Le Pen dice no tener la sensación de haber cometido "el más mínimo delito" en su juicio por malversación

En declaraciones ante el tribunal de apelaciones de París, Marine Le Pen defendió que durante los años en los que contrató a asistentes parlamentarios en 2004, 2009 y 2014 no tuvo la percepción de haber incurrido en ninguna ilegalidad. Según precisó la líder de Agrupación Nacional (AN), sus decisiones no respondieron a fines ilícitos, sino que correspondieron a procedimientos habituales de contratación. Esta comparecencia se llevó a cabo en el contexto de la nueva fase judicial que enfrenta sobre el presunto uso indebido de fondos provenientes del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016. De acuerdo con la información reportada por BFM TV, Le Pen y otros miembros de su partido están siendo juzgados nuevamente tras recurrir una condena anterior por malversación de recursos comunitarios destinados al pago de personal del AN.

La Fiscalía sostiene que los fondos europeos destinados a las dietas de los diputados ultraderechistas sirvieron de fuente para costear no solo a asistentes parlamentarios, sino también a empleados cuyos servicios beneficiaron directamente al partido, incluidos guardaespaldas, según consignó la cadena BFM TV. Esta estrategia, según los fiscales, buscó aliviar las cuentas de la formación política, desviando recursos europeos que deberían haber servido exclusivamente a la función parlamentaria.

En su declaración frente al tribunal este martes, Le Pen señaló: “No tengo ninguna sensación de haber cometido ningún delito cuando en 2004, 2009 y 2014 contratamos a nuestros asistentes”. Este testimonio forma parte de la defensa desplegada por la política francesa, quien también enfatizó su desconocimiento de cualquier irregularidad en los procesos por los que está siendo acusada.

El abogado de Le Pen, Patrick Maisonneuve, expresó ante los medios previos al inicio del juicio que el supuesto fraude resultó en una pérdida para la institución europea y, consecuentemente, para los ciudadanos franceses y europeos, según recogió BFM TV. El letrado argumentó que el Parlamento Europeo figura como víctima de la trama investigada, ya que los recursos desviados ascendieron a varios millones de euros.

En la sentencia recurrida, la anterior candidata presidencial francesa recibió una pena de cuatro años de prisión, de los cuales dos deberían cumplirse bajo libertad vigilada, además de una multa de 100.000 euros y la inhabilitación inmediata para ocupar cargos públicos durante cinco años. Esta última consecuencia la privaría de participar en las elecciones presidenciales de 2027, como detalló la cadena BFM TV. Junto con Le Pen, otros diez de los veinticuatro condenados por este caso presentaron también recurso de apelación, entre ellos la propia Agrupación Nacional en calidad de persona jurídica.

El fallo condenatorio estableció que las partidas mensuales asignadas por el Parlamento Europeo para cubrir los gastos de personal de los representantes, en su lugar, fueron canalizadas para cubrir obligaciones de la estructura del partido, afectando así el uso legítimo de los fondos públicos. El tribunal anterior consideró probado que dicha práctica se extendió durante doce años y permitió a la formación ultraderechista optimizar sus recursos internos.

Tanto la dimensión económica como el alcance político del caso han adquirido relevancia en Francia debido a las implicaciones sobre la participación futura de Le Pen en la escena electoral. Según publicó BFM TV, el juicio de apelación se centra no solo en la responsabilidad penal de los acusados, sino también en el impacto que la presunta malversación tiene sobre la confianza pública en los mecanismos de financiación de la política europea.

El proceso judicial involucra a doce encausados, incluyendo a figuras destacadas del AN y personal que, de acuerdo con las investigaciones y lo afirmado por la Fiscalía, desempeñó funciones para el partido bajo un contrato parlamentario que debía limitarse a labores institucionales. Tanto los abogados defensores como los representantes legales del Parlamento Europeo presentaron sus alegatos sobre la legalidad o ilegalidad de tales contrataciones, argumentando en torno a la finalidad de los recursos públicos y la transparencia en su gestión.

Durante la jornada inaugural del juicio de apelación, Le Pen y los otros implicados insistieron en la inexistencia de dolo y en la naturaleza política del proceso que, según su versión, trasciende los límites estrictamente judiciales. Por su parte, la Fiscalía reiteró la existencia de pruebas documentales sobre la canalización de fondos hacia estructuras partidistas que no correspondían con los fines parlamentarios para los que originalmente se otorgaron.

La repercusión de este proceso se percibe también en el debate nacional sobre la utilización de recursos de la Unión Europea en los partidos políticos dentro de Francia, analizó BFM TV. La resolución de este caso determinará no solo las responsabilidades penales, sino también las consecuencias políticas para un sector que, hasta la fecha, ha mantenido una presencia significativa en la política francesa y europea.