La Comisión Anticorrupción de Malasia ha ampliado las investigaciones que vinculan al exjefe del Ejército, Muhamad Hafizudeain, con una presunta red de sobornos y lavado de dinero, extendiendo el examen a proyectos gestionados por el Ministerio de Defensa y la industria militar, según informó la agencia de noticias malasia Bernama. El organismo anticorrupción detalló que esta pesquisa ahora también incorpora la revisión de contratos públicos gestionados por el Ejército, tras identificar indicios que vinculan a Hafizudeain y a miembros de su familia con la manipulación de contratos de adquisiciones militares.
Hafizudeain fue puesto bajo custodia por un periodo de siete días a la espera de que los investigadores avancen en la recolección de pruebas relacionadas con el escándalo de corrupción que involucra también a sus dos esposas, quienes según consignó Bernama, permanecerán detenidas durante seis y tres días respectivamente. De acuerdo con la Comisión Anticorrupción, estas medidas pretenden facilitar el acceso a información relevante a través de los interrogatorios, claves en el avance del caso.
El medio Bernama indicó que la agencia anticorrupción malasia, en un comunicado, señaló que seis cuentas bancarias vinculadas a integrantes de la familia del exjefe militar, así como a un cuarto sospechoso cuya identidad no se ha revelado, fueron bloqueadas en el marco de las diligencias para rastrear el origen y movimiento de los fondos presuntamente ilícitos. Esta intervención forma parte de la campaña para recabar evidencias que permitan determinar el alcance y los beneficiarios del supuesto entramado de sobornos.
Dentro de la trama objeto de las pesquisas figuran también empresarios que, según publicó Bernama, ya habían sido arrestados bajo sospecha de manipular contrataciones públicas de materiales y servicios militares. La investigación abarca a un grupo compuesto por nueve hombres y ocho mujeres, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 60 años. Todos ellos estarían presuntamente implicados en las actividades investigadas y, de acuerdo con la Comisión, sus posibles vínculos con funcionarios públicos y cargos del Ministerio de Defensa son objeto de verificación.
La autoridad anticorrupción informó mediante declaraciones oficiales recogidas por Bernama que “estamos comprometidos a realizar investigaciones con integridad y profesionalidad”, enfatizando la transparencia de las actuaciones en curso y la disposición a ampliar el escrutinio sobre contratos y proyectos militares que presentan irregularidades.
Hafizudeain, quien asumió la jefatura del Ejército en 2023, fue suspendido de sus funciones en diciembre de 2025, una vez que el caso adquirió un perfil público y en tanto persistan las investigaciones, según reportó Bernama. El proceso contempla además la incautación de 2,4 millones de ringgit (aproximadamente 506.000 euros), suma detectada en efectivo y asociada a movimientos financieros inconsistentes con los ingresos declarados por los sospechosos.
El seguimiento de las autoridades a las cuentas bloqueadas y a los bienes incautados busca determinar si los fondos provienen de los contratos adjudicados bajo sospecha y cómo llegaron a manos de los investigados. El procedimiento adoptado por la Comisión Anticorrupción responde al objetivo de clarificar la posible participación de funcionarios de alto rango y familiares en operaciones que, según la investigación en curso, habrían buscado desviar recursos públicos destinados a la defensa nacional.
La congelación de cuentas y la detención preventiva de los principales sospechosos forman parte de la estrategia definida por la Comisión para evitar la destrucción de pruebas y garantizar el desarrollo íntegro de las actuaciones, detalla Bernama. Las nuevas líneas de investigación incluyen además la revisión de las modalidades de licitación y adjudicación en proyectos recientes, con especial atención a posibles irregularidades en la industria militar y las adquisiciones del Ejército.
Según información de Bernama, la Comisión reiteró su intención de depurar responsabilidades entre todos los colaboradores y funcionarios que pudieran haber intervenido en la concesión de contratos. El caso continúa bajo atención mediática y judicial mientras se esperan nuevos avances.
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