Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y diputado de Sumar, dirigió recientemente una batería de preguntas al Ejecutivo español tras expresar que la presencia del presidente colombiano Gustavo Petro y de miembros de su entorno familiar en la conocida lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos constituye una medida unilateral, carente de fundamento judicial. Según informó el medio, la formación española solicita que el Gobierno manifieste un respaldo explícito al mandatario colombiano ante las sanciones de carácter económico anunciadas por Washington, principalmente bajo el argumento de supuestos nexos con el narcotráfico.
De acuerdo con los datos recogidos por IU, la inclusión de Petro ocurre en medio de una coyuntura de tensiones políticas y estratégicas entre el gobierno estadounidense y las autoridades de Colombia y Venezuela, países a los que, según la formación, Washington atribuye actividades ilícitas sin que medien pruebas públicas ni sentencias judiciales. El medio detalla que Santiago cuestionó la legitimidad y el alcance político de las sanciones extraterritoriales impuestas a presidentes elegidos democráticamente por países soberanos, y criticó que la administración estadounidense recurra a la lista OFAC no como herramienta judicial, sino como un instrumento administrativo para restringir transacciones financieras vinculadas a personas o entidades sospechosas. Según el portavoz, la utilización de este mecanismo no exige una sentencia previa ni la presentación de evidencias ante la opinión pública.
Tal como consignó la publicación, Santiago ha calificado como arbitraria esta inclusión en la lista, resaltando el carácter unilateral de las actuaciones del gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump. Además, el diputado insistió en que estas medidas tienen implicaciones políticas de amplio alcance, avivando el debate sobre la legitimidad de las sanciones que Estados Unidos aplica por fuera de su territorio y del marco legal internacional. Para IU, las acciones adoptadas por la administración estadounidense carecen del respaldo de organismos multilaterales como la ONU, ya que las sanciones no pasan por procesos judiciales internacionales ni se basan en sentencias concluyentes.
La nota de IU, citada por el medio de referencia, subraya el contraste entre las acusaciones dirigidas al entorno de Petro y los datos oficiales sobre la lucha antinarcóticos en Colombia. Durante el gobierno de Gustavo Petro, señala el diputado, Colombia ha alcanzado cifras históricas en la incautación de cocaína, superando las 800 toneladas en el periodo comprendido entre 2024 y 2025. Además, se han destruido instalaciones de procesamiento ilegal de forma inédita, de acuerdo con informaciones periodísticas recopiladas por el portavoz. Ante estos registros, Santiago arguyó que las sanciones impuestas por Estados Unidos no solo carecen de correlato judicial, sino que también ignoran los avances registrados en la lucha contra el narcotráfico.
Al abordar las motivaciones que estarían detrás de las sanciones, Santiago expresó, según la fuente, que la administración Trump antepone sus intereses políticos sobre los objetivos de cooperación y mejora en la región, pese a que el propio Petro había manifestado su disposición a colaborar con Estados Unidos para combatir el tráfico de sustancias y mitigar los efectos negativos de estas actividades ilícitas en la población. El diputado agregó que, en contraste con la oferta de cooperación bilateral, la postura de Washington insiste en mantener una política de vigilancia y presión sobre América Latina.
IU solicita al Gobierno de España un posicionamiento definido ante la controversia y plantea interrogantes al Ejecutivo sobre las acciones diplomáticas que ha emprendido en respaldo al presidente Petro. El portavoz ha pedido aclarar si el Ejecutivo ha transmitido su solidaridad al líder colombiano y si promoverá, dentro de los foros de la Unión Europea, el establecimiento de pautas comunes que requieran transparencia y control judicial en la imposición de sanciones económicas o financieras con carácter extraterritorial, especialmente cuando se aplican fuera del marco de Naciones Unidas.
La intervención de IU pone el foco en la necesidad de un debate sobre la legalidad y la transparencia en la aplicación de medidas de sanción a líderes de países soberanos. El partido insiste en que la lista OFAC responde a criterios discrecionales adoptados por el gobierno estadounidense, lo cual –de acuerdo al análisis presentado por Santiago– plantea un desafío a la soberanía de los países afectados y a la cooperación internacional en materia judicial y de seguridad.
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