
El periodista Turki al Jasser, quien había adquirido notoriedad por documentar casos de corrupción entre miembros de la familia real saudí, figura entre las personas ejecutadas en 2025, de acuerdo con denuncias de Human Rights Watch (HRW). La organización afirmó que el caso de Al Jasser ejemplifica la preocupación existente sobre el posible uso de la pena capital en Arabia Saudí para reprimir la disidencia no violenta. En este contexto, HRW informó que el país alcanzó un nuevo récord anual de ejecuciones, superando los 350 casos y evidenciando un incremento sostenido por segundo año consecutivo en la aplicación de la pena capital.
Según detalló HRW, en 2025 las autoridades saudíes ejecutaron a 356 personas, cifra que supera los 345 casos registrados el año previo. El investigador de la organización para el Golfo Pérsico, Joey Shea, declaró que “el cierre de 2025 cristalizó una tendencia aterradora en Arabia Saudí con un aumento récord de ejecuciones por segundo año consecutivo”. Shea instó a la comunidad internacional, en particular a los gobiernos extranjeros, a ejercer presión inmediata sobre las autoridades lideradas por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán a fin de detener todas las ejecuciones. El medio HRW subrayó que la tendencia ascendente supone un motivo de alerta en el país y pone de manifiesto la consolidación de las ejecuciones como herramienta de represión.
Las cifras publicadas este martes por Human Rights Watch, y sustentadas en datos de las organizaciones Reprieve y la Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), identifican que el principal incremento provino de las condenas por delitos que no involucraron muertes, especialmente aquellos relacionados con drogas. De acuerdo con estos datos, 240 ejecuciones estuvieron vinculadas a este tipo de delitos, dentro de los cuales 188 correspondieron a personas extranjeras. El número tan elevado de extranjeros ejecutados ha suscitado nuevas preocupaciones sobre el trato judicial y las condiciones procesales a las que se enfrentan los migrantes en el sistema legal saudí.
El informe elaborado por HRW, en colaboración con Reprieve y ESOHR, señala que Arabia Saudí llevó a cabo ejecuciones de personas que habían cometido delitos siendo menores de edad, lo cual contraviene la normativa internacional. La organización recordó, según consignó el medio, que la Carta Árabe de Derechos Humanos —ratificada por el propio Estado— establece que la pena de muerte solo puede aplicarse para los crímenes “más graves” y bajo circunstancias excepcionales. Además, se recalcó la adhesión de Riad a la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe de manera categórica la pena capital para actos cometidos por menores.
Joey Shea, representante de HRW sobre Arabia Saudí, solicitó a figuras del deporte y el espectáculo, así como a personalidades internacionales, que evalúen su colaboración con proyectos o iniciativas saudíes, a la luz del aumento de las ejecuciones en 2025. El investigador enfatizó que “las celebridades, los atletas y otras personas que buscan lucrarse con el encubrimiento saudí de su historial de Derechos Humanos deberían reconsiderar su postura, basándose en el número de ejecuciones durante 2025, para determinar si justifica la financiación de esta matanza”.
De acuerdo con los datos suministrados por Human Rights Watch, el incremento sostenido de ejecuciones en Arabia Saudí destaca no solo por su magnitud total, sino por el patrón en la aplicación de la pena capital a delitos que, conforme a los estándares internacionales y a la propia normativa regional, no corresponden a crímenes letales. El medio indicó que el uso de la pena de muerte por actividades relacionadas con drogas contradice las obligaciones internacionales asumidas por el Estado saudí, especialmente en lo que respecta a la proporcionalidad y las garantías procesales.
Human Rights Watch ha insistido en la necesidad de intensificar la presión internacional ante el continuo aumento de las ejecuciones y frente a las denuncias de aplicación de la pena capital a menores y opositores pacíficos. Según reportó la organización, la preocupación está centrada en el potencial uso del sistema judicial para silenciar voces críticas y en la ausencia de garantías de un debido proceso en muchos casos. El informe resalta que el récord de ejecuciones alcanzado en 2025 representa una alerta sobre la situación de los derechos humanos y la justicia penal en Arabia Saudí, según los informes de HRW, Reprieve y ESOHR.
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