El futuro incierto de los niños rohingyas en Bangladesh: una infancia perdida en los campos de refugiados

El descenso de las donaciones internacionales ha incrementado la preocupación de las agencias humanitarias en Bangladesh ante el riesgo de que la desnutrición y la falta de atención médica se agraven, afectando especialmente a la infancia rohingya alojada en los campamentos de Cox's Bazar. La escasez de fondos se ha traducido en una reducción de los programas de alimentación y salud, hecho que compromete el bienestar y el desarrollo de los menores. Esta problemática se inscribe en un contexto más amplio de incertidumbre y falta de oportunidades para una población dependiente de la ayuda exterior, en medio de una crisis política y social cuyas perspectivas de resolución permanecen lejanas. Según detalló Europa Press, la situación en los 33 campamentos del distrito, además de la isla de Bhasan Char, está marcada por la vulnerabilidad de esta comunidad, que carece de acceso garantizado a derechos básicos.

Europa Press reportó que el 78 por ciento de quienes residen en los campamentos son mujeres y niños, lo que evidencia la magnitud del problema humanitario y la presión sobre los recursos disponibles. La población rohingya, de mayoría musulmana, llegó a Bangladesh luego de huir de los episodios de violencia y de la campaña militar del Tatmadaw birmano lanzada en 2017, que obligó al desplazamiento de unas 740.000 personas desde el estado de Rajine. El antecedente histórico incluye también otros flujos migratorios, aunque, a diferencia de los casi 40.000 rohingyas llegados en la década del noventa, quienes abandonaron Birmania tras 2017 no han recibido las garantías previstas en el Derecho Internacional para los refugiados y permanecen en un limbo legal, catalogados en Bangladesh como “ciudadanos birmanos desplazados a la fuerza”.

La estructura de los campos, levantados en un entorno de pobreza estructural, reproduce la precariedad y la ausencia de alternativas a largo plazo. De acuerdo con Europa Press, los residentes viven hacinados en construcciones improvisadas de plástico y bambú, sin posibilidad real de integrarse en la vida cotidiana del país que los acoge ni garantía de retorno a su tierra de origen, aún inmersa en el conflicto armado. Voces como la de H., un adolescente de 15 años que solicitó anonimato para evitar represalias, resumen el sentir común de muchos: “Llegué aquí en 2017 cuando era solo un niño. En Birmania no podíamos ir a la escuela. Quiero que la gente sepa lo que pasa aquí, cómo vivimos. Queremos salir de aquí y tener la oportunidad de estudiar. Mira cómo está todo”, relató. H., junto con miles de menores, representa una generación privada de su derecho a la educación, la protección y el desarrollo.

La inseguridad generalizada contribuye al agravamiento de la crisis. El recrudecimiento de los combates entre el ejército birmano y el Ejército de Arakán, acusado también de violaciones contra los derechos humanos rohingya, ha dificultado una eventual vuelta a Birmania y exacerba las dificultades cotidianas. Según consignó Europa Press, las tensiones se han incrementado desde el año 2024, y la falta de reconocimiento internacional de su estatus limita la movilidad y el acceso a servicios básicos. Abdul Wahid y Sadia Aktar, una pareja joven que reside en el campo 4 y que huyó con sus familias cruzando vastas extensiones de bosque y ríos, ejemplifican el impacto de la inseguridad: “Vinimos en septiembre de 2017, había ataques continuamente y tuvimos que atravesar el bosque y huir en un bote junto a decenas de personas. Tardamos 20 días en llegar. No pudimos traer ningún objeto personal con nosotros”, relató Wahid a Europa Press. Temen ahora por la seguridad y el futuro de sus hijos, ambos menores de tres años, así como por la dificultad para acceder a la educación y a servicios médicos adecuados.

El acceso a la atención sanitaria está supeditado a restricciones administrativas y logísticas. Según declaró Wahid a Europa Press, para recibir tratamiento fuera de los campos resulta imprescindible obtener permisos especiales de las autoridades. Esta limitación incrementa los riesgos frente a emergencias de salud, mientras que las estructuras sanitarias internas no siempre alcanzan para cubrir las necesidades de una población tan numerosa. El deseo de regresar a Birmania subsiste en el imaginario colectivo, pero dependerá, según expresó Sadia Aktar, de que se reconozca la ciudadanía a los rohingyas, derecho negado desde la década de 1980 cuando se suspendió la emisión de documentos de identidad bajo la dictadura de Ne Win.

La falta de oportunidades económicas y laborales dentro de los campos constituye otro obstáculo señalado por los propios residentes. Un habitante anónimo del campo 4 declaró a Europa Press: “La comida es lo primero. Salimos a buscar trabajo pero no tenemos opciones. No hay oportunidades porque no somos considerados refugiados”. Esta situación determina una profunda incertidumbre, mientras la población adulta trata de encontrar ingresos para subsistir sin acceso a empleo formal ni integración en el mercado laboral local. Rokibul Alam, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA), subrayó para Europa Press que la reorganización de los presupuestos internacionales compromete la continuidad de la asistencia alimentaria y puede repercutir en la salud de los refugiados.

La insuficiencia de alimentos afecta especialmente a los más pequeños. Jida Bibi, madre de familia del campo 15, relató durante una visita a un centro especializado de UNICEF que la desnutrición ha marcado el desarrollo de su hijo menor. “Cuando estaba embarazada no obtuve alimento suficiente. Vine hasta aquí en 2017 con mi madre, pero mis hermanos se quedaron en Birmania”, expresó en declaraciones recogidas por Europa Press. Destacó la importancia de que otras madres sean conscientes de la necesidad de buscar atención alimentaria para evitar consecuencias graves en la infancia: “El resto de mis hijos están creciendo, pero no hay comida suficiente para todos”, afirmó. Los profesionales alertan de que la falta de tratamiento para la desnutrición aguda incrementa la tasa de mortalidad infantil y deja secuelas permanentes en el desarrollo físico y cognitivo. Owen Nkhoma, del equipo de comunicación de UNICEF en Cox's Bazar, advirtió a Europa Press: “Si no tratamos a los niños con desnutrición aguda corren el peligro de morirse. Pero necesitamos financiación. Seguimos adelante a pesar de la crisis, pero 2026 va a ser peor”.

La restricción de fondos internacionales ocupa un lugar central en las preocupaciones de las organizaciones. Nkhoma remarcó que la falta de recursos amenaza directamente la supervivencia de miles de menores, aumentando la dependencia de la población rohingya respecto de la asistencia humanitaria y elevando el riesgo de enfermedades relacionadas con la mala nutrición. “Nuestro mayor problema ahora mismo es hacernos con los recursos suficientes. Si no hay fondos, miles de niños estarán en peligro. La situación de los rohingyas es cada vez peor porque dependen íntegramente de la ayuda humanitaria”, subrayó para Europa Press. Además, la pérdida de aportes de donantes clave como Estados Unidos y la Unión Europea ha forzado a ajustar y replantear los proyectos en marcha.

Mientras las organizaciones humanitarias ajustan sus estrategias para sostener la intervención en el territorio, la infancia rohingya aparece en el centro del drama. De acuerdo con Europa Press, a medida que se agudiza la crisis, crece también la posibilidad de que la comunidad caiga en el olvido mediático y político. Las discusiones sobre cómo distribuir los fondos restantes y de qué manera conseguir nuevos recursos marcan la dinámica actual de trabajo en los campos, sin que los afectados perciban cambios sustanciales en su presente. La incertidumbre se convierte en parte esencial del día a día, mientras el acceso a derechos básicos se mantiene restringido tanto por razones administrativas como por limitaciones presupuestarias y de seguridad.

La fragmentación social es otro de los aspectos derivados de la condición legal indefinida de los rohingyas en Bangladesh. El estatus impuesto de “ciudadanos birmanos desplazados a la fuerza”, reforzado por políticas internas y acogido en la opinión pública local, incide en las relaciones dentro de los campos y también en la interacción con las comunidades anfitrionas, reportó Europa Press. Esta calificación ha impedido la integración social y refuerza una sensación de exclusión y vulnerabilidad. Mientras tanto, la violencia y la inseguridad recurrentes agravan la situación, fortaleciendo la percepción de que el regreso a Birmania no será viable en el corto plazo.

Con más de un millón de personas afectadas, la crisis humanitaria en Cox’s Bazar representa el desafío continuo de atender a una población sin ciudadanía reconocida y altamente dependiente de la ayuda externa. Las consecuencias del descenso en la financiación y la reconfiguración de prioridades a nivel global se reflejan en el acceso desigual a la alimentación, la educación y la salud. En medio de la incertidumbre y la falta de soluciones inmediatas, los niños rohingyas se convierten en el rostro más visible de esta crisis prolongada, según consignó el medio Europa Press en su cobertura sobre el terreno.