Piden 15 años de prisión para el exministro del Interior de Yoon por la ley marcial

La acusación formal contra Lee Sang Min se consolidó en agosto de 2025, cuando el exministro del Interior fue involucrado por un delito de insurrección relacionado con los acontecimientos que rodearon la declaración de ley marcial en Corea del Sur a finales de 2024. Según informó Yonhap, la imputación planteó que Lee habría actuado con pleno conocimiento de la ilegalidad de la medida, al haber sido juez antes de ocupar su cargo en el gabinete de Yoon Suk Yeok. En este contexto, la Fiscalía surcoreana solicitó una condena de quince años de prisión ante el Tribunal de Distrito de Seúl, argumentando que el acusado participó en "el crimen de destruir la Constitución" mediante su apoyo a la medida del entonces presidente.

El fiscal especial Cho Eun Suk, responsable de investigar el caso relativo al estado de excepción decretado a finales de 2024, destacó durante la última audiencia que Lee Sang Min desempeñó un papel central en la implementación de la ley marcial. Tal como publicó Yonhap, los fiscales subrayaron ante el tribunal que Lee no sólo respaldó activamente la decisión del Ejecutivo de Yoon, sino que omitió prevenir la declaración del estado de excepción, lo que permitió el envío de fuerzas militares al Parlamento durante la etapa crítica de la crisis institucional.

De acuerdo con la información recopilada por Yonhap, la medida de ley marcial así como el despliegue de efectivos militares hacia la sede legislativa generaron una profunda crisis política que se convirtió en el detonante de la destitución del expresidente Yoon Suk Yeok. Las investigaciones llevadas a cabo tras estos sucesos establecieron la responsabilidad compartida entre el jefe de Estado y algunos miembros de su gabinete, entre ellos Lee, quien resultó imputado formalmente por cargos de insurrección. Además de la intervención militar, las autoridades de ese entonces decidieron el corte de suministros básicos, como agua y electricidad, a medios de comunicación señalados como críticos del gobierno, lo que supuso una escalada en la confrontación institucional y social.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía enfatizó que el exministro, por su experiencia previa como juez, poseía conocimiento suficiente sobre la ilegalidad inherente a la declaración de la ley marcial. A partir de las declaraciones recabadas y la documentación presentada, el fiscal Cho Eun Suk sostuvo que Lee Sang Min habría actuado con plena conciencia de las irregularidades legales del procedimiento, según consignó Yonhap. Además, el exfuncionario fue acusado de falsear información en el marco del juicio, ya que negó ante el tribunal haber recibido órdenes directas de Yoon Suk Yeok aquel día, circunstancia que las pesquisas de la Fiscalía consideran probada.

El medio Yonhap precisó que la decisión de la Fiscalía de pedir una condena elevada encuentra fundamento en la escala del daño infligido a la institucionalidad surcoreana y en el papel relevante que las autoridades judiciales atribuyen a Lee en el curso de los hechos. El Tribunal de Distrito de Seúl deberá examinar en detalle no sólo la implicación directa del exministro, sino también la evaluación de las decisiones políticas que llevaron al cese de funciones del gobierno y a una redefinición de los equilibrios de poder en Corea del Sur.

El caso continúa recibiendo atención mediática y generando repercusiones en el ámbito político nacional. Según publicó Yonhap, los procedimientos judiciales siguen en marcha mientras se suscita debate sobre los requisitos legales y éticos en la actuación de altos funcionarios y sobre las repercusiones que pueden derivarse de la quiebra masiva de los marcos constitucionales.