La CEDEAO condena el golpe de Estado en Guinea Bissau e insta al Ejército a restituir el orden constitucional

La exigencia de que la Comisión Electoral Nacional de Guinea Bissau haga públicos los resultados de las elecciones celebradas el 23 de noviembre de 2025 se ha convertido en una de las principales demandas de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), que vincula esta medida directamente con la posibilidad de restablecer un gobierno civil en el país. Según consignó la CEDEAO en sus plataformas institucionales, el bloqueo de la información electoral es considerado un obstáculo clave que puede agravar la crisis política y posponer indefinidamente la normalidad democrática. Ante la negativa de la junta militar a restaurar las instituciones democráticas luego del golpe del 26 de noviembre, la CEDEAO resolvió suspender indefinidamente a Guinea Bissau de todos sus órganos ejecutivos, en un intento por aumentar la presión y exigir el retorno al orden constitucional, la liberación de los dirigentes detenidos y la protección de derechos fundamentales.

Tal como publicó la CEDEAO a través de sus canales oficiales, la decisión de apartar a Guinea Bissau de sus estructuras ejecutivas responde a la gravedad de la alteración institucional, que incluyó el forzoso exilio del presidente Umaro Sissoco Embaló en Dakar y la instauración de un régimen militar que se mantiene hasta el presente. La organización advirtió que la persistencia de esta situación amenaza con una mayor fractura institucional, tanto en el país afectado como en el conjunto de África Occidental. El organismo enfatizó que la suspensión busca promover el restablecimiento de las reglas democráticas y evitar la prolongación de la crisis.

En respuesta inmediata a los hechos, la CEDEAO organizó el envío de una delegación de alto nivel compuesta por los presidentes de Sierra Leona, Togo, Cabo Verde y Senegal, además del presidente de la Comisión, Omar Alieu Touray. La delegación incluyó también a representantes de la Unión Africana y de la Oficina de Naciones Unidas para África Occidental y el Sahel (UNOWAS), con la presencia de Leonardo Santos Simao como observador de la ONU en suelo guineano, según reportó oficialmente el organismo regional. Las autoridades del bloque informaron que la misión conjunta tenía como objetivo ejercer presión diplomática y política sobre la junta militar, insistiendo en la necesidad de liberar a los miembros del gobierno depuesto y garantizar la integridad de los opositores detenidos, así como la seguridad de observadores internacionales y equipos humanitarios desplegados en el país.

La CEDEAO manifestó, según sus comunicados institucionales, que requiere plenas garantías sobre el respeto a los derechos fundamentales de la población en un contexto considerado sumamente crítico para la protección de libertades individuales y colectivas. El organismo consideró prioritaria la salvaguarda de actividades humanitarias y de monitoreo internacional, instando a las autoridades de facto a permitir la labor sin represalias de dichos equipos y a asegurar la integridad personal de todos los actores involucrados.

Entre los principales argumentos esgrimidos por la CEDEAO figura la ausencia de transparencia y la retención de los resultados electorales del 23 de noviembre, cuestión que, conforme estableció la organización en sus publicaciones oficiales, constituye un riesgo latente para la transición política. De acuerdo con los documentos divulgados, la difusión oficial de los resultados por parte de la Comisión Electoral Nacional no solo desbloquearía el proceso institucional, sino que facilitaría la presencia y vigilancia de misiones internacionales enfocadas en la restauración del marco democrático.

A través de diversos comunicados, la CEDEAO reiteró que eventuales retrasos o manipulaciones en la publicación de los resultados electorales podrían traducirse en la imposición de sanciones adicionales, sumándose a las ya aplicadas tras la toma del poder por parte de la junta. El bloque africano aclaró que su política regional de “tolerancia cero” frente a golpes de Estado persigue evitar que situaciones similares se repitan en otros países de la región, ya que la consolidación de regímenes instalados por vías ajenas al proceso constitucional pone en peligro el esquema democrático en África Occidental.

La organización internacional confirmó que el despliegue de su misión abarcó a representantes de los once países miembros de la CEDEAO, junto con delegados de la Unión Africana y de las Naciones Unidas, bajo un enfoque orientado a crear condiciones que permitan la apertura de un diálogo entre las partes implicadas. Esta acción conjunta, expuso la CEDEAO, pretende desalentar el recurso a la fuerza como medio para acceder al poder y afirma la soberanía popular como base única y legítima para la conducción estatal.

Las advertencias de que la junta militar podría enfrentar sanciones suplementarias si continúa desoyendo los llamados internacionales se repitieron en el Consejo de Mediación y Seguridad de la CEDEAO, coordinado con el sistema de Naciones Unidas y la Unión Africana. El organismo reiteró que rechaza expresamente cualquier tipo de negociación que implique legitimar a autoridades derivadas de acciones armadas, y mantiene como línea central la restauración íntegra de la legalidad democrática.

En el diagnóstico compartido por la CEDEAO mediante sus comunicados, la cooperación con Naciones Unidas y otros actores multilaterales tiene como fin evitar un deterioro sostenido de derechos civiles y políticos, así como un agravamiento de la inseguridad en la región. El bloque subrayó que el respeto por la voluntad ciudadana y el retorno inmediato del país al marco constitucional representan condiciones esenciales para restablecer el funcionamiento regular de las instituciones guineanas.

La política definida por la CEDEAO cuenta con el respaldo de la Unión Africana, las Naciones Unidas y participantes internacionales que monitorean el desarrollo de la crisis, según informó la organización regional. El énfasis en la liberación de los líderes detenidos y la garantía de seguridad para los equipos humanitarios forma parte de las prioridades internacionales establecidas en la agenda de seguimiento al golpe de Estado.

Además, la CEDEAO remarcó en sus últimas declaraciones que mantiene abierta la posibilidad de incrementar las medidas restrictivas si no existen avances concretos desde el gobierno de facto. Dentro de las herramientas a disposición figuran tanto la suspensión de derechos políticos y económicos como la imposición de castigos adicionales, en línea con estrategias cooperativas entre organismos africanos y de la ONU.

Según explicó la organización regional, la única finalidad de todas estas acciones reside en recuperar los canales legítimos de representación política y proteger el derecho a la autodeterminación de la ciudadanía guineana. El retorno al orden constitucional y la liberación de los dirigentes encarcelados se mantienen como condiciones indispensables para frenar la inestabilidad y lograr la reactivación de las instituciones.

En el marco del seguimiento internacional, la CEDEAO insistió en que la situación en Guinea Bissau se abordará bajo el principio de protección institucional y defensa de los estándares democráticos del continente africano. Al mismo tiempo, la entidad enfatizó que el proceso de transición debe proteger a la sociedad civil y evitar cualquier maniobra que consolide la autoridad de gobiernos instaurados al margen de la legalidad.

De acuerdo con los informes internos de la CEDEAO, el escenario podría agravarse si la junta militar no adopta medidas inmediatas para responder a los llamados internacionales. El organismo recalcó que se mantendrá activo en todas las instancias de presión, negociación diplomática y monitoreo multilateral para evitar el afianzamiento de regímenes ajenos al marco democrático en África Occidental y garantizar la restauración plena de la democracia en Guinea Bissau.