EEUU sanciona a diez individuos y entidades, entre ellas una empresa venezolana de compraventa de drones iraníes

La incorporación de la Empresa Aeronáutica Nacional (EANSA), dirigida por José Jesús Urdaneta González, a la lista de entidades sancionadas por Washington implica restricciones relevantes para las operaciones de ensamblaje y la adquisición de drones de fabricación iraní en territorio venezolano. EANSA, dedicada a supervisar la producción de vehículos aéreos no tripulados del modelo Qods Mohajer-6 y a negociar directamente su venta junto a la empresa iraní Qods Aeronautics Industries (QAI), aparece en el centro de las recientes medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según informó el medio original, estas restricciones forman parte de un nuevo paquete que afecta a diez individuos y entidades vinculadas a la compraventa y transferencia de tecnología militar avanzada, con el objetivo de dificultar el acceso venezolano a sistemas bélicos de origen iraní.

De acuerdo con lo publicado por el Departamento del Tesoro estadounidense, las acciones fueron ejercidas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y recaen no solo sobre EANSA y su principal responsable, quien se encuentra en Venezuela y según el comunicado oficial ha coordinado actividades junto a representantes de las Fuerzas Armadas de ambos países, sino también sobre otras personas y entidades en Irán relacionadas con la transferencia de tecnología militar. El comunicado detalla que el despliegue de estas sanciones responde a tensiones recientes entre Washington y Caracas, generadas por maniobras militares venezolanas en el Caribe relacionadas con operativos contra supuestas narcolanchas.

La lista difundida por la OFAC abarca, además de EANSA y Urdaneta González, a tres ciudadanos residentes en Irán, acusados de proveer productos químicos empleados en la fabricación de misiles balísticos dentro del programa militar iraní, según detalló el Departamento del Tesoro. Otras dos entidades y tres individuos, también con sede en Irán, fueron incorporados por su conexión con una sociedad holding sancionada previamente por las autoridades estadounidenses, la cual integra diversas firmas vinculadas al desarrollo de sistemas de alta tecnología empleados por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El propósito de este paquete de sanciones, según declaraciones del subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, busca atribuir responsabilidad tanto a Irán como a Venezuela por lo que calificó como una campaña “agresiva e imprudente” de proliferación de armas letales. Dicho funcionario subrayó que estas acciones están dirigidas a obstaculizar la colaboración militar y tecnológica entre Caracas y Teherán, incidiendo especialmente en el área de los drones y sistemas de misiles.

Por otra parte, el viceportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Thomas Pigott, explicó que el alcance de las sanciones también pretende limitar el programa de misiles balísticos impulsado por el gobierno iraní, así como frenar el desarrollo de capacidades adicionales de armamento asimétrico y convencional por parte de Teherán. Pigott declaró que se busca evitar cualquier incremento de capacidad militar que favorezca la obtención de armamento nuclear, restringiendo así la posibilidad de que Irán adquiera insumos y tecnología crítica mediante intermediarios internacionales.

Según publicó el medio original, Pigott alertó acerca de los riesgos que implica el suministro continuado de armas convencionales de Irán a las autoridades venezolanas, advirtiendo que esta situación representa una amenaza para los intereses de Estados Unidos en el continente americano. El funcionario añadió que Washington adoptará medidas ante cualquiera que facilite la proliferación de armamento iraní, enfatizando la disposición a exigir cuentas a responsables y colaboradores en la cadena de suministro y comercialización de sistemas bélicos.

El Departamento del Tesoro detalló que la sociedad holding iraní incluida en este paquete agrupa empresas tecnológicas que benefician de manera directa a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria, actores señalados por Washington como impulsoras clave en la transferencia de recursos y conocimiento para el desarrollo de armas avanzadas. Las acciones anunciadas bloquean los activos financieros y comerciales de las personas y entidades identificadas, e impiden su acceso a mercados y servicios gestionados desde Estados Unidos o por sus aliados.

El episodio se inscribe en una serie de medidas adoptadas por la Administración Trump contra Caracas, ligadas al aumento de las relaciones militares entre Venezuela e Irán, así como a las iniciativas de ambos gobiernos para fortalecer sus capacidades de defensa pese a los embargos y sanciones internacionales. Las actividades de ensamblaje, supervisión y venta de drones de tipo Qods Mohajer-6 constituyen, según reportó el Departamento del Tesoro, una parte central de esta colaboración tecnológica, que las autoridades estadounidenses buscan restringir mediante la presión financiera y comercial sobre los actores implicados.

La inclusión de la empresa venezolana y de personas residentes en Irán en la lista de sancionados refleja la intención de Estados Unidos de aislar los canales de transferencia de tecnología militar entre ambos países, afectando de manera directa los mecanismos de adquisición de insumos y recursos estratégicos para el sector de defensa venezolano. La comunicación oficial aseguró que esta política de presión continuará, de acuerdo con los intereses de seguridad planteados por el gobierno de Washington y sus aliados regionales.