El líder talibán prohíbe por decreto las acusaciones y críticas públicas a autoridades

El decreto emitido por Hibatulá Ajundzada establece que nadie podrá quedar en libertad sin una orden judicial, un cambio que revoca la anterior práctica en la que la policía o los fiscales podían liberar a un detenido si no encontraban pruebas suficientes para presentar cargos. De acuerdo con el medio Amu TV, esta nueva normativa supone una prolongación del periodo máximo de detención de una persona sospechosa, que pasa de 72 horas a diez días, sin que medie presentación formal de cargos durante ese lapso.

Según reportó Amu TV, el líder supremo talibán fundamentó su decisión en las enseñanzas y la tradición islámica recogida en la sharia, para argumentar la prohibición de acusaciones y críticas públicas hacia funcionarios del gobierno talibán. El decreto alcanza a la población general, miembros del propio movimiento talibán y trabajadores de los medios de comunicación, quienes tampoco podrán expresar ninguna acusación infundada ni crítica de forma pública, por ningún medio. Quienes incumplan esta prohibición enfrentarán sanciones, según la advertencia realizada por Ajundzada y recogida por la cadena.

El medio Amu TV detalló que ambos decretos firmados por Ajundzada buscan regular tanto la conducta pública como la gestión del sistema de detenciones en Afganistán. El primero de los decretos prohíbe expresamente toda denuncia no respaldada y cualquier manifestación pública que cuestione o critique el actuar de las autoridades del régimen. Además, refuerza la justificación religiosa al citar la ley islámica como base incuestionable para la implantación de esta disposición, estableciendo medidas punitivas para quienes infrinjan la norma.

En correspondencia con la emisión de esta normativa, los talibán remarcaron que todo castigo físico solo puede ser ordenado por un tribunal islámico, quedando completamente vedadas las torturas o maltratos contra detenidos durante el periodo de detención. El decreto, publicado en la página web del Ministerio de Justicia talibán, subraya que debe evitarse cualquier forma de tortura durante la detención, enfatizando que la potestad de imponer castigos reside únicamente en las instancias judiciales islámicas. Hasta antes del decreto, los procedimientos policiales y fiscales permitían mayor flexibilidad, ya que la policía podía decidir la liberación de sospechosos cuando no se hallaban indicios suficientes y los fiscales podían ordenar excarcelaciones bajo su criterio. Ahora, la decisión final queda en manos de los tribunales.

Desde su retorno al poder en agosto de 2021 tras la toma de Kabul durante la ofensiva militar, el grupo talibán ha instaurado la sharia o ley islámica como marco jurídico nacional. Según Amu TV, las nuevas disposiciones refuerzan ese marco y amplían el control estatal sobre la vida pública y jurídica en Afganistán. A la par, organizaciones de Derechos Humanos han manifestado críticas constantes respecto al alcance de estas normas y, especialmente, sobre las restricciones que se han impuesto en materia de educación y libertades. Entre estas restricciones, subrayan la prohibición para las mujeres de acceder a la educación secundaria y superior, medida instaurada desde la reinstalación del régimen talibán y denunciada en reiteradas ocasiones por entidades internacionales.

Tal como resaltó Amu TV, la aplicación de la normativa será exhaustiva en todos los niveles: a la ciudadanía en general, funcionarios talibán, miembros del aparato de seguridad y periodistas o medios de comunicación. Esta medida apunta a eliminar cualquier manifestación pública de disenso o crítica hacia los funcionarios, aludiendo como único fundamento legítimo la interpretación de la ley islámica sostenida por el liderazgo talibán.

Por otra parte, en lo que respecta a la situación de los detenidos, la extensión del tiempo máximo en prisión preventiva sin cargos amplía significativamente el periodo en el que los sospechosos pueden permanecer bajo custodia. La remoción de las facultades de excarcelación a la policía y los fiscales centraliza esas decisiones exclusivamente en el ámbito judicial, condicionado por los principios de la sharia.

Diversas organizaciones internacionales, según informó Amu TV, observan con preocupación el aumento de restricciones tanto a nivel social como legal y han señalado que tales decretos contribuyen al endurecimiento de las condiciones de vida, especialmente para opositores o cualquier persona que trate de cuestionar el gobierno. El control sobre la libertad de expresión, en particular sobre los medios de comunicación y la sociedad civil, se consolida como uno de los ejes centrales de la política de control del régimen tras la toma de la capital afgana. Estas disposiciones se suman a una larga lista de medidas impuestas tras la instauración del nuevo gobierno talibán, que son objeto de denuncia y reclamo por parte de la comunidad internacional y representantes de los Derechos Humanos.