Save The Children confirma que Israel ha denegado su reinscripción para asistir a comunidades palestinas

Un informe reciente del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel reveló que, de unas 100 solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para operar en territorios palestinos bajo una nueva normativa, sólo 21 han recibido aprobación definitiva. Según consignó Europa Press, otras 14 propuestas fueron formalmente rechazadas, mientras que las restantes permanecen en fase de evaluación. Estos datos reflejan la aplicación de las nuevas reglas implementadas en marzo por las autoridades israelíes, las cuales han sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales y organizaciones humanitarias.

Las disposiciones actualizadas permiten a Israel denegar permisos operativos a entidades acusadas de, entre otros motivos, promover la deslegitimación del Estado de Israel, negar su existencia como Estado democrático o mantener presuntos vínculos con grupos considerados terroristas por el gobierno israelí, como Hamás. Tal como informó Europa Press, la organización Save the Children se encuentra entre las afectadas directamente por esta política: la ONG confirmó que Israel le impidió reinscribirse para operar en comunidades palestinas, una medida efectiva a partir del 1 de enero. La entidad señaló que esta decisión responde a la normativa de registro recientemente instaurada, la cual limita de manera significativa la capacidad de acción de organizaciones internacionales.

De acuerdo con las explicaciones de Save the Children, la falta de reinscripción le impide ahora contratar personal internacional especializado, lo que repercute en áreas técnicas fundamentales como la salud, abastecimiento de agua o servicios de saneamiento. Asimismo, la normativa bloquea la introducción de insumos de ayuda humanitaria a través de las fronteras bajo control israelí hacia Gaza y Cisjordania. Fuentes citadas por Europa Press indicaron que, ante este escenario, la organización expresó su intención de continuar prestando asistencia esencial y programas adaptados a las necesidades de la población palestina a través de sus 300 empleados locales y redes de socios en la región, aprovechando su registro ante la Autoridad Palestina, el cual sigue vigente.

Esta situación no es exclusiva de Save the Children, ya que otros grupos de acción humanitaria, como Médicos sin Fronteras (MSF), han manifestado críticas similares a propósito de las restricciones dictadas por Israel. MSF ya había calificado la medida como un obstáculo inadmisible para la acción de emergencia y la entrega de ayuda a comunidades en situación crítica. Según lo publicado por Europa Press, la ONU también ha expresado preocupación, señalando que el sistema implementado recurre a criterios que califica de vagos y fuertemente politizados, creando barreras que resultan difíciles de superar para las organizaciones sin violar principios legales internacionales o los fundamentos del trabajo humanitario, tales como la neutralidad e imparcialidad.

Save the Children describió como “inconcebible” este panorama, advirtiendo sobre el potencial impacto negativo sobre el acceso a servicios básicos para la población palestina, especialmente para los menores de edad durante el invierno. Ahmad Alhendawi, director regional de la organización para Oriente Próximo, Norte de África y Europa del Este, declaró: “En las zonas de conflicto, los niños y niñas son quienes más sufren y nuestro papel como humanitarios es estar ahí para ellos. Estas nuevas normas de registro tendrán un impacto grave en el acceso a servicios esenciales y básicos y pondrán vidas en riesgo, especialmente durante el invierno”, según citó Europa Press.

Tanto Save the Children como otras ONG mantienen su llamado a las autoridades de Israel para que reconsideren estas políticas y faciliten el acceso irrestricto al registro y la autorización de actividades humanitarias. Alhendawi reafirmó el compromiso histórico de la organización con la infancia palestina: “Mientras seguimos pidiendo al Gobierno de Israel que revierta su decisión y permita el registro y el acceso pleno para las ONG, una cosa debe quedar muy clara: llevamos más de siete décadas apoyando a los niños y niñas palestinos y seguiremos haciéndolo”, en palabras citadas por Europa Press.

La aplicación de estas nuevas directrices ha generado un clima de inquietud entre los organismos internacionales que operan en territorio palestino, debido a las limitaciones impuestas en la entrega de ayuda y la continuidad de programas destinados a la infancia, como aclaró Europa Press. La imposibilidad de renovar registros para personal técnico, junto con la restricción en el paso de suministros, configura un escenario donde miles de niños y familias quedarán sin acceso a bienes y servicios considerados esenciales.

La normativa se implementa en un contexto marcado por crecientes tensiones políticas y de seguridad en la región. El gobierno israelí sostiene que la legislación busca salvaguardar su integridad nacional y prevenir colaboraciones indeseadas con grupos hostiles, pero desde la esfera internacional se cuestiona la proporcionalidad y transparencia de los mecanismos empleados para evaluar y aprobar las solicitudes de las organizaciones. Europa Press ha puntualizado que la ONU sitúa estas normas en conflicto directo con el derecho internacional humanitario, en tanto obligan a las ONG a cumplir requisitos contradictorios con sus principios básicos y sus marcos jurídicos internacionales.

MSF, Save the Children y otros actores insisten en la necesidad de un acceso humanitario sin trabas, subrayando que las más afectadas son las poblaciones en situación de vulnerabilidad, sobre todo la infancia. En las declaraciones recogidas por Europa Press, las organizaciones reiteran que las actividades de asistencia no pueden supeditarse a requisitos políticos que comprometan su labor o pongan en riesgo la vida de las personas a las que asisten.

Hasta la fecha, el proceso de revisión de solicitudes se mantiene activo y sometido a continuas evaluaciones. El futuro del trabajo de organizaciones internacionales en materia de ayuda humanitaria en los territorios palestinos permanece sujeto a la política israelí y a los mecanismos de registro vigentes, en un entorno donde las necesidades de la población, según han documentado las propias entidades afectadas y Europa Press, crecen ante el recrudecimiento de las restricciones y la escasez de recursos básicos.