La agenda legislativa de las CCAA en 2025: vivienda, rebajas fiscales y regulación de la IA

Las regulaciones vinculadas con la Inteligencia Artificial, la vivienda y la adaptación normativa ante fenómenos naturales aparecen este 2025 como puntos destacados dentro de la amplia transformación legislativa que acometen los parlamentos regionales en España. Según publicó Europa Press, las comunidades autónomas despliegan una intensa agenda de cambios legales que abarca desde modificaciones en el acceso residencial, incentivos fiscales, actualización en normativas agrícolas y tecnológicas, hasta la reforma de marcos institucionales.

De acuerdo con la información recopilada por Europa Press, Andalucía instituyó una nueva Ley de Vivienda que introduce áreas prioritarias, identificando zonas con mayores barreras para el acceso habitacional. Este marco legal facilita la canalización de ayudas destinadas al alquiler hacia dichos sectores. En paralelo, el Ejecutivo andaluz activó mecanismos normativos para acelerar el apoyo a municipios impactados por catástrofes públicas.

Aragón, según el medio citado, revisó su legislación sobre vivienda para actualizar los precios máximos de viviendas protegidas y fijó como meta que el pago del alquiler no exceda el 30% del ingreso familiar. Además, reforzó la prohibición de destinar viviendas protegidas para el turismo y reformuló la ley que respalda y moderniza la agricultura familiar, con especial enfoque en atraer a las nuevas generaciones ante la reducción del número de profesionales agrícolas y ganaderos.

El Parlamento asturiano promueve una ley que, al llegar a la fase final de tramitación, caracteriza la vivienda como un derecho subjetivo y la vincula al bienestar, a la vez que plantea la consolidación de un parque público inalienable de residencias. Además, Asturias promulgó una nueva Ley de Ciencia donde establece el Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación y constituye un cuerpo superior de investigación propio, con tareas equivalentes al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Baleares adoptó una legislación sobre proyectos residenciales estratégicos que habilita la edificación en suelo rústico, aún sin servicios previos, dentro de municipios de más de 20.000 habitantes, aunque persiste el análisis del Tribunal Constitucional. Simultáneamente, un decreto otorga a los inspectores potestad para clausurar preventivamente viviendas operadas sin licencias.

Canarias protagonizó el lanzamiento de una pionera Ley de volcanes, acompañada por la regulación de la oferta de viviendas turísticas a través de una normativa de ordenación sostenible, detalló Europa Press.

Cantabria avanzó en la simplificación administrativa mediante la definición de medidas para minimizar la burocracia y reducir la complejidad en trámites públicos. Su nueva Ley de Participación Ciudadana pretende ampliar la implicación directa de la población local en la toma de decisiones gubernamentales.

En Castilla-La Mancha, la reforma de su Estatuto de Autonomía marca el primer gran cambio en más de cuatro décadas para el texto fundacional. El acuerdo entre PSOE y PP permitió establecer que el número de diputados oscile entre 25 y 55. Este territorio también introdujo la Ley de Acompañamiento de Presupuestos, fijó un consejo social para la universidad pública y determinó la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias.

Castilla y León promulgó un decreto de policía sanitaria mortuoria para facilitar la expansión y mejora de cementerios en municipios pequeños, respetando la diversidad religiosa. Según Europa Press, esta comunidad abordó también la reducción de tasas veterinarias y bonificaciones en licencias de caza y pesca, fortaleciendo su marco fiscal autonómico.

En Cataluña, el Ejecutivo puso en vigor un decreto orientado a controlar el precio de los alquileres. La medida incluye la posibilidad de aplicar sanciones de hasta 900.000 euros a los propietarios que superen los valores máximos permitidos y exige un registro especial para grandes tenedores de inmuebles. Cataluña dispuso además un nuevo Estatuto de Municipios Rurales que incrementa la capacidad de gestión y dota de más recursos a las poblaciones pequeñas.

La Comunidad de Madrid reforzó su modelo de Formación Profesional Dual mediante la aprobación de un decreto que incorpora módulos transversales de digitalización en la oferta educativa. La administración regional estableció también un decreto enfocado en mejorar los cuidados domésticos para personas dependientes, informó Europa Press.

Navarra modificó la regulación sobre vivienda intentando responder a lo que identifica como una situación de “emergencia nacional” en el acceso a residencias, y promulgó un nuevo impuesto al sector financiero, previendo una recaudación anual cercana a 20 millones de euros.

En la Comunitat Valenciana, la recuperación tras la dana ocurrida el 29 de octubre de 2024 fue el punto central de la actividad legislativa, con cinco de las dieciocho nuevas leyes o decretos vinculados directamente al proceso de reconstrucción urbana, económica, de transportes, Seguridad Social y protección de los colectivos vulnerables. Además, se articularon planes específicos para L’Albufera y l’Horta de Valencia.

Extremadura continuó desarrollando iniciativas de memoria histórica con la puesta en marcha de la Ley de concordia, abordando también ayudas agrarias ante desastres naturales, lo que propició tensiones con la administración central.

Galicia se convirtió en la primera región española en instaurar un marco regulatorio específico para el uso administrativo y empresarial de la Inteligencia Artificial, al establecer criterios no solo para regular su introducción en los servicios públicos, sino para promover e incentivar el uso de sistemas basados en IA dentro del tejido empresarial. La comunidad autónoma también ajustó la legislación sobre la función directiva en el canal público de televisión, modificando la mayoría necesaria para la designación de su director general.

La Rioja dotó a la región de un nuevo marco jurídico sobre la gestión y protección del paisaje, a la vez que implementó medidas fiscales orientadas a las áreas rurales mediante deducciones en el IRPF, buscando incentivar la residencia en pequeñas localidades.

En el País Vasco, las modificaciones a la Ley de Tasas introdujeron el cobro de servicios de rescate relacionados con actividades de riesgo. También se aprobó una normativa que altera el porcentaje de reserva de vivienda protegida, reduciéndolo del 75% al 60%, posibilitando una mayor flexibilidad en la gestión del parque residencial.

Por último, la Región de Murcia sancionó medidas de apoyo destinadas a personas mayores y aquellas con discapacidad, mediante el incremento de los recursos en plazas y servicios concertados de atención temprana. Murcia realizó también una reforma sobre la participación institucional de los sindicatos y organizaciones empresariales, detalló Europa Press.

La revisión de la actividad parlamentaria autonómica revela un panorama de reformas que abordan desde las urgencias habitacionales, los desafíos tecnológicos y científicos, la actualización fiscal, proyectos de modernización rural y agrícola, hasta la gestión de crisis naturales, con una variedad de enfoques y herramientas normativas según las características y prioridades de cada territorio regional.