El PP anuncia la creación de una comisión de investigación en el Senado para saber si la SEPI "pagó favores" a Maduro

La reciente convocatoria de un pleno extraordinario en el Senado destaca la citación de María Jesús Montero, vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y máxima responsable política de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), junto con Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. Ambas funcionarias deberán dar explicaciones en la Cámara Alta, según publicó el medio, debido a la investigación abierta sobre una “trama de hidrocarburos” que podría haber favorecido al gobierno venezolano de Nicolás Maduro a través de rescates empresariales, como el que habría beneficiado a la aerolínea Plus Ultra.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa ofrecida por Alicia García, portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, quien detalló la creación de una comisión de investigación orientada a esclarecer si la SEPI “pagó favores” al Gobierno de Maduro mediante operaciones de rescate empresarial. De acuerdo con la portavoz, el Ejecutivo central y la SEPI enfrentan sospechas por presuntas irregularidades vinculadas a contrataciones públicas, foco de una investigación en curso de la Audiencia Nacional. El medio informó que el pleno extraordinario está previsto para el 15 de enero, fecha en la que ambas vicepresidentas deberán responder ante los senadores acerca de las gestiones de sus departamentos y sus posibles vínculos con las investigaciones en marcha.

La decisión de activar estos mecanismos de control parlamentario se produce tras las detenciones ocurridas en diciembre de 2025, cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrestó a la exmilitante socialista Leire Díez, al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso. Según informó el medio, estas detenciones se enmarcan en una investigación que desarrolla la Audiencia Nacional sobre supuestas irregularidades en procesos de rescate empresarial y adjudicación de contratos públicos. Dos días después de estos arrestos, agentes de la Guardia Civil acudieron a las sedes de Correos, así como a los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, con el objetivo de recabar documentación solicitada por el órgano judicial encargado de la causa.

Tal como consignó el medio, el interés del PP por esclarecer los hechos ha llevado al partido a solicitar explicaciones directas a los altos cargos cuyas áreas aparecen vinculadas a la investigación, bajo la premisa de que podrían haberse producido prácticas irregulares en el manejo de fondos públicos y en la relación con empresas estratégicas. La portavoz popular recalcó que el foco principal estará en la actividad de la SEPI, especialmente en lo relativo al rescate de la aerolínea Plus Ultra y en la posible existencia de un “pago de favores” hacia el Ejecutivo venezolano.

Este contexto político y judicial se intensificó aún más tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por autoridades estadounidenses, hecho que, según reportó el medio, tuvo lugar dos días antes de la comparecencia de Alicia García. La detención de Maduro responde a cargos relacionados con el narcotráfico y el llamado “narcoterrorismo”, situación que refuerza la atención mediática y política en torno a las relaciones entre entidades públicas españolas y el gobierno sudamericano.

De acuerdo con el medio, la investigación que desarrolla la Audiencia Nacional profundiza en posibles irregularidades en torno a contratos públicos adjudicados a compañías vinculadas con Venezuela, en cuyo trasfondo se analiza el papel desempeñado por la SEPI y la supervisión ejercida desde los ministerios ahora señalados. La comisión de investigación creada en el Senado buscará recopilar y analizar toda la información disponible al respecto, en paralelo al trabajo de la Justicia, para determinar si existieron beneficios indebidos o tratos de favor en la concesión de ayudas y contratos.

El proceso incluye la revisión de dossiers y documentación que la Guardia Civil ha solicitado en las recientes actuaciones en dependencias estatales y empresas públicas. Según detalló el medio, la recopilación de pruebas por parte de los investigadores pretende esclarecer las circunstancias y responsabilidades en la gestión de los rescates empresariales.

En este sentido, el PP ha manifestado que la finalidad de la comisión instalada en el Senado apunta a depurar posibles responsabilidades políticas y a avanzar en la transparencia de las actuaciones públicas en relación con operaciones empresariales estratégicas. La comparecencia de las vicepresidentas y responsables ministeriales formará parte del proceso de esclarecimiento exigido por el partido en la Cámara Alta.

El medio explicó que la atención sobre el proceder de la SEPI y de los responsables ministeriales se ha intensificado desde que se conocieron las primeras detenciones y diligencias practicadas por la Guardia Civil, así como por el interés de la Audiencia Nacional en la investigación del presunto entramado relacionado con los hidrocarburos y las supuestas relaciones con los intereses del gobierno venezolano.

La comisión de investigación puesta en marcha por el PP contará con facultades para requerir comparecencias, solicitar documentos y analizar los procedimientos administrativos asociados a los rescates empresariales en cuestión. Según recogió el medio, el impulso político a la investigación pretende esclarecer la naturaleza de los lazos entre funcionarios españoles y actores económicos y políticos venezolanos.

La citación de altos cargos gubernamentales en el pleno extraordinario del Senado marca una etapa destacada en la investigación parlamentaria de las actuaciones de la SEPI, al situar en el centro del debate la transparencia en las relaciones entre administraciones centrales y empresas con vínculos internacionales.