La ausencia de información sobre las garantías adicionales que puedan haberse pactado en las negociaciones entre la Unión Europea y los países del Mercosur genera inquietud entre las organizaciones de defensa de los consumidores. Según consignó CECU en un comunicado, las diferencias en los estándares de sostenibilidad y seguridad alimentaria existentes entre ambas regiones siembran dudas sobre las potenciales repercusiones que el tratado comercial podría tener para quienes adquieren productos europeos. Esta incertidumbre condujo a que la federación exigiera explicaciones adicionales al Gobierno de España, reclamando claridad sobre los alcances reales del acuerdo.
De acuerdo con lo publicado por CECU, la actual falta de transparencia en torno al impacto concreto del tratado UE-Mercosur en los consumidores europeos motiva la demanda de información precisa sobre el contenido final del acuerdo y el modo en que se prevé resguardar los intereses y derechos de la ciudadanía. Emily Riesco, portavoz especializada en comercio de la federación, señaló que “los estándares de sostenibilidad y seguridad alimentaria son muy distintos entre Mercosur y la UE”, enfatizando que la federación desconoce si se han negociado garantías complementarias capaces de equiparar estas diferencias. Riesco manifestó que, en este escenario, persisten dudas entre los consumidores sobre los riesgos inherentes a la ausencia de transparencia, situación que podría facilitar la entrada en el mercado europeo de productos que no cumplen los mismos criterios de trazabilidad y protección que los exigidos a los productores comunitarios.
El medio CECU detalló que la organización considera que la desvinculación entre la política comercial y las políticas europeas de acción climática y sostenibilidad constituye un riesgo para el cumplimiento de los compromisos medioambientales de la Unión. Entre las amenazas señaladas destacan el posible incremento de emisiones de dióxido de carbono derivado del aumento de las importaciones agroalimentarias y ganaderas procedentes de países del Mercosur, muchas de las cuales, según la federación, se producen bajo estándares distintos a los comunitarios. La organización asocia a este incremento un potencial avance de la deforestación en esos países, situación que agrava el impacto ambiental global del acuerdo.
Además, CECU reclama al Ejecutivo español la adopción de medidas que garanticen la protección de los consumidores, no solo frente a los posibles impactos sociales y ambientales, sino también ante las implicaciones alimentarias que podría acarrear el tratado. Entre sus demandas figura la inclusión y cumplimiento eficaz de las llamadas cláusulas espejo, diseñadas para requerir a los productos importados el mismo nivel de exigencia que los aplicados a los europeos en materia de sostenibilidad, bienestar animal y trazabilidad. También insisten en la necesidad de implementar un sistema de etiquetado que informe de forma clara y verificable el origen y las condiciones en que se han producido los bienes.
Riesco, en declaraciones recogidas por CECU, insistió en que el texto definitivo, cuya aprobación está prevista para el próximo 17 de enero, no debe suponer una reducción de los estándares de calidad y seguridad alimentaria vigentes. Tampoco acepta un retroceso en los compromisos climáticos asumidos por la Unión Europea ni una merma de los derechos de los consumidores europeos en el acceso a información transparente sobre los productos que adquieren. La portavoz remarcó la importancia de que cualquier pacto comercial incorpore salvaguardas adecuadas para preservar los niveles de protección alcanzados por la legislación europea y evitar posibles perjuicios para la ciudadanía.
El comunicado de la federación concluyó reiterando la urgencia de una mayor transparencia y control público sobre los términos del acuerdo UE-Mercosur, con el objetivo de que las decisiones adoptadas respondan a criterios de protección ambiental, alimentaria y de información y permitan la participación informada de la sociedad. Según consignó CECU, la vigilancia sobre la aplicación de estos principios y el seguimiento de sus efectos concretos deben convertirse en elementos centrales de la política comercial nacional y comunitaria en el marco de este tratado.
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