Sumar pide en el Congreso revisar la norma que fija coeficientes reductores para trabajos peligrosos

El grupo plurinacional Sumar sostiene que la actual legislación impide que colectivos profesionales con trabajos penosos o peligrosos puedan mejorar en plazos razonables los coeficientes reductores aplicados a sus pensiones. Explican que la norma fija una espera de diez años hasta la revisión, lo que afecta directamente a profesiones como la de buceador profesional, que deben aguardar hasta 2035 para ver posibles mejoras en sus condiciones de jubilación anticipada. Sobre esta base, Sumar registró una proposición no de ley en el Congreso, presentada por la diputada Aina Vidal de En Comú y difundida por Europa Press, con la que reclama una revisión de varios artículos fundamentales del real decreto de 2025 referidos a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores en la Seguridad Social.

Según detalló Europa Press, la norma vigente se elaboró en 2025 a propuesta del Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Saiz. Este real decreto definió el procedimiento que marca los supuestos para solicitar una baja en la edad de jubilación en actividades catalogadas como peligrosas, estableciendo los coeficientes reductores correspondientes. Sin embargo, desde Sumar argumentan que la normativa presenta complicaciones que afectan la agilidad y equidad en la revisión y aplicación de estos coeficientes.

El espacio plurinacional destacó que los colectivos que ya cuentan con un coeficiente reductor no pueden pedir una mejora hasta pasados diez años de la entrada en vigor de la norma, lo que, según Europa Press, deja sin opciones de revisión a quienes consideren que su coeficiente resulta inferior al adecuado para el riesgo de su profesión. Sumar planteó que tal limitación resulta injustificada en casos concretos, citando a los buceadores profesionales, quienes pese a la peligrosidad de su labor están sujetos a esa restricción temporal.

Además, según recopiló Europa Press, el grupo político alertó acerca del riesgo de generar incoherencias: la falta de revisión periódica podría dar lugar a que nuevos colectivos consigan estándares más beneficiosos que los reconocidos previamente a otros trabajadores, que quedarían entonces en una situación desigual pese a desarrollar tareas con similares o mayores niveles de peligrosidad.

Sumar señaló también que el artículo 22.2 del real decreto asigna al silencio administrativo un valor negativo, es decir, en ausencia de respuesta a una solicitud colectiva sobre un coeficiente reductor, esta se considerará desestimada automáticamente. Asimismo, de acuerdo con el artículo 21 recogido por Europa Press, si la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social rechaza un expediente, dicho colectivo solo podrá volver a presentar una nueva petición para la aplicación de coeficientes reductores tras una espera de cuatro años.

Ante estos cuestionamientos, la proposición de Sumar solicita reformar los artículos 9, 21 y 22 del real decreto. En cuanto al artículo 9, el grupo parlamentario pretende que se habilite la posibilidad de revisar los coeficientes ya otorgados a un colectivo profesional cuando se presenten nuevos elementos que lo justifiquen, sin tener que posponer la revisión hasta 2035. Respecto al artículo 21, la propuesta es reducir de cuatro a un año el tiempo necesario para que un colectivo pueda plantear una nueva solicitud en caso de haber recibido una respuesta negativa.

En lo relativo al artículo 22, Sumar plantea establecer el denominado silencio administrativo positivo. De acuerdo con la proposición consultada por Europa Press, esto significaría que si no se resuelve expresamente una petición de aplicación de coeficientes reductores, la solicitud debe entenderse como admitida, no como rechazada.

El grupo plurinacional sostiene que estos cambios permitirían dotar de mayor justicia y dinamismo el sistema de reconocimiento y revisión de los coeficientes reductores en las pensiones por trabajos penosos, peligrosos o de elevada exigencia física. Según Europa Press, la proposición no de ley pretende que estos ajustes favorezcan revisiones más ágiles y un procedimiento más adecuado para los colectivos afectados, evitando agravios comparativos y bloqueos temporales para la mejora de sus condiciones.