Liberados los 18 militares secuestrados en el noroeste de Colombia mientras buscaban a un cabecilla del ELN

Durante la retención de los militares en Carmen de Atrato, fuentes de Inteligencia colombiana, citadas por la emisora W Radio, indicaron que los captores ejercieron presiones y amenazas sobre la comunidad local para asegurar la detención de los soldados y facilitar la huida de Luis Eduardo David Manco, conocido como ‘Ramiro’, principal objetivo del operativo militar. Contra ‘Ramiro’, líder del “Frente de Guerra Occidental del ELN”, pesan cuatro órdenes de captura por delitos como rebelión, narcotráfico y homicidio, y es buscado además por cargos de extorsión, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores. Según informó El País, los 18 militares secuestrados fueron entregados a una comisión humanitaria encabezada por la Defensoría del Pueblo tras ser liberados este lunes en el departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia.

Las Fuerzas Armadas de Colombia confirmaron que la liberación de sus efectivos se realizó de manera segura tras su retención la víspera, mientras desarrollaban operaciones contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El general William Caicedo detalló que los militares formaban parte de un operativo dirigido a capturar a ‘Ramiro’, cuando alrededor de 200 personas los rodearon y condujeron a una escuela perteneciente a la comunidad indígena Río Claro. Según consignó El País, durante este suceso, ‘Ramiro’ logró escapar acompañado de su pareja y otros cinco integrantes de su esquema de seguridad.

De acuerdo con la información recopilada por El País, el operativo militar tenía como propósito neutralizar a uno de los principales líderes del ELN en la región. El grupo armado cuenta con una presencia significativa en el Chocó, departamento afectado por la violencia, actividades de narcotráfico y control territorial ejercido por grupos armados ilegales. Las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas buscan contener la escalada de estos delitos y restaurar el orden en zonas afectadas.

El Ministerio de Defensa, encabezado por Pedro Sánchez, anunció la presentación de una denuncia formal ante la Fiscalía tras conocerse el secuestro. Según informó El País, se activaron todos los mecanismos institucionales disponibles, incluyendo el acompañamiento del Ministerio del Interior, la Gobernación del Chocó y organismos de derechos humanos, con el propósito de salvaguardar la vida e integridad de los militares y evitar riesgos para la comunidad local.

El incidente se produce en un contexto de hostilidades y movilización armada por parte del ELN. El grupo guerrillero declaró este domingo un alto el fuego con motivo de las festividades de fin de año, que estará vigente desde el 24 de diciembre hasta el 3 de enero. No obstante, El País recordó que días antes, entre el 15 y el 17 de diciembre, el ELN había llevado a cabo un paro armado de 72 horas en el que se registraron la instalación de explosivos en vías públicas, la colocación de banderas representativas y ataques contra guarniciones militares. Entre estos episodios destaca el atentado perpetrado en Villanueva, La Guajira, el 18 de diciembre, que dejó saldo de siete militares fallecidos.

Durante el reciente episodio en Carmen de Atrato, las fuentes citadas por W Radio subrayaron la participación activa de combatientes del ELN en la manipulación de la situación para proteger la fuga de su líder. La intervención de la comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo fue clave para la resolución del caso, según confirmó El País, que también destacó el trabajo coordinado entre organizaciones estatales y de derechos humanos para preservar la seguridad en la zona.

En el actual panorama de operaciones en el oeste de Colombia, el ELN se mantiene como uno de los factores de inestabilidad más relevantes, mientras que el Frente 33 del Estado Mayor Central de los Bloques y el Frente (EMBF), liderado por Alexander Díaz Mendoza alias 'Calarcá Córdoba', ha declarado un cese indefinido de las acciones ofensivas contra las fuerzas de seguridad, reportó El País. Esta decisión implica una reducción intermitente de la confrontación armada, aunque persiste la existencia de focos de tensión y violencia en distintas regiones del país bajo el dominio de estructuras ilegales.

El caso de la detención temporal de los 18 militares en Carmen de Atrato refleja los niveles de complejidad que enfrentan las autoridades al intervenir en territorios donde la presencia de grupos armados influye en las dinámicas de la sociedad local. El control social, las amenazas hacia la población civil y la instrumentalización de las comunidades configuran escenarios de difícil manejo para los organismos estatales, destacó El País en su cobertura. El operativo y el posterior desenlace muestran las estrategias empleadas por la guerrilla para proteger a sus mandos y la necesidad de coordinación entre distintas entidades para garantizar respuestas efectivas a situaciones de secuestro y amenazas colectivas.

La región del Chocó, ha sido escenario recurrente de enfrentamientos, desplazamientos y crisis de seguridad, como reflejan los hechos recientes y los antecedentes de violencia documentados por medios nacionales e internacionales. Los esfuerzos del Ejército colombiano y las entidades estatales buscan restaurar las condiciones mínimas de seguridad, aunque el avance depende de factores estructurales complejos y de la dinámica cambiante de los grupos armados presentes en el territorio.