La Casa Blanca defiende que el asalto al Capitolio, del que se cumplen cinco años, fue una invención demócrata

Vídeos registrados durante el 6 de enero muestran a agentes de la Policía del Capitolio quitando barricadas, abriendo puertas y realizando señales a participantes para que accedieran al edificio, acciones que, según argumenta la administración Trump, contribuyeron a que una manifestación se transformara en un episodio caótico. Este nuevo enfoque se destaca en una página web lanzada por la Casa Blanca al cumplirse cinco años de los disturbios en Washington, en la que el gobierno atribuye la escalada de violencia a los procedimientos policiales y niega que existiera un propósito de insurrección.

Tal como ha publicado el medio, la administración de Donald Trump volvió a asegurar esta semana que el asalto al Capitolio el 6 de enero fue una construcción política del Partido Demócrata. Este discurso oficial coincide con el lanzamiento de un recurso web donde la presidencia sostiene que la narrativa de insurrección ha servido para criminalizar a seguidores de Trump y deslegitimar protestas que, según la Casa Blanca, se desarrollaron de manera pacífica y patriótica.

De acuerdo con lo consignado por la Casa Blanca y reproducido por el medio, en el portal se asegura que "los demócratas revirtieron magistralmente la realidad después del 6 de enero, tildando a los manifestantes patrióticos pacíficos de 'insurrectos' y enmarcando el evento como un intento de golpe de Estado violento orquestado por Trump, a pesar de que no había evidencia de rebelión armada o intención de derrocar al Gobierno". Esta versión sigue la línea de las declaraciones previas del expresidente, quien ha insistido en calificar lo ocurrido como una “marcha pacífica”.

El sitio oficial creado con motivo del aniversario también responsabiliza a la Policía del Capitolio por el empleo de gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y munición de goma, afirmando que estas acciones provocaron heridas a varios asistentes y aumentaron la tensión en la zona. Según reportó la web presidencial, el uso de una fuerza calificada como agresiva contra manifestantes generó un ambiente que terminó en enfrentamientos y desorden, atribuyéndole a la respuesta policial parte de la responsabilidad en el caos que siguió a la manifestación.

Detalló el medio que la versión recogida por la Casa Blanca apunta a supuestos comportamientos contradictorios de los agentes de seguridad, quienes al tiempo que permitían el acceso de asistentes al edificio legislativo, empleaban medidas de control violentas contra otros grupos. En este sentido, la administración Trump sostiene que “estas tácticas incoherentes y provocadoras convirtieron una manifestación pacífica en un caos”.

Tras asumir su segundo mandato en enero de 2025, Donald Trump utilizó sus facultades presidenciales para indultar a cerca de 1.270 personas que habían sido condenadas por cargos relacionados con el asalto al Capitolio. Además, instruyó al Departamento de Justicia a desestimar aproximadamente 300 causas penales pendientes por estos hechos y solicitó la liberación de otros 14 implicados en procesos por sedición considerados de mayor gravedad. Según informó el medio, estas decisiones marcan una orientación clara en la política judicial respecto a los eventos de enero de 2021 bajo el actual gobierno.

El medio recordó que, durante los disturbios que se produjeron hace cinco años, cerca de 2.000 personas irrumpieron en las instalaciones del Capitolio con el objetivo de impedir que el Congreso confirmara la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales celebradas en noviembre de 2020. El entonces presidente Donald Trump animó públicamente a sus partidarios a marchar hacia la sede legislativa y a “luchar con todas sus fuerzas” contra lo que describió repetidamente como unos comicios fraudulentos.

La administración Trump insiste en que toda la construcción narrativa respecto a un supuesto golpe de Estado carece de fundamento y responde a intereses políticos para desprestigiar a sus seguidores. La Casa Blanca sostiene que no existieron armas, ni una intención real de derrocar al gobierno, y considera que la respuesta policial resultó desproporcionada en relación con el carácter pacífico atribuido por el gobierno a los manifestantes presentes ese día.

Diversas posturas en el Congreso han insistido en matizar o contradecir la versión oficial publicada recientemente, centrándose tanto en los actos de violencia documentados durante el 6 de enero de 2021, como en las consecuencias legales y políticas de los indultos y la instrucción de desestimar centenares de casos. El debate sobre los sucesos y sus interpretaciones sigue marcando la agenda política estadounidense, especialmente en torno al tratamiento judicial recibido por los participantes y el significado institucional de los hechos para el sistema democrático del país.

El medio recordó que durante los acontecimientos el propio Trump, desde la Casa Blanca, reiteró a través de distintos canales su denuncia de fraude electoral, lo que suscitó movilizaciones masivas en apoyo a su postura. Mientras tanto, el oficialismo actual sostiene que la protesta buscó expresar desacuerdo con los resultados de los comicios y que la calificación de “insurrección” ha sido utilizada por los demócratas para perseguir penalmente a los simpatizantes del expresidente y restar legitimidad a su movimiento.

Según las declaraciones vertidas en la página creada por la actual administración, la presentación de los hechos por parte de la oposición tergiversa lo sucedido el 6 de enero, y la Casa Blanca mantiene su posición en defensa de quienes participaron esa jornada, reivindicando la marcha original como legítima y no violenta, en contraste con los procesamientos y acusaciones promovidas durante el precedente ciclo presidencial.