Las pensiones mínimas subirán más de un 7% para 2026 y las no contributivas y el IMV aumentarán un 11,4%

En un contexto donde el coste de la vida y la inflación han impactado el poder adquisitivo de los ciudadanos con ingresos más bajos, el Estado determinó que las pensiones mínimas, así como las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), experimentarán un incremento que superará el 7% y alcanzará hasta el 11,4% para el año 2026. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó que el Consejo de Ministros aprobó estas subidas en su última sesión del año, atendiendo a la necesidad de ofrecer estabilidad económica y social a cerca de diez millones de beneficiarios en todo el país, según consignó el medio.

El Consejo de Ministros ratificó la medida dentro de un Real Decreto-ley de amplio alcance, diseñado para afianzar el denominado 'escudo social', reportó el medio. Las pensiones contributivas y las pertenecientes a clases pasivas tendrán así una revalorización del 2,7% en 2026, basada en la evolución de los precios de consumo. Al referirse a este punto, la ministra Saiz expresó que el Gobierno mantiene "un compromiso que es inquebrantable, el de ofrecer la certeza a los más de 9,4 millones de pensionistas de nuestro país de que si los precios suben, sus pensiones también lo van a hacer".

Además del incremento general para todas las pensiones contributivas, se realizó una diferenciación para aquellas que suponen un mayor nivel de necesidad o que dan soporte a hogares con mayor dependencia. De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo y recogida por el medio, las pensiones mínimas verán una subida de más del 7% en 2026, mientras que las prestaciones mínimas con cónyuge a cargo y aquellas de viudedad con cargas familiares testificarán un aumento del 11,4% el próximo año. Este porcentaje también se aplicará a las pensiones no contributivas y al IMV, lo que beneficia especialmente a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La ministra Saiz explicó tras la reunión del Consejo de Ministros que estos incrementos en los ingresos por jubilación y ayudas estatales buscan reforzar la red de protección social en un contexto marcado por la incertidumbre económica. El medio detalló que la vinculación entre el aumento de las pensiones y la subida de los precios responde a la política estatal de garantizar que los pensionistas no pierdan poder de compra ante los efectos de la inflación.

El alcance de estas medidas, aprobado en el último Consejo de Ministros del año que marca el cierre de 2025, refuerza el compromiso del Ejecutivo con la estabilidad de los colectivos más sensibles. Según destacó el gabinete, la decisión abarca tanto a la población que accede a prestaciones contributivas, como a quienes perciben ingresos no contributivos y rentas mínimas por IMV, asegurando un abordaje transversal a las distintas modalidades de protección social.

El medio explicó que la adopción de estos incrementos responde a la presión que ha ejercido el aumento de los costos de bienes y servicios básicos, impulsando al Gobierno a reforzar el soporte económico a jubilados, personas en situación de dependencia y familias que reciben rentas esenciales del Estado. De esta manera, la medida busca mitigar el impacto de la inflación y preservar la capacidad de compra de los sectores más afectados por la coyuntura económica.

Durante la presentación pública de los acuerdos, la ministra Saiz reiteró que la adaptación de las pensiones al ritmo de la inflación constituye una garantía institucional para los casi 9,4 millones de beneficiarios, posibilitando que ningún pensionista vea menguar sus ingresos reales por efecto del encarecimiento del nivel de vida, según reportó el medio. La revalorización también refleja la intención del Estado de fortalecer los mecanismos de cobertura social ante escenarios económicos adversos.

El Real Decreto-ley aprobado establece el marco normativo necesario para que los aumentos entren en vigor a partir de 2026 y aseguren la continuidad del llamado 'escudo social', que agrupa medidas específicas para proteger a los sectores más vulnerables. Además de los incrementos porcentuales, el Gobierno insistió en la importancia de garantizar recursos suficientes para el sostenimiento del sistema, lo que, según la ministra Saiz, implica responder eficazmente ante posibles fluctuaciones en los mercados y cambios en el costo de vida.

Según publicó la fuente, la estructura de aumentos diferenciados deja en primer plano la atención prioritaria a quienes reciben pensiones mínimas, no contributivas o ingresos mínimos, reconociendo la función de estas transferencias en la reducción de la desigualdad y la cobertura de necesidades básicas. Al ofrecer subidas de mayor cuantía a estos colectivos, el Ejecutivo busca responder a un contexto de mayor presión social y económica, reforzando la red de protección frente al riesgo de exclusión.

En síntesis, el último Consejo de Ministros de 2025 adoptó una serie de medidas que modificarán la cuantía de las percepciones por jubilación, viudedad, discapacidad y el Ingreso Mínimo Vital a partir de 2026, asegurando incrementos que oscilan entre el 2,7% y el 11,4%, dependiendo del tipo de prestación y la situación del beneficiario, según consignó el medio. La medida implica una revisión amplia de los estándares de protección social y confirma la voluntad del Ejecutivo de mantener la adecuación entre precios y pensiones como parte de su política pública.