
Sobrevivientes del ataque al campo de desplazados de Zamzam narraron a Amnistía Internacional las dificultades extremas enfrentadas tras verse forzados a abandonar el lugar: la falta de refugio, alimento, agua y atención médica marcó su huida, mientras sufrían violaciones, asesinatos y saqueos que, según la organización, podrían constituir crímenes de guerra. El informe de la entidad, publicado esta semana, sitúa este desplazamiento masivo como resultado directo de una ofensiva de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) entre el 11 y el 13 de abril, y advierte sobre la emergencia humanitaria desatada en la región de Darfur.
Según informó Amnistía Internacional, cerca de 400.000 personas tuvieron que dejar el campo de Zamzam cuando las RSF avanzaron con armas explosivas y fuego indiscriminado sobre áreas densamente pobladas. Esta intervención, describe el organismo, formó parte de una operación militar cuyo objetivo era la captura de la ciudad de El Fasher. El medio detalló que el asalto incluyó la destrucción sistemática de infraestructuras esenciales, tales como mezquitas, escuelas y centros de salud, y que se realizaron asesinatos intencionados de civiles y toma de rehenes.
De acuerdo con el documento titulado "La Destrucción de un Refugio: Violaciones de las RSF en el campo de desplazados de Zamzam, en Darfur", las acciones de las Fuerzas de Apoyo Rápido no se limitaron al campo, sino que, tras esta ofensiva, se extendieron a la ciudad de El Fasher. El informe señala que las RSF tomaron el control de la localidad el 26 de octubre y perpetraron ejecuciones de decenas de hombres desarmados junto con abusos sexuales a mujeres y niñas. Tal como consignó Amnistía Internacional, la violencia no se trató de eventos aislados, sino de una campaña continuada contra aldeas y campamentos de personas desplazadas.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, declaró en el mismo texto: "el ataque horrendo y deliberado contra población civil desesperada y hambrienta en el campo de Zamzam volvió a poner de manifiesto el alarmante desprecio por la vida humana". El medio subraya que el informe responsabiliza a ciertos actores externos de agravar el conflicto, mencionando expresamente a Emiratos Árabes Unidos por el suministro de armas a las RSF.
Según publicó Amnistía Internacional, el reporte incluye un llamamiento dirigido a los Estados miembros de la Unión Africana, la Unión Europea, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China, solicitando frenar cualquier transferencia de armas y municiones no solo a las RSF, sino también a las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y a otras facciones armadas. Reiteró la necesidad de que el embargo de armas que recae sobre Darfur se aplique a todo Sudán.
El informe integra testimonios directos de desplazados que narraron trayectos extenuantes en busca de seguridad en condiciones muy precarias, sin ayuda internacional ni acceso a servicios básicos. Varios sobrevivientes relataron que no existe un sistema de compensación ni de rendición de cuentas por los daños sufridos, expresando sentirse "abandonados por los actores internacionales", según recogió la entidad. Amnistía sostuvo que el flujo de armas debe detenerse a través de una mayor presión sobre Emiratos Árabes Unidos, para impedir que el país transfiera arsenales a las RSF.
La organización enfatizó que tanto el ataque al campo de Zamzam como las acciones subsiguientes en El Fasher deben ser objeto de investigación formal en la categoría de crímenes de guerra. De acuerdo con el informe, la gravedad de la crisis humanitaria impone la obligación de intervención internacional urgente, no solo para garantizar protección y ayuda inmediata a las personas desplazadas, sino también para establecer mecanismos efectivos de justicia y de prevención de futuros ataques.
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