Durante la más reciente sesión del Consejo de Ministros en Polonia, Katerzyna Kotula, secretaria de Estado para la oficina del primer ministro, resaltó que el nuevo proyecto de ley busca mejorar la seguridad y la protección legal de personas en uniones homosexuales y heterosexuales que no han formalizado su vínculo legalmente. Esta declaración, recogida por la agencia de noticias PAP y citada por medios internacionales, se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitiera una sentencia que obliga a todos los Estados miembros a reconocer matrimonios homosexuales celebrados en cualquier otro país de la Unión, independientemente de la situación legal interna de cada nación. Según reportó el medio, el gobierno del primer ministro Donald Tusk aprobó este martes un anteproyecto destinado a ampliar los derechos de las parejas en uniones civiles, incluidos los derechos para parejas del mismo sexo.
De acuerdo con la información publicada, este proyecto busca equiparar derechos que actualmente son exclusivos de los matrimonios en Polonia, permitiendo así, por ejemplo, la exención de impuestos sobre sucesiones y donaciones para miembros de la pareja, el acceso compartido a registros e informaciones médicas, la posibilidad de obtener seguros de salud conjuntos, una regulación actualizada sobre la propiedad común, así como el acceso a pensiones. Los derechos propuestos responderían a carencias detectadas por el TJUE, que determinó que la legislación polaca vulneraba la protección de la vida privada y familiar definida en la Convención Europea de Derechos Humanos debido a la ausencia de un marco normativo específico para las uniones homosexuales.
El medio también detalló que la iniciativa llega tras un fallo judicial relevante en el ámbito europeo. Según consignó la agencia PAP, tras la negativa del Estado polaco a registrar el estatus de diez parejas del mismo sexo, estos demandantes llevaron el caso ante el TJUE. El tribunal europeo concluyó que la negativa iba en contra de las obligaciones adquiridas por Polonia en los tratados internacionales, sobre todo en lo relativo al respeto a la vida privada y familiar y a la no discriminación por orientación sexual.
La propuesta del ejecutivo encabezado por Donald Tusk se prevé para debate parlamentario en el mes de enero, aunque en el horizonte asoma un potencial veto presidencial. El presidente polaco, Karol Nawrocki, cuyo perfil se vincula al partido de oposición Ley y Justicia (PiS), ha manifestado en diferentes ocasiones su adhesión a una visión restrictiva respecto a la definición del matrimonio y la familia según el Código de Familia polaco, que únicamente reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer y refuerza su estatus con disposiciones constitucionales.
El medio reportó que el fallo del TJUE matizó que la obligación de reconocimiento entre Estados miembro no implica forzar la adopción del matrimonio igualitario en los marcos jurídicos de los países. Polonia, en este sentido, mantiene su postura legislativa y constitucional de exclusividad del matrimonio heterosexual, mientras se enfrenta a la presión de adaptar su legislación para cumplir con los estándares mínimos de protección de la Unión Europea para parejas del mismo sexo establecidas en otros Estados miembros.
Esta situación ha alimentado las tensiones políticas acerca de los posibles alcances y limitaciones del proyecto de ley. Según indicó la agencia PAP, líderes del gobierno actual consideran prioritario dar respuesta a la demanda social y a los compromisos internacionales contraídos tras la sentencia del TJUE. Sin embargo, los sectores más conservadores, respaldados por el presidente Nawrocki y por el partido Ley y Justicia, expresan su desacuerdo con cualquier cambio que altere la definición tradicional de familia en la legislación nacional.
Polonia se mantiene en un punto de inflexión entre las demandas de la Unión Europea por mayores garantías legales a las parejas no matrimoniales y las resistencias internas centradas en el resguardo de la estructura familiar tradicional, con la expectativa puesta en el trámite parlamentario y el posible desenlace respecto al veto presidencial.
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