Xulio Ferreiro y el decano de Derecho de la UDC, entre los firmantes de un manifiesto contra el ataque a Venezuela

El manifiesto que denuncia la detención y traslado forzoso del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha reunido el respaldo de un conjunto amplio de juristas, catedráticos y expertos en derecho, que solicitan a las Naciones Unidas una reacción inmediata para proteger la legalidad internacional. El texto advierte sobre el riesgo de establecer precedentes peligrosos en el sistema internacional y pide esclarecer los hechos, evaluar sus repercusiones legales y tomar medidas que garanticen el respeto de la Carta de las Naciones Unidas. Según detalló el medio de referencia, entre los firmantes figuran figuras conocidas como el exmagistrado Baltasar Garzón, la jueza y exdelegada del Gobierno contra la violencia de género Victoria Rosell, y el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, además del decano de la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña y exalcalde de la ciudad, Xulio Ferreiro.

De acuerdo con la información publicada, el documento expresa una condena firme ante la intervención militar extranjera en Venezuela, particularmente la intervención por parte de Estados Unidos. Los firmantes exigen que la ONU analice de forma rigurosa las implicaciones judiciales de esta intervención y actúe para impedir que sucesos similares puedan repetirse en el futuro. El manifiesto argumenta que el uso de la fuerza armada contra la integridad territorial o independencia política de un Estado se encuentra explícitamente prohibido por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Esta disposición se clasifica como una norma fundamental e imperativa del derecho internacional, por lo que su incumplimiento representa una vulneración grave para el orden jurídico internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

El texto, según consignó el medio, recuerda que la prohibición del empleo de la fuerza militar admite únicamente dos excepciones claras: la legítima defensa, en línea con el artículo 51 de la misma Carta, y la intervención autorizada de forma expresa por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los especialistas que respaldan el manifiesto subrayan que, en el contexto de Venezuela, no se ha presentado información pública que acredite la existencia de un ataque armado previo ni de una amenaza inminente sobre el país. Por tanto, consideran injustificable cualquier acto de fuerza unilateral por parte de otro Estado, calificándolo como una infracción de la soberanía y una violación de la obligación de resolver controversias internacionales a través de medios pacíficos.

Según lo comunicado, otra de las preocupaciones manifestadas en el documento radica en la posibilidad de que estos hechos puedan llegar a considerarse como un "crimen de agresión", en conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Resolución 3314 aprobada por la Asamblea General y los principios consolidados del derecho penal internacional. El manifiesto destaca que los actos de agresión figuran entre las violaciones más graves del orden jurídico internacional debido a su potencial impacto en la paz, la seguridad y los derechos esenciales de los pueblos. Los firmantes insisten en que la detención del presidente Maduro por fuerzas extranjeras choca frontalmente con el principio de inmunidad personal del jefe de Estado en ejercicio, reconocida en el derecho internacional consuetudinario.

Según reportó el medio, el documento formula una invitación dirigida de manera particular a los estados integrantes de la comunidad internacional y a los órganos competentes de la ONU, para que se encarguen de esclarecer de modo exhaustivo la secuencia de hechos, valoren sus implicaciones legales y adopten todas las medidas precisas a fin de salvaguardar la Carta de las Naciones Unidas y prevenir la consolidación de precedentes que puedan erosionar el marco normativo vigente a escala mundial.

Entre quienes suscriben el manifiesto aparecen también magistrados en ejercicio como Gonzalo Alcoba, Celima Gallego, Esther González y Amaya Olivas; magistrados jubilados del ámbito español, incluidos Juan Romero Laguna, Juan Pedro Yllanes, Enrique Medina, Joan Agustí Maragall, Paloma Marín y Ascensión Solé, así como numerosos catedráticos universitarios de distintas disciplinas jurídicas, funcionarios de la administración y especialistas en derecho internacional público y derechos humanos. Según indicó el medio, este respaldo refleja una preocupación generalizada en el sector académico y judicial por el respeto a la legalidad y la paz internacional.

Además, el texto hace hincapié en la importancia de que cualquier controversia o potencial conflicto internacional se resuelva utilizando los mecanismos pacíficos previstos en los tratados internacionales, sin optar por soluciones basadas en la fuerza militar. El manifiesto destaca que la intervención extranjera, bajo las circunstancias detalladas, representaría no solo un acto ilícito por parte de los estados participantes, sino también un potencial peligro para el orden global y los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente.

De este modo, tal como publicó el medio referido, los firmantes reiteran su llamamiento a la ONU para que ejerza su papel como garante de la legalidad internacional en el asunto venezolano, y demandan una acción decidida que evite la repetición de situaciones similares en otros países. El respaldo de figuras de renombre del ámbito jurídico, junto con académicos de prestigio y especialistas en áreas de derechos humanos, otorga al manifiesto una relevancia destacada en el actual panorama internacional.