El Congreso de Perú rechaza conceder la pensión vitalicia a la expresidenta Dina Boluarte

El rechazo del Congreso peruano a la solicitud de Dina Boluarte por recibir una pensión vitalicia y otros privilegios como ex jefa de Estado se produjo apenas unos días después de que ella presentara formalmente la petición. Según detalló el diario ‘La República’, la expresidenta solicitó estos beneficios a escasos diez días de su salida del cargo, peticionando también la asignación de un empleado pagado con fondos públicos y una cuota mensual de hasta 150 galones de gasolina.

De acuerdo con la información publicada por ‘La República’, la decisión de los legisladores peruanos respondió a la interpretación de que Boluarte accedió a la Presidencia de la República mediante un proceso de sucesión, tras la destitución y detención de Pedro Castillo en diciembre de 2022, y no por elección popular. Según el Congreso, las normas establecen que los beneficios mencionados corresponden únicamente a quienes hayan sido designados mandatarios constitucionalmente por voto ciudadano y que hayan completado el periodo íntegro correspondiente al cargo. “No cumple con las condiciones establecidas (...) en tanto asumió la Presidencia de la República por sucesión”, indicó el comunicado parlamentario reproducido por el mismo medio.

Este pronunciamiento parlamentario ocurrió en un contexto marcado por la situación judicial de la exmandataria. Dina Boluarte quedó fuera del poder en octubre de 2025, marcando el ocaso de una gestión envuelta en numerosas controversias. Durante su paso por la jefatura del Estado, soportó cuestionamientos relacionados con supuesta corrupción, presunto enriquecimiento ilícito, omisión de funciones y, de manera más significativa, por la muerte de decenas de manifestantes en el marco de las protestas que siguieron a su toma de posesión. Según reportó ‘La República’, Boluarte ha enfrentado durante este período una de las más bajas cifras de aprobación entre los mandatarios latinoamericanos.

Tras perder la inmunidad presidencial, Boluarte quedó sujeta a la acción de la justicia ordinaria. Ahora deberá responder ante la Fiscalía por al menos siete causas abiertas. Entre esas investigaciones, ‘La República’ identificó dos como las de mayor avance: una vinculada a la muerte de cerca de medio centenar de personas en las protestas de finales de 2022 y comienzos de 2023, y otra relativa a posibles sobornos presuntamente recibidos en forma de relojes y joyas de alto valor.

El relevo en el Ejecutivo se materializó con la llegada al poder de José Jerí, entonces presidente del Congreso, quien asumió la jefatura del Estado de forma interina. ‘La República’ indicó que Jerí constituye el octavo presidente peruano en menos de una década, reflejo de la inestabilidad política que ha caracterizado al país en los últimos años. Su llegada tampoco se ha visto libre de controversias, puesto que en lo que va del año se le han abierto tres investigaciones fiscales y han resurgido comentarios sexistas realizados en redes sociales en el pasado.

Según la información de ‘La República’, Jerí permanecerá en el cargo de manera provisional hasta julio de 2026, fecha prevista para la convocatoria a elecciones generales. El país continúa enfrentando un periodo de aguda crisis en materia de seguridad, mientras persiste un clima de desconfianza hacia la legitimidad de la clase política.