C-LM ve el modelo de financiación como "un chantaje" independentista y avisa: "La ordinalidad es una línea roja"

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, mostró su preocupación por la ausencia de datos precisos acerca del nuevo modelo de financiación autonómica justo antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado en Madrid. Según publicó Europa Press, Ruiz Molina manifestó que su gobierno solo cuenta con información extraída de los apuntes tomados en la rueda de prensa ofrecida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el viernes anterior, así como del dossier de prensa oficial. En este contexto, el titular de la cartera de Hacienda regional reclamó detalles concretos sobre el incremento real de los recursos que tendrán las comunidades autónomas en el año 2027 y cuestionó si los criterios de reparto se han pensado de forma racional o arbitraria. El tema central, recordó, es el modelo de financiación propuesto por el Ejecutivo nacional, que calificó como resultado de un “chantaje de los independentistas catalanes, que lo único que buscan son privilegios”.

De acuerdo con Europa Press, Ruiz Molina, al llegar a la reunión en Madrid, planteó la necesidad de transparencia sobre la fórmula que regirá la asignación de fondos y las verdaderas implicaciones del nuevo reparto. En la reunión, la ministra Montero se dispuso a explicar a las distintas autonomías los detalles del sistema, en el que se prevé aumentar el porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que gestionan los territorios del 50 % al 55 % y el del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 50 % al 56,5 %. Ruiz Molina insistió en que, hasta la fecha, solo el Gobierno central, los partidos independentistas y el presidente catalán Salvador Illa parecen disponer de la información técnica y financiera clave para la negociación.

El consejero puso el foco en el debate sobre el principio de ordinalidad, defendido por el gobierno catalán y recogido en el borrador presentado por el Ejecutivo nacional. Según relató Europa Press, Ruiz Molina advirtió que ese principio constituye una “línea roja” infranqueable para el gobierno de Castilla-La Mancha y explicó que la ordinalidad supondría que aquellas comunidades autónomas con mayor capacidad de recaudación fiscal gozarían de ventajas económicas directas en la financiación disponible para servicios públicos. Para Ruiz Molina, ese sistema trasladaría la idea de que los ciudadanos de los territorios con más capacidad contributiva recibirían un mejor trato en el acceso a servicios públicos por el hecho de pagar más IRPF, algo que el gobierno castellanomanchego rechaza.

El representante regional también criticó la forma en que se ha desarrollado el proceso de negociación del modelo de financiación. Según consignó Europa Press, lamentó que las conversaciones se hayan realizado de manera bilateral entre el Gobierno central y formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que no tiene representación en el Ejecutivo estatal. En su opinión, ese enfoque incumple resoluciones aprobadas en el Congreso Federal del PSOE en Sevilla, donde se abogó tanto por la multilateralidad en la negociación como por la no consagración del principio de ordinalidad impulsado por Cataluña.

Ruiz Molina también valoró la iniciativa del Ejecutivo nacional de pedir al Partido Popular que exponga su propia propuesta de modelo de financiación y señaló que le hubiera resultado deseable que ese intercambio de ideas se hubiera abierto también dentro del Partido Socialista. Los socialistas, indicó el consejero, no han analizado internamente el modelo que ahora se presenta, lo que representa, desde su óptica, un déficit en el contraste de posturas y en la legitimidad del proceso interno.

Europa Press añadió que la sesión del CPFF llegó en medio de una fuerte expectación por parte de las regiones, cuyas administraciones exigen claridad y certeza sobre la cantidad exacta de fondos que recibirán y las reglas concretas del reparto. Ruiz Molina reiteró, de acuerdo con el medio, que quedan abiertas dudas sobre el acceso a la información y la equidad del proceso, y subrayó que las comunidades como Castilla-La Mancha estarán vigilantes ante cualquier intento de consolidar privilegios territoriales a través de la reforma financiera.