay acuerdo final con los interlocutores sociales. La ministra argumentó que “el SMI es la herramienta que combate la pobreza laboral y la desigualdad”, defendiendo la política de incrementos sostenidos del salario mínimo en los últimos años.
En otra línea, la ministra se pronunció sobre la cuestión de las jubilaciones anticipadas, descartando endurecer las condiciones de acceso para los trabajadores. Díaz argumentó que las empresas españolas requieren renovar sus plantillas y que “el sector industrial lo está pidiendo”. En sus declaraciones a TVE, apuntó que la renovación de trabajadores mediante el contrato de relevo constituye una necesidad reconocida tanto por los agentes sociales como por el Gobierno. Añadió que una parte significativa de la plantilla asalariada en España debe trabajar hasta los 67 años para obtener el acceso a la jubilación, lo que representa un desafío en el contexto de un mercado laboral envejecido.
La ministra consideró que el desarrollo tecnológico en España exige incorporar nuevas generaciones a las empresas, ya que existen sectores con condiciones laborales difíciles que no permiten extender la vida profesional más allá de ciertos límites. Díaz afirmó que “penalizar jubilaciones a muchos sectores de la población, que son duros, que son difíciles, no es positivo”, y remarcó que en algunas profesiones la prolongación de la vida laboral no resulta eficiente desde una perspectiva económica. Europa Press recogió que Díaz defendió la existencia del contrato de relevo como una vía para facilitar la transición y modernización de la fuerza laboral en el país.
La postura expresada por la titular de Trabajo revela la intención gubernamental de conjugar los avances sociales, como la subida del salario mínimo, con las necesidades estructurales del tejido productivo y empresarial, atendiendo específicamente a la renovación generacional y las condiciones de jubilación anticipada. Según informó Europa Press, Díaz mantiene su apuesta tanto por el diálogo social como por la ejecución de medidas clave para el Gobierno aunque no cuenten con la adhesión de todos los participantes en la mesa de negociación.
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