VÍDEO: Condenado a más de once años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión

La solicitud de protección de Betssy Chávez en la Embajada de México ha intensificado la atención internacional sobre el caso del expresidente Pedro Castillo y su entorno, después de que el Tribunal Supremo de Perú emitió una orden de detención nacional e internacional contra la ex primera ministra. Esta decisión, reportada por Europa Press, se suma al reciente fallo condenatorio contra Castillo y exministros de su gabinete, tras el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022. Según consignó Europa Press, el Tribunal dictaminó once años, cinco meses y quince días de prisión para Castillo, encontrándolo culpable únicamente de conspiración para rebelión y desestimando los cargos de abuso de autoridad o perturbación grave del orden público.

De acuerdo con Europa Press, la Sala Penal Especial publicó la sentencia el jueves, marcando una diferencia significativa con la solicitud original de la Fiscalía, que había reclamado una condena de hasta 34 años para Castillo. La acusación principal apuntaba a la disolución del Congreso y el anuncio de un gobierno de excepción, hechos que llevaron a su inmediata destitución y arresto el 7 de diciembre de 2022. La Fiscalía consideró como agravante la utilización del aparato estatal para facilitar un acto de rebelión, pero la justicia se centró en lo que consideró probadamente demostrado: la conspiración para la rebelión.

En la fase final del proceso judicial, detalló Europa Press, Castillo reiteró su inocencia y denunció supuesta parcialidad en el tribunal responsable del caso. El exmandatario presentó una solicitud formal de nulidad absoluta del proceso, insistiendo, según recogió el diario peruano 'La República' citado por Europa Press: “Proclamo mi inocencia y solicito la nulidad absoluta del proceso por falta de imparcialidad”. Estas declaraciones reflejan la postura de la defensa, que durante todo el juicio argumentó la existencia de irregularidades y la carencia de objetividad en el desenlace judicial.

El mismo tribunal que sentenció a Castillo extendió condenas a otros exministros, informando Europa Press que el exministro del Interior, Willy Huerta, recibió la misma pena que el expresidente. Huerta enfrenta una condena de once años, cinco meses y quince días, aunque su ejecución dependerá de la confirmación del fallo por parte de una instancia superior. De forma similar, el exministro Aníbal Torres fue condenado a seis años y ocho meses, pena también sujeta a revisión judicial. La valoración de la Sala Penal Especial distinguió entre los grados de participación: el tribunal estableció que Torres desempeñó un papel menor en comparación con los otros involucrados en el intento de golpe de Estado.

Europa Press consignó que la decisión judicial dejó atrás los cargos de abuso de autoridad y perturbación grave del orden público, razones que la Fiscalía argumentaba para exigir sentencias más severas. Según el dictamen, el enfoque en la acusación de conspiración y rebelión responde a la evaluación de los hechos efectivamente acreditados durante las audiencias. La sentencia resultante, que representa menos de un tercio de los años solicitados inicialmente por el Ministerio Público para Castillo, evidenció una notoria discrepancia entre la posición fiscal y el fallo de la justicia.

La orden de captura dictada para Betssy Chávez acrecienta la complejidad jurídica y diplomática, ya que la ex primera ministra, refugiada con protección diplomática mexicana, enfrenta un pedido de extradición en un contexto de creciente tensión bilateral entre Perú y México. Según mencionó Europa Press, la permanencia de Chávez en la legación diplomática incrementó los desafíos para la justicia peruana, que ahora debe articular su petición con los protocolos internacionales de asilo.

Otros miembros del gabinete de Castillo también fueron procesados, aunque las penas impuestas varían según la responsabilidad atribuida en los sucesos de diciembre de 2022. Europa Press remarcó que la sala asignó las sanciones en función al nivel de involucramiento de cada procesado, guiados por la revisión exhaustiva de las pruebas presentadas en las audiencias. La ejecución de las condenas todavía debe pasar por la instancia de revisión de un tribunal superior, lo que podría modificar el destino inmediato de Huerta y Torres.

El seguimiento de Europa Press sobre el proceso judicial también identificó la polarización política que rodea al caso, incluida la controversia sobre la independencia y transparencia del sistema judicial peruano. El debate público en Perú ganó fuerza tras el fallo, estimulando cuestionamientos por parte de la defensa y de sectores sociales sobre la legitimidad de las decisiones adoptadas por la justicia.

Imágenes difundidas por la agencia muestran tanto expresiones de los imputados como manifestaciones de apoyo y rechazo social tras conocerse la sentencia. Mientras Castillo sigue bajo prisión preventiva a la espera de la confirmación definitiva de la pena, el proceso contra Betssy Chávez concentra focos mediáticos y diplomáticos debido a la protección que recibe en México, lo que obliga a las autoridades peruanas a afrontar la complejidad de articular sus demandas en el escenario internacional.

La causa judicial derivada de los hechos de 2022 persiste como un foco de controversia política y jurídica, alimentando tanto las divisiones internas sobre la interpretación de los acontecimientos como disputas internacionales vinculadas a la cooperación en materia de extradición y asilo. Europa Press subrayó que la continuidad de los procedimientos y el resultado final de las apelaciones influirán directamente en la dinámica institucional y diplomática de Perú en los próximos meses.