Los escándalos de corrupción en Ucrania ponen a prueba un hipotético futuro de posguerra junto a la UE

El soborno masivo en el sector energético ucraniano, centrado en la llamada Operación Midas, ha puesto bajo la lupa la gestión del Gobierno y su entorno más cercano justo cuando la llegada del invierno se convierte en un reto crucial por la dependencia de la energía nuclear en medio del conflicto con Rusia. Según consignó el medio ‘Ukrainska Pravda’, la trama tenía como figura principal a Timur Mindich, exsocio del presidente Volodimir Zelenski en la productora Kvartal 95, quien abandonó el país el 9 de noviembre, pocas horas antes de que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) llevara a cabo un registro en su domicilio. Esta investigación, reportó NABU, descubrió una red que blanqueó unos 90 millones de euros a través de sobornos a los contratistas de Energoatom, la operadora estatal de plantas nucleares.

El escándalo derivó el pasado viernes en la salida forzada del asesor presidencial Andri Yermak, considerado el segundo en relevancia dentro del Ejecutivo ucraniano. Tal como publicó el medio de referencia, el propio presidente estatal, Volodimir Zelenski, defendió la dimisión como un ejemplo visible de los esfuerzos de Ucrania para cumplir con las expectativas marcadas por la Unión Europea y avanzar en la hoja de ruta de reformas anticorrupción requeridas para su integración. Sin embargo, la salida de Yermak marca un punto delicado para el país: no solo pierde una de sus principales figuras en el Gobierno, sino también a su jefe negociador en un momento en el que Kiev enfrenta una propuesta de paz impulsada por Washington y Moscú, que implicaría la cesión de territorios a cambio de garantías de seguridad occidentales.

De acuerdo con la cobertura de ‘Ukrainska Pravda’ y otras fuentes recogidas en el reportaje, la presión europea y la vigilancia internacional sobre las instituciones ucranianas se intensificaron el pasado verano cuando el presidente Zelenski rectificó una ley que recortaba competencias a las agencias anticorrupción, respondiendo a una exigencia de Bruselas y del Fondo Monetario Internacional. Tras las modificaciones legales y las protestas callejeras masivas que siguieron a su promulgación, la Comisión Europea decidió paralizar una ayuda de 1.700 millones de euros, forzando a Zelenski a comprometer nuevas reformas y a prometer públicamente garantías de depuración institucional.

Según detalló el medio, la Operación Midas señala la vulnerabilidad del sector energético ucraniano y sus vínculos con el poder político. Yermak, en su calidad de asesor de máxima confianza y número dos de Zelenski, mantenía relación con otras figuras oficiales implicadas, como los ministros recientemente cesados de Energía y de Justicia, Svitlana Grinchuk y Herman Galushchenko. El proceso de investigación del soborno ha expuesto un sistema de captación de fondos ilícitos que afecta de manera directa a la economía y a la credibilidad del país ante sus aliados.

El contexto de guerra agrava el impacto institucional del escándalo. Bruselas, que busca posicionarse como intermediaria en una eventual resolución del conflicto, ve como la crisis interna ucraniana puede minar la confianza en un socio estratégico. Voceros europeos, como el comisario de Justicia Michael McGrath, declararon a Politico: “Cualquier país que aspire a unirse a la Unión Europea debe cumplir un estándar legal. De lo contrario, no recibirá apoyo en su proceso de adhesión”. McGrath matizó luego en la misma entrevista que los avances de Ucrania representan “un viaje” y que Kiev realiza “todos los esfuerzos posibles”, pero la persistencia de casos como el de Midas constituye un desafío estructural para los próximos pasos.

El propio presidente Zelenski, tras la dimisión de Yermak, reiteró su intención de avanzar en una reforma integral especialmente centrada en el sistema de concesión de contratos energéticos. El presidente sostuvo que estos cambios buscan despejar las dudas de Bruselas respecto al compromiso ucraniano con la transparencia y la legalidad. Según publicó ‘Ukrainska Pravda’, Yermak defendió su inocencia tras su salida y comunicó al diario estadounidense ‘New York Post’ que su intención sería incorporarse a los esfuerzos bélicos para restaurar su reputación, que describió como “profanada”.

La preocupación por posibles infiltraciones rusas en los organismos de control también ha influido en la discusión pública y política, indicó ‘Ukrainska Pravda’. Uno de los implicados en la trama, Andrei Derkach, trabajó en el pasado como asesor de la administración de Energoatom y actualmente figura como desertor y miembro del Consejo de la Federación, la cámara alta del parlamento ruso. Esta situación alimentó las demandas de las tres principales formaciones opositoras —Solidaridad Europea, Holos y Patria—, que solicitaron la dimisión en bloque del Gobierno y su reemplazo por un gabinete de unidad nacional integrando a la oposición. La renuncia de Yermak, que formaba parte de estas exigencias, fue interpretada por los analistas del Fondo Carnegie para la Paz Internacional como un triunfo parcial de estos grupos. El mismo análisis recogido por el medio advierte que la presión podría incrementarse si los diputados del partido oficialista, Siervo del Pueblo, deciden respaldar las mociones opositoras, poniendo en riesgo la estabilidad del Ejecutivo.

Este escenario se produce a las puertas de un invierno que se anticipa difícil, tanto por el contexto bélico como por las tensiones políticas y económicas agravadas por la crisis energética. Las investigaciones sobre corrupción, junto con el pulso por las reformas y la presión desde Bruselas, marcan una coyuntura compleja para la institucionalidad ucraniana y su posición en el proceso de adhesión a la Unión Europea, detalló ‘Ukrainska Pravda’. La combinación de la guerra, los escándalos institucionales y las demandas internas e internacionales configura un panorama que mantiene la incertidumbre sobre la capacidad de Ucrania para sostener el apoyo externo y avanzar hacia sus objetivos estratégicos.