La experiencia acumulada por Portugal con la creación de una autoridad ejecutiva sanitaria capaz de coordinar redes asistentes y gestionar emergencias sin centralizar la atención clínica figura como una de las referencias destacadas en el último informe sobre gobernanza sanitaria presentado por la Fundación Economía y Salud. El análisis incluyó modelos de ocho países europeos y, según detalló el medio, impulsa la adopción de un acuerdo nacional de gestión sanitaria sustentado en objetivos plurianuales, reglas regulatorias explícitas y auditorías independientes, todo ello en un marco que asegure coordinación efectiva entre comunidades autónomas y mantenga la sostenibilidad del sistema, incluso en entornos políticos cambiantes.
Según reportó la Fundación Economía y Salud, el documento presentado por la Cátedra de Gestión Innovadora para la Salud (GIS-FES) recomienda negociar un pacto entre 2026 y 2030 en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), con colaboración de los gobiernos municipales, para definir metas comunes e indicadores de actividad y resultados. El informe sostiene que se requiere fijar un techo de gasto sanitario estatal y autonómico que se ajuste al ritmo de la economía, acompañado de auditoría independiente y difusión semestral de los progresos alcanzados. De acuerdo con la explicación ofrecida por José María Martín Moreno, director de la cátedra, el modelo toma como referencias sistemas implantados en países como Austria, con su esquema 'Zielsteuerung-Gesundheit' (gestión de la salud orientada a objetivos), y Francia, con el mecanismo ONDAM (objetivo nacional de gasto del seguro de salud).
El análisis elaborado por la Fundación Economía y Salud, reseñado en el medio, subraya la necesidad de diseñar una autoridad ejecutiva de perfil técnico y flexible, que pueda actuar en situaciones de crisis sanitarias y ambientales, impulsar la interoperabilidad entre sistemas y coordinar redes asistenciales, siguiendo la lógica de Portugal, sin anular la autonomía clínica de cada región. Los autores también proponen un marco regulatorio que describa un espacio de pruebas evaluado de forma independiente, destinado al desarrollo de equipos de Atención Primaria, métodos de pago por episodio o por valor, y esquemas de ahorro compartido, siguiendo experiencias como las implementadas en Francia o Estonia, donde la digitalización se ha combinado con procesos de humanización del trato con los pacientes.
El documento incentiva la congregación de compras de alto impacto, como medicamentos hospitalarios, dispositivos o plataformas digitales, bajo una autoridad conjunta del Sistema Nacional de Salud (SNS). Esto permitiría la elaboración de un catálogo común y contratos con criterios de valor y planes de suministro robustos, inspirándose en los sistemas de Estonia, Portugal y Chipre. El texto recomienda además la promoción de áreas de salud integradas a nivel autonómico sobre la base del modelo portugués, asignando presupuestos definidos a grupos poblacionales, con una gobernanza clínica local y una cartera de servicios que conecte la atención primaria y hospitalaria, además de contratos ligados a resultados en pacientes crónicos y medición de la experiencia de los usuarios.
Tal como informó la Fundación Economía y Salud, el informe apuesta por consorcios hospitalarios intercentros inspirados en el caso francés, con sistemas de información compatibles, catálogos de servicios compartidos y paneles de control públicos sobre indicadores clave como tiempos de espera, complicaciones evitables o seguridad de los pacientes. Se plantea además la creación de un nodo nacional de datos y registros clínicos bajo criterios de acceso seguro y regulado por un comité ético-científico, donde los ciudadanos puedan tener control y reutilización de sus datos en aplicaciones certificadas, como sucede en Francia y Países Bajos.
La propuesta aborda específicamente la renovación de la Atención Primaria. Sugiere elevar el nivel profesional de los equipos según sus necesidades, la inclusión de pagos por resultados y la extensión de horarios, abarcando la actuación de enfermería avanzada, farmacias en el primer nivel asistencial, salud mental comunitaria y un enfoque proactivo en la gestión de crónicos. Asimismo, en el ámbito hospitalario, el documento recomienda conceder mayor autonomía a los centros para planificar el personal, organizar los servicios y gestionar las inversiones, siempre dentro del marco de contratos-programa evaluables y rendición pública de resultados, manteniendo la titularidad pública.
Según consignó la Fundación Economía y Salud, el director de la cátedra, José María Martín Moreno, enfatizó la relevancia de crear una cartera de servicios digitales común, redes de integración asistencial, planes hospitalarios con criterios medioambientales y compras que prioricen aspectos ecológicos, con reinversión de los ahorros logrados y utilización de inteligencia artificial compatible con las estrategias del Sistema Nacional de Salud.
En materia de prevención oncológica, el informe señala, a partir de experiencias europeas, la importancia de vacunar a los varones contra el virus del papiloma humano (VPH) y facilitar el autoexamen para cribado cervical desde farmacias comunitarias. El documento sugiere modernizar los sistemas de cribado cuando representen un valor añadido, así como establecer registros de vacunación interoperables con recordatorios, integrar el triaje y la orientación sanitaria en la Atención Primaria y gestionar un directorio de aplicaciones certificadas.
Para gestionar mejor la cronicidad y la dependencia, el escrito plantea la constitución de equipos de enfermería comunitaria avanzada, en coordinación con los servicios sociales y mediante una base digital común, con el objetivo de incrementar los días de vida independiente, evitar hospitalizaciones y reducir costes asociados a estancias hospitalarias. El fomento de la hospitalización domiciliaria y la terapia antimicrobiana parenteral ambulatoria se destaca como estrategia para disminuir tanto la mortalidad como los reingresos, así como los episodios de complicaciones en venas.
El informe argumenta la necesidad de controlar la resistencia a los antimicrobianos mediante auditorías con retroalimentación, tanto en la atención primaria como en hospitales, apoyándose en la prescripción desde las historias clínicas electrónicas. Además, recomienda desplegar una red de vigilancia multipatógeno en aguas residuales, dotada de umbrales de acción integrada en sistemas sindrómicos y de laboratorio, lo que contribuiría a una anticipación eficaz y financieramente eficiente frente a posibles amenazas.
Según detalló la Fundación Economía y Salud, todas las propuestas incorporan una agenda de implantación estructurada. Los primeros seis meses contemplan la redacción de normas de interoperabilidad, los pliegos de compras y la identificación de cinco territorios pilotos. Entre el sexto y el decimoctavo mes, comenzará la puesta en marcha de la puerta digital única en las pruebas piloto, la extensión de la enfermería comunitaria avanzada en algunas autonomías y la expansión del autoexamen para cribados cervicales. Entre los 18 y los 36 meses se prevé desplegar un sistema nacional de análisis federado e implementar el pacto de gobernanza en el CISNS.
De acuerdo con José María Martín Moreno, citado por la Fundación Economía y Salud, el análisis compara prácticas e innovaciones en gestión sanitaria de ocho países de la Unión Europea, incluyendo España, tomando en cuenta el potencial de transferencia y escalabilidad en el país, así como su función de referencia para sistemas comparables. Alberto Giménez Artés, presidente de la Fundación, señaló que el informe aspira a incrementar la calidad de los resultados en salud y a proporcionar información estructurada sobre la gestión sanitaria que se realiza en otros países y regiones, así como los retos y soluciones que enfrentan en sus propios sistemas.
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