La República Islámica afronta la enésima oleada de protestas contra los ayatolás

La devaluación del rial ha encendido manifestaciones en varias ciudades iraníes, sumando más de 500 víctimas mortales según organizaciones civiles, en una nueva fase de tensión que desafía el poder religioso y exige cambios democráticos y sociales

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En el contexto de la actual ola de movilizaciones, organizaciones civiles reportaron un saldo de más de 500 fallecidos durante las protestas recientes en Irán, producto de la crisis derivada del desplome del rial y el aumento del costo de vida. Este episodio ha añadido nuevas víctimas a una larga lista de conflictos internos en el país, en los que la represión ha sido una constante respuesta del poder establecido desde hace más de cuatro décadas. De acuerdo con la información publicada por el medio original, la devaluación de la moneda nacional ha funcionado como detonante directo de los disturbios, movilizando a grandes sectores de la población en las principales urbes iraníes a principios de 2026.

Según consignó el citado medio, las protestas actuales se suman a un historial extenso de episodios similares, marcados por la intervención de las fuerzas de seguridad del régimen, que desde 1979 mantienen un control férreo de cualquier manifestación disidente. El nacimiento de la República Islámica, consecuencia de la revolución que desplazó al sah de Persia y su entorno prooccidental, marcó el inicio de una etapa caracterizada por la aplicación sistemática de mecanismos represivos. Este giro político, liderado por los ayatolás, replicó métodos de persecución y silenciamiento a opositores que ya habían sido practicados por la administración anterior, guiada por la monarquía.

El medio detalla que, durante los primeros años del gobierno teocrático, Irán quedó marcado por la guerra contra Irak, que dejó alrededor de 500.000 muertos en un conflicto que duró ocho años. Al cerrar ese capítulo, la atención de los gobernantes iraníes se concentró en el manejo interno, incluyendo a quienes habían sido sus aliados militares durante el conflicto, como las milicias kurdas. Un momento especialmente violento ocurrió con la ejecución masiva de entre 3.000 y 30.000 prisioneros, la mayoría miembros de agrupaciones de izquierda que habían sido clave en la revolución. Tales prácticas consolidaron un sistema en el que la represión constituyó una herramienta recurrente frente a cualquier signo de oposición.

Reportó la fuente que, a fines de la década de 1990, emergieron protestas estudiantiles en Teherán. El episodio más significativo se produjo en julio de 1999 con el asalto a los colegios mayores universitarios, donde perdieron la vida tres estudiantes y numerosos jóvenes resultaron golpeados y privados de libertad. Aunque en ese entonces la movilización fue finalmente disuelta, el impacto resultó suficiente para germinar una oposición más diversa que la de años previos; colectividades internas comenzaron a demandar la separación del poder clerical respecto al Estado, así como el reconocimiento de libertades básicas e igualdad de género.

Según informó el mismo medio, la llegada al Parlamento en 2000 de un contingente reformista bajo el mandato del presidente Mohamed Jatamí generó expectativas de cambio estructural desde el aparato institucional. Frente a ello, el poder respondió con el cierre de medios críticos, la aprobación de leyes más restrictivas y detenciones de líderes de oposición. Jugó aquí un papel central la fuerza basij, una organización de voluntarios armados y motivados ideológicamente para resguardar el sistema político iraní.

El periódico recuerda otro punto de inflexión: la elección de Mahmud Ahmadineyad en 2009, cuya victoria desató manifestaciones conocidas como el Movimiento Verde. Miles se congregaron para denunciar irregularidades en el conteo electoral, coreando preguntas como “¿Dónde está mi voto?”. En los meses posteriores, la movilización persistió, pero fue contenida mediante detenciones y represión directa, destacando la encarcelación y silenciamiento de figuras prominentes, entre ellas Mirhosein Musavi. Periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de minorías también enfrentaron procesos judiciales y largos periodos en prisión, detalló el medio.

El régimen iraní atribuyó nuevamente la agitación social a la influencia de Estados Unidos e Israel, estrategia discursiva repetida en las protestas actuales. Parte de la diáspora, compuesta por opositores escapados al exilio en Europa y Norteamérica, se inclinó por defender cambios democráticos y criticar las sanciones impuestas por Washington. De acuerdo con el medio, este sector disidente argumenta que el endurecimiento de las restricciones internacionales ha exacerbado el sufrimiento económico dentro de Irán.

En el año 2017 se produjo otra secuencia de protestas, esta vez originada en Mashhad y extendida rápidamente a otras ciudades, incluida periferia urbana previamente ajena a disturbios desde 1979. Las movilizaciones se centraron en el descontento por la inflación y la precarización de la vida cotidiana, y destacaron por la participación de trabajadores y sindicatos. Exigieron abiertamente el fin del modelo político surgido de la Revolución Islámica, mostró la fuente, y aunque oficialmente nunca se confirmaron los números, organizaciones civiles denunciaron 41 muertes y cientos de detenciones. En algunos reportes institucionales, varias muertes se atribuyeron a enfrentamientos o incidentes posteriores a liberaciones penitenciarias, legado de una transparencia limitada sobre los hechos.

El medio narró que, más recientemente, en 2022 y 2023, la muerte de Mahsa Amini impulsó el movimiento Mujer, Vida, Libertad. Esta joven kurdo-iraní de 22 años perdió la vida después de ser arrestada por las autoridades, acusada de portar el velo islámico de manera incorrecta. El fallecimiento ocurrió en custodia y, poco después, su funeral en el Kurdistán iraní se transformó en un espacio de protesta, donde numerosas mujeres se despojaron del velo y adoptaron la consigna “Mujer, vida, libertad”, posteriormente popularizada en distintos idiomas iraníes. El levantamiento promovió la igualdad de derechos para las mujeres y desencadenó numerosos actos de protesta. Las cifras informadas hablan de al menos 551 muertos y más de 22.000 detenidos durante esos meses.

Estos acontecimientos, subrayó la fuente, forman el contexto inmediato de la presente ola de protestas, donde las demandas de democracia han vuelto a tomar fuerza, acompañadas por exigencias de justicia social. Esta dinámica se remonta, según el medio, a los ideales que dieron origen a la revolución de 1979, al tiempo que las respuestas oficiales han sido el despliegue de mecanismos policiales y de inteligencia para prevenir reformas estructurales. Mientras tanto, la situación social y económica —agravada por la depreciación del rial— continúa requiriendo de la intervención de actores tanto internos como internacionales, en un estado de tensión persistente y con consecuencias directas para la vida y la estabilidad política del país.