
Funcionarios estadounidenses, luego de recibir a diecisiete menores provenientes de Colombia, activaron protocolos especializados para evaluar caso por caso la situación de los niños, siguiendo reportes internacionales sobre desaparición. Esta entrega se realizó tras la colaboración de autoridades colombianas y estadounidenses, que organizaron el traslado de los menores hacia Nueva York, donde quedaron bajo la custodia de los servicios de protección infantil. Según reportó Europa Press, la operación respondió a investigaciones que identificaron a al menos cinco de estos menores en bases de datos globales de alerta por desaparición.
La acción conjunta involucró el cruce de información judicial y migratoria entre varias agencias de Colombia, Estados Unidos, Canadá y Guatemala, permitiendo la identificación y salvaguarda de los menores, quienes según Europa Press, son ciudadanos de estos tres países. La operación se produjo en Antioquia tras denuncias reiteradas de explotación infantil en el seno de la comunidad Lev Tahor. Europa Press detalló que, en respuesta a estas denuncias y a una alerta amarilla emitida por Interpol —que señalaba riesgo grave para niños a cargo de esta secta en Colombia—, las autoridades procedieron a la expulsión de nueve adultos asociados a la organización y a la entrega formal de los menores a las agencias estadounidenses.
El medio Europa Press consignó que las denuncias previas y los expedientes judicializados condicionaron el seguimiento diferenciado para algunos menores, dada la existencia de causas abiertas por desapariciones internacionales y otros antecedentes. Los protocolos internacionales vigentes para protección y restitución de niños en contextos transfronterizos pautaron cada etapa del procedimiento. Los diecisiete menores trasladados a Estados Unidos se sometieron posteriormente a entrevistas y evaluaciones individuales por parte de los especialistas de Child Protective Services, quienes iniciaron el análisis particular de necesidades, riesgos y antecedentes para cada caso.
Simultáneamente, Europa Press informó que los nueve adultos expulsados, vinculados a la secta Lev Tahor, fueron puestos bajo custodia de las autoridades estadounidenses con el objetivo de enfrentar procesos judiciales relacionados con delitos graves contra menores. El fundamento para estas expulsiones se estableció en la revisión minuciosa del estatus migratorio de siete familias pertenecientes al grupo y en la constatación de antecedentes judiciales activos y registros penales que no fueron declarados inicialmente al ingresar a Colombia.
La vigilancia y los controles migratorios sobre comunidades religiosas con antecedentes de ilícitos a nivel internacional recibieron un refuerzo posterior a la operación, a fin de prevenir la reiteración de situaciones similares. Según publicó Europa Press, la comunidad Lev Tahor había intentado en múltiples oportunidades establecerse en Colombia, lo que llevó a una coordinación acelerada entre entidades legales y policiales nacionales e internacionales para responder ante denuncias y riesgos en curso.
Europa Press mencionó que un precedente clave en la región fue la intervención judicial realizada por la Fiscalía de Guatemala en diciembre de 2024, donde cerca de ciento sesenta menores vinculados a Lev Tahor fueron localizados y posteriormente puestos bajo protección civil después de diversas acusaciones que incluyeron casos de violencia física, abuso sexual y matrimonios forzados. En 2025, el caso siguió evolucionando con la extradición de Jonathan Emanuel Cardona Castillo desde El Salvador a Guatemala, donde enfrenta acusaciones de maltrato infantil, violación y trata, en base a pruebas aportadas por el Ministerio Público guatemalteco.
Estas acciones judiciales han motivado a todos los países considerados a fortalecer las estrategias de control migratorio y vigilancia sobre agrupaciones religiosas con antecedentes de delitos transnacionales, especialmente aquellos relacionados con la niñez. Según señaló Europa Press, la recurrencia de documentos oficiales que confirmaban intentos reiterados por parte de Lev Tahor de instalarse en Colombia originó un refuerzo de los procedimientos de seguimiento, expulsión y análisis judicial, siempre con la intervención de agencias extranjeras y la aplicación sistemática de protocolos legales compartidos.
El operativo realizado en Antioquia se inscribió en una pauta multinacional de actuación dirigida a detectar y desmantelar dinámicas de explotación infantil bajo la estructura de organizaciones religiosas con impacto internacional. Uno de los componentes centrales fue la revisión detallada tanto de los antecedentes jurídicos de los niños afectados como de las causas abiertas contra los adultos implicados en procesos penales en distintas jurisdicciones, relató Europa Press.
La cooperación ágil y constante entre autoridades de Colombia, Estados Unidos, Canadá y Guatemala contribuyó a mantener actualizado el flujo de información relacionado con cada menor y adulto involucrado, lo que permitió actuar sin demoras ante situaciones de riesgo o frente a advertencias judiciales internacionales, según informó Europa Press. La observancia de las normativas globales en materia de protección de la niñez y de restitución en escenarios transfronterizos marcó el desarrollo de las operaciones, con énfasis en evitar que los menores permanecieran expuestos a posibles episodios de explotación o desaparición.
De acuerdo con Europa Press, las instituciones participantes manifestaron el compromiso de mantener una coordinación sostenida, con intercambios continuos de datos judiciales y respuestas conjuntas ante cualquier nueva alerta que involucre la seguridad o el estatus legal de quienes se encontraban bajo la custodia de la secta Lev Tahor. Los avances en la investigación buscan establecer las responsabilidades individuales en los delitos denunciados y reforzar la protección integral para las víctimas de este y otros casos similares.
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