La muerte de al menos 28 personas, entre ellas menores, como resultado del uso de la fuerza en manifestaciones recientes en Irán forma parte de un patrón sistemático que involucra armas de fuego y represión estatal. Según explicó Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional, en un comunicado recogido por el medio HRW, agentes del Estado han disparado ilegalmente, perseguido, detenido y golpeado a manifestantes en un contexto de protestas generalizadas que reclaman mejoras económicas en el país.
De acuerdo con HRW y Amnistía Internacional, ambas entidades han solicitado al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán que ordene de inmediato a las fuerzas de seguridad detener el uso indebido de la fuerza y de armas de fuego para disolver las protestas, convocadas desde hace varios días en distintas ciudades iraníes. El medio HRW detalló que estas movilizaciones responden al deterioro de la economía nacional y a la presión que enfrenta la ciudadanía por décadas de represión y restricciones.
La subdirectora para Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional, Diana Eltahawy, afirmó: "Las personas en Irán que se atreven a expresar su ira por décadas de represión y exigen un cambio fundamental, se enfrentan una vez más a un patrón mortal de fuerzas de seguridad que disparan ilegalmente, persiguen, detienen y golpean a los manifestantes en escenas que recuerdan al levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022". Eltahawy reclamó al máximo órgano de seguridad del Estado iraní que ponga fin al uso ilegal de la fuerza y libere a quienes permanecen detenidos únicamente por participar en manifestaciones pacíficas o expresar apoyo a ellas.
Michael Page, subdirector de HRW para la región, denunció ante el mismo medio "la impunidad sistemática de los miembros de las fuerzas de seguridad que cometen graves violaciones", señalando que "el uso de tales armas para reprimir las protestas sigue estando arraigado como política de Estado". HRW y Amnistía Internacional han identificado como responsables a agentes tanto del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como de la Policía iraní, quienes, según el informe, han empleado rifles, escopetas con perdigones de metal, cañones de agua, gases lacrimógenos y palizas para disolver, intimidar y castigar a manifestantes, la mayoría de los cuales se encontraba actuando de forma pacífica.
Las organizaciones internacionales manifestaron que han entrevistado a 26 personas para documentar estos hechos, incluyendo manifestantes, testigos presenciales, defensores de los Derechos Humanos, periodistas y un sanitario. Además, revisaron declaraciones oficiales y analizaron decenas de vídeos verificados, publicados en redes o recibidos directamente por las organizaciones. Los testimonios recogidos señalan coacciones a los detenidos para que admitan delitos como "provocar disturbios", una práctica que consideran vulnera los derechos fundamentales y por la que exigen la excarcelación inmediata y sin condiciones de todas las personas arrestadas por su participación en protestas o por haber manifestado su respaldo.
El medio HRW consignó que la crisis que atravesaron millones de ciudadanos iraníes debido a la drástica reducción del poder adquisitivo y la debilidad histórica del rial, la moneda nacional, ha causado un aumento en el malestar social. Al deterioro económico se suma la intensificación de las sanciones estadounidenses sobre Irán y los señalamientos repetidos desde Israel y Estados Unidos por el programa nuclear iraní. En este contexto, se han producido bombardeos como los del pasado junio, que, según HRW, causaron aproximadamente mil muertes.
Amnistía Internacional y HRW recordaron, según su comunicado difundido en redes por ambas entidades, que toda persona bajo custodia debe recibir protección ante la tortura y otros tratos degradantes. Subrayaron también que la persistencia de estos métodos represivos y el uso de violencia letal indican políticas estatales que ponen en riesgo a quienes expresan su disconformidad con la situación política y económica del país.
Finalmente, las ONG advirtieron que el número real de víctimas mortales podría ser mayor, al existir reportes no confirmados de otras organizaciones de Derechos Humanos que registran cifras más altas, y alertaron sobre la necesidad de aumentar la vigilancia internacional ante las acciones represivas de las autoridades iraníes.
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