Denuncian cuatro casos de falsos positivos en Colombia, incluidos un discapacitado y dos menores

Las familias de las víctimas y activistas entregaron documentos, testimonios y material audiovisual a las autoridades judiciales de Colombia que ponen en duda las versiones oficiales sobre operativos de las fuerzas armadas, en una serie de episodios recientes ocurridos en varios municipios de Antioquia. Según lo difundido por el programa Señal Investigativa, la difusión de este material ha reforzado las sospechas sobre manipulación de pruebas y ejecuciones extrajudiciales, lo que llevó a la Fiscalía y organismos de derechos humanos a iniciar procesos de indagación y monitoreo.

De acuerdo con la investigación publicada por Señal Investigativa, estos acontecimientos ocurrieron entre agosto y octubre de 2025, después de una oleada de intervenciones militares y policiales desencadenadas tras la caída de un helicóptero Black Hawk de la Policía en Amalfi, Antioquia, hecho atribuido al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las FARC, con saldo de trece agentes muertos. Este suceso marcó el comienzo de una campaña institucional que, según testimonios y documentos oficiales obtenidos por el programa investigativo, derivó en mecanismos de presión interna sobre integrantes de las fuerzas de seguridad, priorizando la obtención de resultados inmediatos en forma de detenciones y “neutralizaciones” asociadas a la insurgencia.

El medio reportó que, en el periodo analizado, la Cuarta Brigada del Ejército y unidades policiales protagonizaron operativos en los que ocurrieron varias muertes cuyos detalles han sido puestos en entredicho a partir de la documentación entregada por los familiares de las víctimas. Señal Investigativa accedió a expedientes judiciales, imágenes forenses y relatos de testigos que evidencian discrepancias entre la información oficial y los hechos ocurridos en el terreno. Según recogió el programa, se identifica como común denominador la priorización de resultados operativos sobre la comprobación del contexto y circunstancias en las que sucedieron los hechos reportados públicamente.

Uno de los casos mencionados corresponde a Esneider Flórez Manco, residente de Frontino con discapacidad intelectual. Señal Investigativa relató que efectivos de la Cuarta Brigada del Ejército lo privaron de la libertad sin que existiera una orden judicial. Posteriormente, la familia denunció que fue víctima de tortura y que murió en custodia militar. Entre las pruebas aportadas figuran fotografías y dictámenes médicos que, según las investigaciones de la Fiscalía, respaldan las acusaciones de abuso. Tras la denuncia formal presentada por la familia en octubre de 2025, la Fiscalía abrió un proceso y algunos militares fueron vinculados a la investigación judicial.

Otro suceso expuesto por Señal Investigativa ocurrió el 28 de septiembre de 2025 en San Andrés de Cuerquia, donde soldados de la misma brigada anunciaron la muerte de un supuesto integrante de un grupo armado, conocido como alias ‘09’ o ‘Dylan’, junto a dos menores de edad, argumentando que habían resultado “abatidos en combate”. Los familiares, tras recibir las fotografías revisadas por el medio, identificaron alteraciones en la disposición de los cuerpos y la escena. Esta situación llevó a la interposición de recursos judiciales y a la exigencia de una revisión exhaustiva por parte de organismos de control.

El 27 de octubre de 2025, la Policía capturó a Juan José Seguro en la población de Urrao, acusado de consumo de sustancias. Según consignó Señal Investigativa, el joven sufrió agresiones físicas durante esta detención. Ante el agravamiento de su estado de salud, los policías lo trasladaron a un hospital, donde falleció. El reporte oficial de defunción determinó que la muerte fue producto de homicidio y asignó responsabilidad directa a los agentes actuantes, lo que acrecentó la preocupación de grupos defensores de derechos humanos respecto al proceder policial en contextos civiles.

En una situación diferente documentada por el mismo medio, se reportó la muerte de Samuel Alexis Sánchez, señalado públicamente como “Mano de Tigre” y vinculado por la Policía al ataque contra el Black Hawk de Amalfi. Las autoridades presentaron la muerte como resultado de un enfrentamiento armado. Sin embargo, vecinos y familiares aseguraron ante Señal Investigativa que no existió combate y negaron cualquier nexo de Sánchez con la guerrilla. En palabras de su abogado, Santiago Uribe Betancourt, existen inconsistencias relevantes en la cronología detallada en los reportes forenses y en los registros balísticos recogidos por las autoridades.

La investigación televisiva subrayó que la presión interna aumentó tras la caída del helicóptero, en un contexto donde se registró una tendencia a imputar vínculos con la insurgencia a civiles, sin evidencia suficiente. En sus declaraciones al mismo medio, el presidente Gustavo Petro expresó rechazo ante estos episodios e indicó que “tales actos contravienen el compromiso estatal con el respeto a los derechos humanos y la transparencia institucional”. También reiteró el objetivo estatal de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, según reprodujo Señal Investigativa.

El análisis de testimonios, fotografías forenses, informes médicos e informes periciales, mencionado por el medio, permite observar un patrón de manipulación de escenas, alteración de pruebas y muertes de personas especialmente vulnerables, como menores y ciudadanos con discapacidad. Los expedientes oficiales revisados por el programa muestran que en varios de los casos la hipótesis de enfrentamientos planteada en los reportes institucionales no se encuentra sólidos respaldos en la evidencia recabada en terreno.

Este conjunto de denuncias activó la vigilancia constante de organizaciones de derechos humanos y la apertura de procesos judiciales con acusaciones formales de homicidio y violaciones de derechos fundamentales que involucran a agentes estatales. Los abogados representantes de las familias sostienen, de acuerdo con lo recogido por Señal Investigativa, que el entorno de presión institucional surgido tras el atentado a la aeronave definió los procedimientos de la fuerza pública y afectó negativamente la legitimidad de sus operaciones.

La cobertura del medio evidencia que el escrutinio por parte de las familias y organizaciones persiste con el objetivo de documentar lo sucedido, buscar justicia y prevenir la repetición de hechos similares. Según los registros obtenidos y revisados por Señal Investigativa, los casos documentados muestran cómo la premura institucional por exhibir resultados operativos prevaleció sobre la verificación de las circunstancias, lo cual afecta la credibilidad de los procedimientos estatales y refuerza la exigencia social de verdad y reparación.