
Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur, permanece privada de libertad en Seúl desde agosto, como parte de una investigación amplia que derivó en cargos en su contra y en una acusación formal por parte de la Fiscalía de su país. Los fiscales la señalan por presunta interferencia en asuntos estatales, corrupción y manipulación bursátil, entre otros hechos, de acuerdo con lo publicado este lunes por la agencia Yonhap. El Ministerio Público surcoreano concluyó el proceso investigativo tras 180 días, atribuyéndole a la esposa del expresidente Yoon Suk Yeol una serie de delitos cuyas implicancias podrían figurar "en los libros de historia", según expresó el fiscal especial adjunto Kim Hyoung Kun.
De acuerdo con el reporte de Yonhap, las pesquisas oficiales consideran probado que Kim Keon Hee intervino en la asignación de beneficios políticos a la exdiputada Kim Young Sun, diputada del Partido del Poder Popular (PPP), durante las elecciones parlamentarias de 2022. Esta intervención habría consistido en el favorecimiento de la mencionada política a cambio de sondeos que resultarían favorables para Yoon Suk Yeol, esposo de Kim, durante las elecciones presidenciales del mismo año. Según informa el medio surcoreano, la acusación formaliza que estos hechos representan una intromisión ilegal y oculta en la gestión pública.
El Ministerio Público también atribuye a Kim Keon Hee la manipulación del precio de las acciones de la empresa Deutsch Motors. Las autoridades detallan que la ex primera dama habría influido de forma directa en el desarrollo del valor bursátil de la compañía, una conducta que está tipificada como delito de manipulación de mercado en la legislación surcoreana. Ese elemento de la acusación fue una de las líneas principales de la investigación, conforme lo relatado por la agencia Yonhap y otros medios habituales en la cobertura de asuntos judiciales en Corea del Sur.
Otro de los hechos considerados por la Fiscalía se refiere a la recepción de regalos y beneficios económicos por parte de la Iglesia de la Unificación, conocida también como la Secta Moon. Según recogió la agencia Yonhap, los investigadores sostienen que Kim Keon Hee habría recibido obsequios de valor considerable en una supuesta trama de captación ilegal de fondos a través de dicha organización religiosa. Los regalos habrían servido como contraprestación por intervenciones a favor de terceras personas en el entorno político y administrativo de Corea del Sur.
Además, la semana previa al informe final, Kim Keon Hee enfrentó acusaciones adicionales sobre la recepción de obsequios a cambio de influencias, valorados en cientos de miles de dólares. Entre los ejemplos mencionados por la Fiscalía surcoreana figura un collar cuyo precio supera los 69.000 dólares (58.000 euros), que habría sido entregado por un empresario de la construcción con el objetivo de obtener un puesto en el gobierno para su yerno. La investigación sostiene que la esposa del expresidente utilizó su posición para la gestión de nombramientos dentro de la administración pública y favores personales en el contexto de estos presentes.
Según el relato de Yonhap, la Justicia surcoreana ha decidido mantener bajo arresto preventivo a Kim mientras prosiguen las actuaciones legales y se formalizan los cargos derivados de los hallazgos. La magnitud del caso se refleja en el número de personas vinculadas en calidad de acusadas o investigadas, nuestro abarcan a decenas de individuos, entre los cuales figura el propio expresidente Yoon Suk Yeol. El exmandatario afronta, paralelamente, otra causa relacionada con un intento frustrado de decretar la ley marcial en diciembre de 2024.
El Ministerio Público también valoró las explicaciones ofrecidas por Yoon Suk Yeol acerca de su desconocimiento respecto a los regalos recibidos por su esposa. Las autoridades señalaron que consideran estas justificaciones poco creíbles, aunque remarcaron, según la información recogida por Yonhap, que no cuentan con suficientes pruebas para presentar cargos formales en contra de Yoon en relación con los beneficios ilícitos obtenidos por Kim Keon Hee.
Durante la presentación de los resultados de la investigación, el fiscal especial adjunto Kim Hyoung Kun destacó que los delitos atribuidos a la ex primera dama revisten gravedad y que estas prácticas deberían quedar consignadas para la posteridad, tanto en el registro judicial como en la memoria institucional del país. El medio Yonhap enfatizó que la investigación sobre los presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y manipulación de fondos implica a personas del entorno político y empresarial surcoreano, ampliando el alcance potencial de consecuencias institucionales y penales.
La ex diputada Kim Young Sun, mencionada como una de las beneficiadas de las acciones de Kim Keon Hee, habría recibido ventajas en el proceso electoral parlamentario a cambio de favorecer a la candidatura de Yoon en los comicios presidenciales, de acuerdo a las averiguaciones hechas públicas por los fiscales. En la acusación presentada se describe un intercambio de favores que involucra tanto la obtención de encuestas positivas destinadas a favorecer la imagen de Yoon, como el acceso privilegiado a cargos y puestos en la administración pública.
En el trasfondo del caso también resalta la interacción directa entre actores políticos, representantes empresariales y organizaciones religiosas, como la Iglesia de la Unificación. Según lo recabado por Yonhap, la presunta captación de fondos y la recepción de obsequios en este contexto forma parte de un sistema de favores y contraprestaciones que, según la Fiscalía, vulnera los principios legales y éticos que rigen la administración pública en Corea del Sur.
El desarrollo de la causa penal contra Kim Keon Hee sigue en curso, mientras las autoridades judiciales mantienen abiertas otras investigaciones derivadas de los hechos descritos. Decenas de personas figuran como imputadas o mencionadas en calidad de testigos, y la opinión pública surcoreana se mantiene atenta al avance de los procesos judiciales, según reportó la agencia Yonhap.
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