El Gobierno de Guinea avanza vías de negociación para "poner fin" al caso con los dos andaluces encarcelados

La empresa responsable del proyecto de Televisión Digital Terrestre (TDT) en Guinea Ecuatorial notificó a la Fiscalía de ese país su intención de alcanzar un acuerdo para restituir los fondos desviados, mediante un compromiso de pago al Tesoro Público. Esta comunicación abre la posibilidad de seguir avanzando hacia el objetivo de llevar la TDT a Guinea Ecuatorial y se perfila como un posible camino de salida para el proceso judicial que involucra a Javier Marañón y David Rodríguez, quienes permanecen encarcelados desde cuando comenzó el año 2025. Según informó Europa Press, ambos ciudadanos españoles enfrentan acusaciones de corrupción relacionadas con la adjudicación e implementación del proyecto.

La negociación que podría modificar el curso del procedimiento judicial involucra tanto a los abogados de la empresa adjudicataria como a la Fiscalía del Estado, con la intención de “explorar una vía de negociación que permita poner fin al contencioso judicial en curso, en el que están implicados varios ciudadanos españoles y nacionales”, informó en redes sociales el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, según consignó Europa Press. La propuesta supone una posible restitución de los fondos que, según la acusación, fueron desviados indebidamente.

Europa Press detalló que la empresa recibió más de 10.600 millones de francos CFA tras adjudicarse la primera fase del proyecto, que comprendía la implementación de 12 centros de emisión. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades, este objetivo no se cumplió. Además, la investigación refiere la existencia de conductas irregulares en materia fiscal, la comisión de actos de corrupción y sobornos, hechos de los que tanto Marañón como Rodríguez se han desvinculado.

Las familias de los detenidos manifestaron a Europa Press que la situación de sus allegados ha presentado mejoras recientes, ya que han podido visitarlos y comunicarse telefónicamente tras meses de incomunicación. Pese a ello, insisten en que las gestiones para lograr la libertad de Marañón y Rodríguez podrían haberse realizado con mayor rapidez, expresando su deseo de que esto hubiera sucedido antes de Navidad. Además, expresaron su confianza en que se alcance un acuerdo en el corto plazo como consecuencia de las negociaciones reportadas.

En lo relativo al trabajo realizado por las autoridades españolas, los familiares expresaron a Europa Press su descontento con el Ministerio de Asuntos Exteriores por considerar insuficiente su actuación. Al mismo tiempo, valoraron positivamente el esfuerzo llevado a cabo por la Embajada en Guinea Ecuatorial, que solicitó reuniones y reclamó a las autoridades del país africano la autorización de visitas de los abogados. Las familias destacaron la “poca efectividad” percibida en la actuación del Ministerio, a pesar del interés declarado para solucionar la situación.

En octubre, la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López, informó tras reunirse con la familia de Javier Marañón y con la alcaldesa de su municipio natal, María Victoria Paterna, que tanto la Embajada como el Ministerio de Asuntos Exteriores trabajan para lograr el regreso de Marañón y Rodríguez a España en el menor tiempo posible, según reportó Europa Press. Previamente, el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo aprobó una declaración institucional de apoyo a los dos ciudadanos y exigió la intervención directa del Gobierno central, solicitando una mayor celeridad en las actuaciones diplomáticas dirigidas a conseguir su liberación.

Las familias promovieron una iniciativa de recogida de firmas, publicada en la plataforma digital Change.org, solicitando la intervención directa del Ejecutivo español ante el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, con el objetivo de lograr la excarcelación de Javier y David. Según reportó Europa Press, el número de firmas superó las 45.000.

Javier Marañón llevó a cabo una huelga que finalmente abandonó tras perder 20 kilogramos de peso. Esta protesta buscaba llamar la atención sobre las condiciones de su encarcelamiento. Diferentes instituciones y colectivos expresaron su apoyo a los detenidos: el Parlamento Europeo aprobó en octubre una resolución urgente exigiendo la liberación de ambos españoles; en la Diputación de Córdoba se leyó una declaración institucional de apoyo; y antiguos compañeros de David Rodríguez en la televisión municipal de Granada, donde ocupó el cargo de jefe técnico, realizaron concentraciones públicas para reivindicar su caso.

Estos desarrollos inscriben el caso en un contexto de acciones diplomáticas, presión institucional y movilización ciudadana, mientras el proceso judicial permanece abierto y las negociaciones iniciadas presentan una oportunidad para alcanzar una solución, como detalló recientemente Europa Press.