La nueva portavoz nacional de AJFV lamenta que APM y JJpD "copen" los nombramientos en la cúpula judicial

Ortega comentó que las asociaciones APM y JJpD han logrado acceder a la mayoría de los nombramientos en los altos cargos judiciales, a pesar de que, juntas, no alcanzan el 35% de la representación de la carrera judicial. Según informó Europa Press, esta sobrerrepresentación ha motivado a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que representa a un porcentaje significativo de jueces en España, a exigir una reforma en el sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), planteando la necesidad de que la elección recaiga directamente en los propios jueces.

Tal como publicó Europa Press, Marien Ortega, recientemente nombrada portavoz nacional de AJFV en la asamblea celebrada en A Coruña el 14 de noviembre, lamentó que el acceso a los puestos en la cúpula judicial se base en criterios ajenos al mérito y la capacidad profesional, principios que deberían primar en el sistema de nombramientos. Ortega, actual titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 13 de Sevilla, expuso que el predominio de dos asociaciones en estos procesos indica la consideración de factores distintos a la trayectoria y aptitud individual.

La AJFV, tras este análisis, decidió no respaldar a ningún candidato a vocal del CGPJ mientras la designación no se realice íntegramente por voto de la carrera judicial. Ortega subrayó que el sistema persiste en fórmulas de reparto asociativo y de cuotas vinculadas a intereses partidistas, por lo que evaluó imprescindible un cambio en la estructura de selección de los vocales. Según consignó Europa Press, para Ortega resulta perjudicial la existencia de bloques identificados como conservadores y progresistas en la judicatura, pues detrae confianza en la institución y mina la percepción de imparcialidad.

Europa Press detalló que la AJFV, durante el verano, denunció a través de un informe que los nombramientos discrecionales del CGPJ no se corresponden con la realidad de la composición del poder judicial. Según un comunicado de la asociación, APM y JJpD han obtenido hasta el 75% de las plazas públicas cuando existía más de un candidato, a pesar de no sumar ni el 35% del total de jueces y juezas, lo que indicaría una sobreexposición de ambas asociaciones en los órganos de gobierno judicial.

En relación con la implantación de los tribunales de instancia, proyectada para su funcionamiento a partir del 31 de diciembre, Ortega expresó que esta transformación constituye un paso hacia la actualización del sistema judicial. No obstante, señaló la ausencia de diálogo suficiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con los magistrados, quienes a diario mantienen el funcionamiento de la justicia. Según explicó la portavoz de AJFV a Europa Press, mientras se han celebrado numerosas reuniones con el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia, no ha existido esa misma interlocución con el colectivo judicial. Ortega valoró positivamente la moratoria propuesta por el Ministerio para los partidos judiciales que así lo solicitaron, ya que permite identificar posibles dificultades en la aplicación del nuevo modelo antes de extenderlo a grandes capitales, evitando que la falta de ajustes resulte en una desorganización grave.

La asociación también ha llamado la atención sobre la insuficiencia de la convocatoria anual de plazas para acceder a la carrera judicial. Ortega afirmó que la cantidad de nuevas incorporaciones no compensa las vacantes derivadas de jubilaciones, incapacidades y fallecimientos. Según los datos extraídos por Europa Press, la judicatura española cuenta con 11,6 jueces por cada 100.000 habitantes, una cifra por debajo de la media europea, que es de 17 jueces por cada 100.000 habitantes. Este desfase, sumado al incremento de litigios advertido en los informes periódicos del CGPJ, derivará en una mayor carga de trabajo para los jueces en ejercicio, lo que tiene un impacto sobre la atención y el servicio que reciben los ciudadanos.

Ortega vinculó el repunte de bajas médicas y el aumento de jubilaciones voluntarias anticipadas, que sitúa en torno al 42% de todas las retiradas, con la sobrecarga laboral existente y la ausencia de expectativas de mejora a corto plazo. Indicó también que la saturación del trabajo incide directamente sobre la calidad y oportunidad de las resoluciones judiciales, afectando al servicio público.

En otro orden de asuntos, la portavoz de AJFV opinó respecto a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos que afectó a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ortega consideró que la decisión judicial se encuentra argumentada y motivada, según reportó Europa Press, por lo que desaconsejó atribuir motivaciones políticas a la resolución. Afirmó que “todas las resoluciones han de poder criticarse”, pero señaló que deslizar la sospecha de que existan afinidades ideológicas en las decisiones vulnera la imagen de imparcialidad de la judicatura. Respecto a los votos discrepantes de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes solicitaron la absolución de García Ortiz, Ortega entendió que esta diversidad de criterio es inherente al funcionamiento colegiado de los tribunales, advirtiendo de que el problema surge cuando se produce una interpretación interesada de estas diferencias internas.

Además, la portavoz recalcó que este episodio ha afectado seriamente a la credibilidad de la Fiscalía General del Estado y apuntó que el desafío principal para Teresa Peramato, nueva jefa del Ministerio Público, será restablecer la confianza en la institución. Ortega concluyó sus declaraciones señalando la relevancia de garantizar un sistema judicial libre de influencias externas y con un funcionamiento transparente, de acuerdo con los principios que deberían regir la administración de justicia, según recoge el medio Europa Press.