La hija del expresidente Zuma dimite como diputada tras ser acusada de reclutar a hombres para Ucrania

Duduzile Zuma-Sambudla, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, ha notificado a las autoridades su colaboración en las investigaciones relativas al reclutamiento de ciudadanos sudafricanos para combatir en el conflicto del este de Europa, decisión que precedió a su dimisión inmediata como diputada de la Asamblea Nacional y a la renuncia de todas las responsabilidades de representación pública que ejercía. Según informó The Sowetan, el presidente nacional de uMkhonto we Sizwe (MK), Nathi Nhleko, comunicó públicamente el viernes en Durban que Zuma-Sambudla ha presentado una declaración jurada ante la Policía tras la apertura de cargos penales en su contra por parte del principal partido de la oposición, Alianza Democrática (DA).

El caso ha tomado relevancia internacional y generado inquietud política en Sudáfrica debido a la gravedad de las acusaciones. De acuerdo con The Sowetan, la investigación gira en torno al presunto reclutamiento y tráfico de 17 hombres sudafricanos que habrían sido enviados a la guerra de Ucrania formando parte de grupos mercenarios. Las sospechas sobre la implicación directa de Duduzile Zuma-Sambudla surgieron tras las denuncias presentadas por su hermanastra, Nkosazana Bonganini Zuma-Mncube, quien afirmó que algunos de los jóvenes involucrados pertenecían a su propia familia.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, autorizó el 6 de noviembre el inicio de un proceso de investigación para esclarecer las circunstancias que llevaron al desplazamiento de estos 17 sudafricanos, quienes supuestamente fueron incorporados bajo pretextos engañosos a organizaciones mercenarias en la región del Donbás, escenario del enfrentamiento entre fuerzas rusas y ucranianas. Según un comunicado de la Presidencia sudafricana recogido por The Sowetan, los jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 39 años, en su mayoría originarios de KwaZulu-Natal y uno de Cabo Oriental, fueron atraídos con promesas de contratos laborales beneficiosos.

Los familiares y allegados han sostenido que estos ciudadanos solicitaron apoyo para regresar a su país de origen tras ser presuntamente engañados para ingresar en las filas del grupo de mercenarios conocido como Wagner, aunque aún no existen confirmaciones oficiales por parte de la Justicia ni de las autoridades sudafricanas respecto a este extremo. El grupo Wagner ha sido señalado en diversas ocasiones como un actor relevante en la provisión de combatientes mercenarios en conflictos armados, particularmente en el enfrentamiento ruso-ucraniano, lo que añade complejidad al caso investigado y ha potenciado la atención mediática y política internacional.

La legislación sudafricana, específicamente la Ley de Asistencia Militar Extranjera de 1998, prohíbe taxativamente la prestación de colaboración militar a gobiernos extranjeros o la participación de ciudadanos sudafricanos en ejércitos ajenos sin autorización expresa del gobierno nacional. La supuesta violación de esta normativa por parte de los involucrados ha intensificado el escrutinio legal y ha representado un reto para el sistema judicial sudafricano, obligado ahora a dilucidar la naturaleza exacta de la implicación de los acusados y las condiciones bajo las cuales fueron reclutados.

El diario The Sowetan recogió declaraciones de Nathi Nhleko, quien confirmó que Zuma-Sambudla ofreció “plena cooperación” con la investigación e hizo efectiva su salida de la vida pública. La dimisión y declaración jurada se produjeron tras la formalización de cargos penales por parte de la Alianza Democrática, el principal partido opositor en Sudáfrica, cuya denuncia instó a la intervención directa de las autoridades policiales y judiciales. Este partido ha argumentado que los hechos ocasionan una seria preocupación en términos de la protección de los derechos de los ciudadanos sudafricanos y la observancia estricta de las leyes nacionales relacionadas con actividades mercenarias.

The Sowetan también reportó que la investigación incluye el análisis de los posibles vínculos familiares y de redes de contactos que habrían facilitado el alistamiento de los jóvenes. Las afirmaciones vertidas por Nkosazana Bonganini Zuma-Mncube señalan que una parte de los afectados mantiene lazos directos de parentesco con la familia Zuma, un aspecto que ha alimentado el debate público sobre la responsabilidad de figuras políticas de alto perfil en asuntos de seguridad nacional y cumplimiento de la legalidad.

El caso mantiene a las autoridades sudafricanas ante un desafío diplomático y jurídico, bajo la vigilancia de la opinión pública y de actores internacionales que observan la evolución de las investigaciones y esperan la clarificación de las posibles responsabilidades penales y políticas.