La extracción presuntamente ilegal de 2,3 gigas de información privada desde el teléfono celular de Andrés Idárraga Franco ha escalado el caso de espionaje que involucra a altos funcionarios en Colombia hasta organismos internacionales y la Fiscalía. Según reportó el medio original, el ministro de Justicia denunció que los ataques incluyeron la activación remota y sin autorización de la cámara y el micrófono del dispositivo en al menos 124 ocasiones entre agosto y noviembre de 2025, cuando ejercía como secretario de Transparencia. En total, se registraron más de 8.740 intervenciones durante ese periodo, situación que el funcionario atribuye a su labor de investigación y denuncia de casos de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el informe forense citado por el medio, la vigilancia digital se habría realizado mediante Pegasus, un software de origen israelí conocido internacionalmente por sus capacidades de espionaje y extracción de datos de dispositivos móviles. Idárraga Franco indicó a través de sus redes sociales que la orden de espiarle provino del interior del Ministerio de Defensa. Según detalló el medio, el ministro argumentó que los hechos estarían vinculados a los casos de corrupción que investigaba en el seno de las Fuerzas Armadas, entre ellos posibles acuerdos irregulares entre altos mandos y grupos armados, nexos con organizaciones criminales y desvíos de armas.
El funcionario subrayó que el espionaje no solo estuvo dirigido hacia él, sino que también afectó a miembros de su familia. “Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción”, señaló Idárraga Franco en su comunicado público, citado por el medio. El caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según consignó la fuente original, el ministro enfatizó que la democracia requiere de verdad, justicia y garantías para los denunciantes, y no de prácticas de vigilancia ilícita.
De acuerdo con las declaraciones recogidas por la prensa, el actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó de “graves” los hechos denunciados por su colega de gabinete y ordenó el inicio inmediato de una investigación interna. Sánchez informó que mantuvo una conversación directa con Idárraga Franco tras conocerse el informe forense y sus implicaciones. Según lo publicado, se trata de la primera vez que sale a la luz una acusación de este tipo desde el escándalo de intervenciones ilegales que protagonizó el disuelto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuando, durante el mandato de Álvaro Uribe, se intervinieron comunicaciones de jueces del Tribunal Supremo de Justicia.
Estas denuncias surgen en un contexto marcado por antecedentes de uso indebido de tecnologías de vigilancia en Colombia. En septiembre de 2024, Gustavo Petro, presidente del país, alertó que Pegasus habría sido contratado bajo la administración anterior, encabezada por Iván Duque, según recordó la fuente original. La mención de este software en los despachos oficiales provocó alarma entre organizaciones de derechos humanos y sectores críticos con el uso gubernamental de herramientas de espionaje.
Antes de asumir el Ministerio de Justicia en octubre de 2025, Idárraga Franco coordinaba investigaciones sobre corrupción militar que involucraban a altos cargos. Según el medio citado, las pesquisas tocaban temas como alianzas irregulares con grupos armados y el desvío de equipamiento militar, hechos de alto impacto en la agenda pública. El informe forense que documentó la magnitud de la intervención trascendió en círculos judiciales y ha amplificado la demanda de respuestas gubernamentales y garantías de protección para quienes denuncian hechos de corrupción desde cargos públicos.
El seguimiento de estas investigaciones recae ahora, según publicó la fuente, en entidades nacionales e internacionales. La Fiscalía y la CIDH deberán analizar el alcance de las eventuales responsabilidades administrativas y penales, mientras la opinión pública observa con atención un proceso que revive debates sobre la protección de derechos y el control sobre los instrumentos de vigilancia estatal.
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