El pleno del Parlamento Europeo ha avalado este jueves el plan de la Comisión Europea de relajar las obligaciones ambientales que exigen a las empresas informar del impacto de su actividad en el medio ambiente con el fin de aliviarlas de carga burocrática, abaratar costes e impulsar su competitividad frente a competidores como China o Estados Unidos.
Este paquete, que Bruselas denomina 'ómnibus', afecta a varios marcos regulatorios europeos relacionados con las obligaciones de las empresas de dar parte del impacto de su actividad, algunos de los cuales prevén multas y sanciones para las compañías que socaven los Derechos Humanos y el medio ambiente.
Los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) han respaldado el plan de simplificación con 382 votos a favor, 249 en contra y 13 abstenciones, después de un primer intento fallido en la sesión plenaria de octubre, en donde el texto fue rechazado.
El informe adoptado fija la posición negociadora de la Eurocámara, por lo que las negociaciones con el Consejo (gobiernos) comenzarán el 18 de noviembre, con el objetivo de finalizar la legislación a finales de 2025.
Los eurodiputados creen que sólo las empresas con una media de más de 1.750 empleados y un volumen de negocios anual neto superior a 450 millones de euros deberían presentar informes sociales y medioambientales. Y también se limitaría a esa categoría los requisitos que obligan a las empresas a presentar información sobre sostenibilidad con arreglo a las normas de taxonomía que establecen la clasificación de lo que se puede considerar inversión sostenible.
Además, la posición de la Eurocámara aboga porque las normas de presentación de informes se simplificarían y reducirían aún más, lo que requeriría menos detalles cualitativos, y la presentación de informes específicos por sectores sería voluntaria. Las empresas más pequeñas estarían protegidas de los requisitos de información impuestos a sus grandes socios comerciales, a los que no se les permitiría solicitar más información de la establecida en las normas voluntarias.
Por su parte, los requisitos de diligencia debida se aplicarían solo a las grandes empresas con más de 5.000 empleados y un volumen de negocio anual neto de más de 1.500 millones de euros. Los eurodiputados quieren que estas empresas adopten un enfoque basado en el riesgo para supervisar e identificar su impacto negativo en las personas y el planeta.
En lugar de solicitar sistemáticamente información a sus socios comerciales más pequeños, deberán basarse en la información ya disponible y solo podrán solicitar información adicional a esas compañías más pequeñas como último recurso.
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