Tusk ve "lógico" que el exministro de Justicia pida asilo a Orbán: "Ideó un sistema de corrupción política"

El líder polaco Donald Tusk considera esperable la solicitud de refugio realizada por Zbigniew Ziobro ante Hungría, después de que se confirmara la protección otorgada por el gobierno de Viktor Orbán al político investigado por malversación en Polonia

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Mientras las acusaciones formales de dirigir una estructura de corrupción tomaron fuerza y la Fiscalía de Polonia intensificó las investigaciones, el exministro Zbigniew Ziobro ya residía en Hungría y había establecido contacto con el primer ministro Viktor Orbán. Según informó Europa Press, el lunes se confirmó que el gobierno húngaro otorgó asilo político y protección internacional tanto a Ziobro como a otros ciudadanos polacos, lo que motivó declaraciones del actual primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

Tusk señaló mediante un mensaje en redes sociales que la solicitud de asilo político realizada por Ziobro ante el Ejecutivo de Orbán resulta "una elección lógica". El mandatario polaco remarcó que el exministro fue el artífice de un sistema de corrupción política durante su gestión. De acuerdo con Europa Press, Ziobro desempeñó el cargo de ministro de Justicia entre 2015 y 2023 bajo gobiernos de la formación ultraderechista Ley y Justicia (PiS), el principal partido opositor a Plataforma Cívica, la organización liderada por Tusk.

El abogado Bartosz Lewandowski, representante de Ziobro y del PiS, confirmó la concesión de la protección internacional en territorio húngaro. Según declaraciones consignadas por Europa Press, la defensa justificó la solicitud de asilo alegando que las autoridades polacas, a través de la Fiscalía y otros órganos bajo el actual Gobierno, han vulnerado derechos y libertades soportados por el derecho internacional. Lewandowski subrayó que su cliente se encuentra enfrentando un proceso de "represión política motivada por razones políticas".

La acusación central que pesa sobre Ziobro consiste en la sospecha de que habría establecido y dirigido una organización criminal destinada a desviar fondos públicos. Las pesquisas incluyen la indagación de 26 posibles delitos vinculados con su labor en el Ministerio de Justicia. Según detalla Europa Press, el monto total desfalcado que se atribuye a la estructura liderada, supuestamente, por Ziobro supera los 35 millones de euros e involucra la colaboración de otros funcionarios públicos.

En noviembre, la mayoría parlamentaria en Polonia respaldó que se le levantase la inmunidad a Ziobro, aunque para entonces ya se hallaba presente en Hungría y se había reunido con el primer ministro Orbán. El proceso para retirarle la protección parlamentaria fue interpretado por su defensa como un acto persecutorio por parte del nuevo gobierno, mientras que las actuales autoridades lo señalan como un paso esencial en la investigación de posibles irregularidades.

Europa Press informó que la decisión de Hungría de entregar asilo político a Ziobro y otros miembros del PiS representa un hecho que ha tensado aún más la relación entre los gobiernos de Budapest y Varsovia. La medida adoptada por el gabinete de Orbán proporciona escudo legal y protección contra eventuales solicitudes de extradición hacia Polonia, dificultando el avance de los procesos judiciales impulsados por el Ministerio Público polaco.

El contexto internacional subraya la compleja dinámica entre dos ejecutivos que han estado alineados en diversas materias políticas en la Unión Europea, pero ahora se enfrentan a una controversia que podría tener repercusiones dentro y fuera de sus fronteras. Las imputaciones contra Ziobro y la respuesta húngara han atraído la atención tanto de los sectores políticos de ambos países como de miembros de la comunidad internacional preocupados por los estándares de legalidad y cooperación transfronteriza.

La situación de Ziobro, a quien el gobierno de Viktor Orbán protege bajo el argumento de proteger sus derechos fundamentales, sigue generando debate respecto al alcance del asilo político en casos vinculados con presuntos delitos de malversación y corrupción. Según recopiló Europa Press, la investigación iniciada por la Fiscalía polaca contra el exministro y exlíder de Justicia ha suscitado posturas encontradas tanto en el Parlamento polaco como en el seno de las formaciones políticas que han gobernado el país en los últimos años.