El decreto de conmoción ordena detener a cualquier venezolano que apoye el ataque de EEUU

El decreto firmado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez concede al Ejecutivo la facultad de suspender el derecho de reunión y manifestación, requisar bienes considerados necesarios para la defensa y regular de manera excepcional el tránsito de personas o vehículos dentro del país. Según informó el medio original, este instrumento legal también permite a la mandataria ordenar el cierre de fronteras y la restricción del acceso al territorio nacional como parte de la respuesta al ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero, en el que fue capturado el presidente Nicolás Maduro.

El texto del decreto, fechado el 3 de enero y divulgado este lunes, declara el estado de conmoción exterior y establece una orden de búsqueda y captura de manera inmediata en todo el país contra cualquier ciudadano involucrado en la promoción o apoyo al ataque armado de Estados Unidos contra Venezuela. El mismo documento precisa que las autoridades policiales a nivel nacional, estatal y municipal deberán encargarse de implementar esta medida de aprehensión sin demoras en todas las regiones del territorio venezolano. De acuerdo con lo publicado, los individuos detenidos bajo este precepto pasarán a disposición del Ministerio Público y del sistema de justicia penal para ser juzgados, con garantía de respeto al debido proceso y al derecho a la defensa.

Según reportó la fuente, la vigencia del estado de conmoción se ha fijado inicialmente en 90 días, con posibilidad de prórroga por un período adicional equivalente si así lo requiere la situación. Además, el decreto contempla un refuerzo de la vigilancia en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, y la aplicación de medidas de militarización en infraestructuras estratégicas como los servicios públicos, la industria petrolera y otras áreas básicas estatales.

El medio detalló que el decreto otorga a la presidenta encargada poderes excepcionales durante el tiempo de vigencia de la medida. Entre las facultades otorgadas se incluye la potestad de dictar regulaciones temporales y excepcionales necesarias para rechazar acciones hostiles externas, restablecer el orden interno y salvaguardar los derechos de la población. También se le reconoce la capacidad de adoptar cualquier otra resolución que se considere imprescindible para resguardar al pueblo venezolano, proteger la integridad del territorio y la soberanía nacional.

En cuanto al procedimiento legislativo, el documento indica que el decreto deberá presentarse ante la Asamblea Nacional para su evaluación y eventual aprobación en un plazo máximo de ocho días desde su emisión. De acuerdo con lo consignado por el medio, los protocolos para los detenidos contemplan la observancia de las garantías procesales básicas y la supervisión por parte de la administración de justicia venezolana.

La disposición incluye un llamado explícito a los cuerpos de seguridad para que se implementen medidas enérgicas destinadas a contener toda actividad vinculada al apoyo de la incursión militar extranjera y garantizar la protección de los sectores estratégicos ante posibles amenazas externas, según especificó la información divulgada.

La publicación original enfatiza que el alcance de los poderes extraordinarios engloba la adopción de restricciones al libre tránsito, la suspensión de ciertas libertades fundamentales y otras acciones que la Presidencia considere pertinentes para responder al contexto de emergencia generado tras los hechos del 3 de enero.