El análisis de la condicionalidad social en la Política Agrícola Común (PAC), que supone nuevas exigencias laborales vinculadas a la recepción de ayudas comunitarias, centró parte de la conversación entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los representantes sindicales de Comisiones Obreras de Industria y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT. Según informó la agencia Europa Press, Planas abordó en este encuentro tanto la propuesta inicial de la Comisión Europea sobre la futura PAC, prevista a partir de 2028, como el impacto que tendrá en el campo español el tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Durante la reunión, que forma parte de la ronda de contactos que el ministerio desarrolla con agentes representativos del sector, Planas insistió en el rechazo de España a la propuesta actual planteada por la Comisión Europea. De acuerdo con Europa Press, el Gobierno español considera insuficiente la dotación presupuestaria asignada para el próximo periodo, al tiempo que cuestiona que no se mantenga la línea de trabajo abierta previamente con el denominado diálogo estratégico sobre agricultura. El titular de Agricultura sostuvo que la insuficiencia de recursos en el borrador de Bruselas dificultará el cumplimiento de los retos sociales, económicos y medioambientales que demanda el sector.
La condicionalidad social debatida en la reunión implica que agricultores y ganaderos beneficiarios de los fondos de la PAC deberán cumplir determinados requisitos en materia laboral, cuyo incumplimiento podría conllevar la reducción o la pérdida total de las ayudas europeas. Europa Press precisó que esta medida reúne especial preocupación para los sindicatos, que ven en ella una oportunidad para mejorar las condiciones laborales en el ámbito agroalimentario, pero también advierten sobre la necesidad de dotar al sector de recursos suficientes para su adaptación.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur constituyó otro eje de la conversación. Según reportó Europa Press, sindicatos y Gobierno compartieron inquietudes acerca de las consecuencias que el tratado podría ocasionar para los productores españoles, especialmente ante la posible competencia de sectores agroalimentarios de países sudamericanos. Tanto CCOO como UGT solicitaron estudiar minuciosamente las repercusiones del tratado para el empleo, la estabilidad del sector primario y el modo de cuidar las condiciones sociales y medioambientales en ambas regiones.
Durante el encuentro, los dirigentes sindicales trasladaron a Planas la preocupación de los trabajadores del campo español ante los desafíos que representan los cambios en la PAC y la entrada en vigor del tratado UE-Mercosur. Según indicó Europa Press, tanto Comisiones Obreras como UGT recalcaron la importancia de asegurar que las futuras políticas agrarias garanticen empleos de calidad y salarios dignos en el sector, además de proteger la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería nacionales.
Planas reiteró el compromiso del Gobierno de España en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos, así como la intención de seguir negociando en instancias europeas para lograr una PAC más justa y equilibrada. El encuentro, detalló Europa Press, se enmarca en la estrategia del Ministerio de Agricultura de mantener un diálogo constante con los principales agentes implicados, recogiendo propuestas y trasladando las principales demandas sociales y económicas que afectan al mundo rural.
El diálogo abordó también el impacto de la situación laboral en el ámbito agroalimentario, prestando especial atención a las condiciones de trabajo, los derechos de los trabajadores del campo y los retos derivados de la temporalidad y estacionalidad propias del sector. Según aportó Europa Press, los sindicatos remitieron al ministro propuestas para reforzar la inspección de trabajo, mejorar la formación de los empleados y garantizar una mayor protección social y sanitaria en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
La agenda de la reunión incluyó el seguimiento de los trabajos para actualizar la legislación nacional sobre relaciones laborales en el sector y el debate sobre el posible refuerzo de los mecanismos de vigilancia para asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria. Europa Press aseguró que Planas se comprometió a trasladar las preocupaciones al seno de la Unión Europea y a mantener nuevos foros de diálogo en el futuro próximo, conforme avancen las negociaciones sobre la PAC y el tratado con Mercosur.
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