La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este martes que las autoridades saudíes ejecutaron en 2025 a 356 personas, estableciendo así un nuevo récord desde que la organización comenzó a hacer seguimiento de la pena capital en Arabia Saudí, que ya el año pasado había establecido un nuevo máximo en 345.
"El cierre de 2025 cristalizó una tendencia aterradora en Arabia Saudí con un aumento récord de ejecuciones por segundo año consecutivo", ha declarado el investigador sobre el país del Golfo pérsico para HRW Joey Shea, quien ha pedido a los gobiernos de los demás países que presionen "de inmediato a las autoridades del príncipe heredero Mohamed bin Salman para que detengan todas las ejecuciones".
Uno de los principales vectores de este nuevo aumento han sido las ejecuciones por delitos no letales relacionados con drogas, que han sumado 240, siendo 188 de ellos extranjeros, según los datos facilitados por las ONG Reprieve y la Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR) a HRW.
En este contexto, Human Rights Watch ha denunciado la ejecución de múltiples personas que habían delinquido cuando eran menores, así como la del periodista Turki al Jasser, "conocido por exponer la corrupción dentro de la familia real saudí", según ha destacado la propia entidad, que ha aludido a la preocupación por que el Gobierno saudí esté utilizando la pena de muerte para reprimir la disidencia pacífica.
De este modo, HRW ha recordado que la Carta Árabe de Derechos Humanos, ratificada por Arabia Saudí, obliga a los países que aplican la pena de muerte a aplicarla únicamente por los "delitos más graves" y en circunstancias excepcionales, mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Riad también es parte, incluye la prohibición absoluta de la pena capital para los delitos cometidos por menores.
En este marco, el investigador de Human Rights Watch en el país ha argumentado que "las celebridades, los atletas y otras personas que buscan lucrarse con el encubrimiento saudí de su historial de Derechos Humanos deberían reconsiderar su postura, basándose en el número de ejecuciones durante 2025, para determinar si justifica la financiación de esta matanza".
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