El número de heridos y detenidos durante las protestas en Giessen aún no ha sido confirmado oficialmente, lo que, según informó el medio, complica la valoración de las consecuencias del operativo policial que acompañó a la fundación de la sección juvenil de Alternativa para Alemania (AfD). La demanda de información precisa se suma a las críticas planteadas tanto por organizaciones civiles como por representantes legales de los activistas, quienes insisten en identificar los límites de la acción de las fuerzas de seguridad y en reforzar la protección de derechos fundamentales. El medio detalló que los abogados y portavoces de los colectivos participantes exigieron medidas estrictas para evitar excesos policiales en el futuro y una supervisión más rigurosa de la actuación estatal en manifestaciones de contenido político.
Según publicó el medio, las protestas en Giessen, situadas en el estado federado de Hesse, reunieron a más de 25.000 personas el pasado sábado para rechazar la constitución de la agrupación juvenil vinculada a AfD. A lo largo de la jornada, se registraron enfrentamientos aislados entre participantes y efectivos policiales, lo cual desencadenó una oleada de cuestionamientos en torno a la intervención de las autoridades. De acuerdo con lo consignado por la prensa, el operativo de seguridad incluyó la prohibición de manifestaciones en las inmediaciones del evento de la AfD y el uso de advertencias sobre posibles saqueos. Estas medidas, según opinó el abogado Jannik Rienhoff en declaraciones recogidas por el medio, fomentaron la alarma pública e influyeron de forma negativa en la percepción de las protestas.
En sus declaraciones, Rienhoff, defensor de varios manifestantes detenidos, sostuvo que el derecho de reunión de los opositores a la AfD no fue resguardado de manera adecuada. Además, denunció prácticas policiales que calificó como actos de “violencia arbitraria” hacia los manifestantes. La cobertura periodística también incluyó pronunciamientos de distintas organizaciones civiles que participaron en la movilización contra el nuevo brazo juvenil del partido. La alianza “Widersetzen” emitió un comunicado en el que condenó el uso de la fuerza por parte de la Policía para desalojar espacios y para garantizar el acceso de los representantes del partido de extrema derecha. Según reportó el medio, Laura Wolf, portavoz de la coalición, cuestionó la responsabilidad ejercida por el ministro regional del Interior, Roman Poseck, quien, aunque defendió el despliegue policial, fue blanco de críticas por parte de colectividades sociales y políticas.
Wolf subrayó que “Widersetzen” impulsará estrategias destinadas a dificultar la celebración de actos públicos por parte del grupo juvenil de AfD en la región. Detalló que la prioridad es limitar su margen para organizar reuniones y actividades en el espacio local, a la par que advirtió que la coalición planea continuar movilizándose para contener el crecimiento de agrupaciones de esta índole. En el transcurso de las protestas, el ambiente se vio marcado por una elevada tensión. Algunos manifestantes y miembros de la sociedad civil señalaron, según el reporte del medio, que tanto la postura del gobierno municipal como la de la Policía contribuyeron a la sensación de miedo entre quienes optaron por participar en la convocatoria.
Dentro de “Widersetzen”, otros portavoces como Suraj Mailitafi también expresaron su desacuerdo con las acciones policiales y con la tolerancia mostrada hacia la AfD. De acuerdo con lo publicado por el medio, Mailitafi responsabilizó a las instituciones de promover miedo y de actuar con permisividad frente al surgimiento del grupo juvenil. Mailitafi afirmó: “A todos ellos los unía una cosa: no querían aceptar que se fundara en Giessen la organización juvenil de extrema derecha AfD. Ahora eso ha sucedido”. En paralelo, remarcó que estos sectores continuarán su labor orientada a frenar el avance del partido y a exigir transparencia y legalidad en los procedimientos adoptados por las fuerzas de seguridad.
La cadena de críticas hacia el operativo policial se desarrolló en un contexto donde la mayoría de los asistentes, según consignó el medio, se manifestó de forma pacífica. Pese a ello, la magnitud de la respuesta estatal abrió un debate sobre el equilibrio entre la protección del orden público y el respeto por los derechos de reunión y protesta. El propio ministro regional del Interior, Roman Poseck, defendió la intervención de las fuerzas de seguridad y resaltó que el objetivo de que el evento de la AfD pudiera llevarse a cabo se cumplió. Añadió que detectó, durante la protesta, un “potencial de violencia muy considerable” en parte de la concurrencia, aunque reconoció la actitud pacífica de la mayoría. El medio reportó que, pese a estas declaraciones, Poseck no ofreció detalles sobre cifras de heridos o detenidos.
La ausencia de datos actualizados por parte tanto de la Policía como de las organizaciones implicadas, remarcó el medio, no solo dificulta la evaluación precisa de los hechos, sino que mantiene abierta la controversia respecto a los límites de la intervención estatal. El episodio en Giessen y las denuncias de excesos reactivaron un debate público sobre las condiciones que deben regir la actuación de la Policía en manifestaciones políticas, en especial en contextos donde el auge de movimientos de extrema derecha suscita inquietud en diversos sectores de la sociedad alemana.
Tanto los grupos civiles como los representantes legales de los manifestantes recalcaron que persistirán en sus movilizaciones y en la exigencia de una revisión profunda de los protocolos que gobiernan la actuación policial en actos públicos. Según detalló el medio, las demandas principales de estos sectores apuntan hacia el respeto incondicional de los derechos humanos fundamentales, así como a la creación de mecanismos efectivos para supervisar y corregir las prácticas policiales durante eventos de elevada sensibilidad política. Las voces que encabezan estas peticiones señalan que cualquier restricción arbitraria o uso desproporcionado de la fuerza puede traducirse en un retroceso en las garantías democráticas y en el derecho de la ciudadanía a expresar su oposición política sin temor a represalias.
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