El Consejo de Estado rechaza una petición para anular el acuerdo migratorio firmado entre Francia y Reino Unido

El tribunal administrativo más alto del país ha descartado la impugnación de organizaciones de derechos humanos, avalando la reciprocidad en las devoluciones de migrantes pactada meses atrás por los gobiernos de Emmanuel Macron y Keir Starmer

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El acuerdo suscrito entre Francia y Reino Unido establece un mecanismo de reciprocidad para las devoluciones y admisiones de migrantes, basado en la regla de “uno a uno”. Según informó el medio, los migrantes interceptados al intentar ingresar de manera irregular al Reino Unido desde territorio francés serán devueltos, permitiendo por cada retorno la entrada legal y controlada de un solicitante de asilo en Francia. Esta medida, acordada meses atrás entre el presidente Emmanuel Macron y el primer ministro Keir Starmer, busca reforzar las rutas seguras y implementar controles más estrictos, mientras intensifica el combate al tráfico de personas y a la delincuencia organizada asociada a los flujos migratorios.

De acuerdo con los detalles publicados por la prensa, la decisión del Consejo de Estado, máxima instancia administrativa de Francia, rechaza la impugnación presentada por una serie de organizaciones de derechos humanos que cuestionaban la validez del acuerdo. Según consignó el medio, estas ONG argumentaron que el pacto introducía obligaciones nuevas y afectaba materias propias del legislador, motivo por el cual debía recibir la aprobación parlamentaria. El tribunal respondió que el texto del acuerdo no difiere de las disposiciones legales vigentes y que tampoco regula el ejercicio de derechos o libertades de valor constitucional.

El Consejo de Estado explicó en un comunicado que el acuerdo bilateral firmado en julio de 2025 no intervenía en asuntos reservados por la Constitución al Parlamento. Según publicó el mismo órgano, los artículos impugnados se limitan a permitir la entrada en Francia de extranjeros por razones de readmisión, sin incidir sobre los criterios o condiciones para el ejercicio de sus derechos. En ese sentido, el tribunal sostuvo que no existe fundamento legal para exigir un trámite parlamentario adicional, como solicitaban las ONG.

El principio de equivalencia pactado entre Francia y Reino Unido implica que por cada migrante devuelto desde suelo británico a territorio francés, un solicitante de asilo recibirá autorización para instalarse en el Reino Unido, bajo condiciones que incluyen un examen de antecedentes y estrictas medidas de seguridad. Esta directriz pretende evitar el aumento de llegadas irregulares a través del Canal de la Mancha y proporcionar vías de acceso legal, conforme detalló el medio.

Entre los principales argumentos de los gobiernos involucrados figura el compromiso de emplear todos los recursos disponibles para desarticular redes criminales dedicadas al tráfico de personas y mitigar la trata de seres humanos vinculada a los trayectos migratorios. Las autoridades reiteraron que la colaboración en materia de readmisión forma parte de una estrategia más amplia para responder a los desafíos derivados de los movimientos migratorios hacia Europa occidental.

Las ONG que promovieron el recurso ante el Consejo de Estado reclamaban que el acuerdo vulneraba derechos fundamentales de los migrantes y solicitaban su anulación total. Según los documentos recogidos por el medio, los impulsores de la demanda advertían sobre riesgos para la protección internacional y el acceso al asilo, pero el tribunal no encontró elementos suficientes que sustenten estas preocupaciones desde la perspectiva constitucional.

El fallo del Consejo de Estado implica que el pacto de devolución y readmisión migratoria permanecerá en vigor durante el periodo contemplado, y establece un precedente para futuras colaboraciones entre Francia y Reino Unido sobre gestión fronteriza y tratamiento de personas en tránsito. Tal como reportó la fuente, la normativa establece que la readmisión tiene un carácter estrictamente limitado a permitir la entrada física, sin modificar las reglas sobre derechos o libertades de las personas implicadas.

Desde el anuncio del acuerdo, ambos ejecutivos subrayaron que la cooperación bilateral se orienta a reducir las prácticas de entrada irregular y fortalecer controles en los puntos críticos de paso, como respuesta al aumento detectado en los cruces clandestinos y a la presión sobre los sistemas de asilo de ambos países. El medio agregó que las dos partes mantienen abierta la posibilidad de revisar el mecanismo en función de los resultados alcanzados o de la evolución de los flujos migratorios.

Francia y Reino Unido explicaron públicamente que la estrategia conjunta incluirá una combinación de refuerzo policial y de apoyo humanitario para las personas en situación de vulnerabilidad, priorizando la seguridad y la legalidad. El acuerdo contempla que la selección y admisión de solicitantes de asilo se realizará bajo procedimientos rigurosos, excluyendo a quienes no cumplan las condiciones requeridas o presenten antecedentes incompatibles con la residencia.

Finalmente, la resolución del Consejo de Estado descarta las objeciones legales planteadas por los colectivos de derechos humanos y consolida la vigencia del principio de reciprocidad acordado entre París y Londres. Según lo difundido por el medio, la aplicación integral del tratado bilateral queda así asegurada, mientras persisten los debates sociales y jurídicos en torno a la gestión compartida de los movimientos migratorios y la protección de quienes buscan asilo en la región.

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