El Gobierno pone coto al 'true crime', más allá de la violencia vicaria: la víctima podrá denunciar daños a su honor

El alcance de la nueva regulación sobre la explotación mediática de crímenes se extenderá a toda persona condenada con sentencia firme, según informó Europa Press. Esta medida significa que no solo quienes hayan cometido delitos de violencia vicaria quedan sujetos a estas restricciones, sino cualquier persona que utilice su delito para alcanzar notoriedad o logros económicos, o que genere un daño al honor de las víctimas sin una motivación aparente. El Gobierno, al aprobar en primera vuelta el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, habilita un instrumento legal con el que las víctimas podrán reclamar ante cualquier intento de vulnerar su dignidad en contenidos mediáticos, abarcando los denominados relatos de 'true crime'.

De acuerdo con la información suministrada por Europa Press, la iniciativa permitirá a víctimas de delitos exigir la protección de su honor cuando existan producciones o narrativas, como series televisivas u otras obras artísticas, que otorguen visibilidad o rédito a los condenados. La intervención del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, detalló que la nueva regulación no se limita a la ganancia económica: también prevé sanciones cuando el victimario obtenga cualquier tipo de notoriedad vinculada con la explotación de su delito. Bolaños explicó que, de esta manera, quedará “desvinculada la necesidad de que exista un beneficio económico para considerar ilegítima la intromisión en el derecho al honor”, ampliando así el margen de protección a las víctimas.

El medio Europa Press consignó también que, hasta ahora, la víctima debía demostrar la participación del condenado en la producción del contenido para probar su lucro o notoriedad. Con la reforma, bastará con que la acción perjudique el honor de la víctima, sin importar la motivación o el resultado económico para el autor del delito. El objetivo, en palabras del ministro, es brindar mayor cobertura a quienes han sufrido delitos frente a la creciente producción y consumo de relatos de 'true crime'.

Según fuentes del Ministerio de Justicia citadas por Europa Press, la nueva normativa se aplicará a cualquier condenado que explote mediáticamente el delito, y no únicamente a quienes incurran en casos de violencia vicaria. Sobre la legitimación para presentar denuncias por violación del derecho al honor, la misma fuente explicó que podrá ejercerla la persona designada como heredera en testamento; si no existiera dicha designación, correspondería al cónyuge o pareja de hecho, a descendientes, ascendientes o hermanos de la víctima. En ausencia de todos ellos, intervendría la Fiscalía.

La propuesta gubernamental ya contemplaba, en un anteproyecto anterior, la regulación de la publicidad de crímenes de violencia vicaria. Estas medidas, incluidas en la nueva Ley Orgánica, también incorporaron en su momento una figura penal específica que prohíbe la publicación o circulación de mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan vínculos directos con el delito. Europa Press recordó que, durante la tramitación parlamentaria de esta normativa, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mencionó el libro 'El odio', que aborda el caso de José Bretón, condenado por el asesinato de Ruth y José, hijos de Ruth Ortiz. Redondo declaró que el caso “planteaba un conflicto de derechos”, refiriéndose, por un lado, a la integridad moral de la madre y, por otro, a la libertad de creación artística. La ministra afirmó que, mediante esta reforma, se busca prevenir que surjan conflictos similares y ofrecer una solución normativa anticipada.

Europa Press narró que, aunque la editorial Anagrama tenía previsto publicar el libro en marzo de 2025, la publicación fue suspendida tras la protesta pública de Ruth Ortiz. Al principio, la editorial defendió su derecho a editar el material y un tribunal ratificó la denegación de la medida cautelar que solicitaba paralizar su difusión. Pese a ello, Anagrama terminó por rescindir el contrato con el autor en abril. Luisgé Martín, autor del libro, recuperó los derechos de la obra y manifestó que mantenía su intención de publicación, además de afirmar que “Anagrama había sentido miedo de la presión social”.

Europa Press también abordó un caso similar: la intervención de Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, quien evitó que Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato de su hijo, produjera una serie documental sobre el caso. Ramírez expuso sus quejas ante el Senado, donde habló sobre “la intención espuria” de la condenada de promover un documental o serie televisiva vinculado al suceso.

La iniciativa legislativa responde, según citas recogidas por Europa Press, a una demanda social expresada en incidentes como el caso Bretón, en los que la sociedad ya había expresado su rechazo a la explotación mediática de crímenes antes de la intervención legislativa. El Gobierno pretende ahora acompasar la ley a esas exigencias, de modo que las víctimas cuenten con mecanismos claros para resguardar su honor y reducir la visibilidad o beneficio de los condenados mediante obras mediáticas.

De acuerdo con lo relatado por Europa Press, las nuevas disposiciones consideran intromisión en el derecho al honor toda difusión en la que el victimario adquiera repercusión o ventaja directa o indirecta, ampliando las facultades de las víctimas al margen de una participación activa del condenado en la elaboración del contenido. Mientras tanto, continúa el debate sobre cómo equilibrar la libertad de expresión y la creatividad artística con el respeto al honor e integridad de las víctimas y sus familias.