El Tribunal Supremo de Brasil ha ratificado este viernes por unanimidad la condena a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado del expresidente Jair Bolsonaro, después de que los jueces --entre ellos el relator del caso, Alexandre de Moraes-- hayan rechazado las alegaciones presentadas por la defensa.
De Moraes también ha rechazado las alegaciones presentadas por el resto de los seis condenados por liderar la fallida trama golpista de 2022, entre quienes se encuentran los exministros de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto; el de Justicia, Anderson Torres, o el exalmirante de Marina, Almir Garnier.
Los jueces Flávio Dino, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia también han votado a favor de mantener las condenas. El magistrado Luiz Fux no ha votado porque pasó de formar parte de la primera sala del alto tribunal a la segunda tras votar a favor de la absolución de Bolsonaro. Con los cuatro votos, la deliberación virtual ha concluido.
El Supremo ha analizado de manera virtual durante la jornada los recursos de aclaración que permiten a las defensa pedir aclaraciones sobre posibles contradicciones, omisiones, o dudas que puedan surgir de los argumentos de los jueces que votaron por condenar a Bolsonaro y su círculo más cercano.
Los seis acusados --un séptimo aceptó la decisión y ya cumple condena-- tienen todavía una oportunidad más de presentar un nuevo recurso bajo este procedimiento. En caso de volver a ser rechazado, se ejecutará la pena.
Bolsonaro se encuentra en estos momentos bajo arresto domiciliario, mientras avanza otra causa contra él por su supuesta implicación en una trama urdida junto a su hijo Eduardo para hacer proselitismo en Estados Unidos en contra del actual Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y a favor de su liberación mediante sanciones.
El lugar donde ha de cumplir condena es todavía una incógnita, pero se especula con que podría ser en la prisión de máxima seguridad de Papuda, que cuenta con un ala especial para albergar a presos considerados vulnerables, como políticos, policías y otros funcionarios, o ancianos.
La otra alternativa es una celda especial habilitada en la sede principal de la Policía Federal en Brasilia, un tratamiento similar al que se dio al presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuando estuvo preso durante 580 días en las instalaciones de esta misma institución en Curitiba. No se descarta tampoco arresto domiciliario.
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