El Gobierno de Libia reconocido internacionalmente ordena a MSF abandonar el país antes del 9 de noviembre

MSF denuncia que su salida dejaría a miles sin servicios médicos esenciales ante la falta de argumentos oficiales sobre su expulsión, mientras aumentan los obstáculos legales, los recortes de fondos y el aislamiento de los migrantes más vulnerables en el oeste libio

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La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) mantiene activo su registro legal en Libia y ha indicado que espera alcanzar una solución favorable a la situación, luego de que el gobierno reconocido internacionalmente le ordenó abandonar el país antes del 9 de noviembre. Según informó el medio que citó declaraciones de la propia organización, las autoridades libias no han ofrecido explicaciones acerca de la decisión, lo que mantiene el proceso sin clarificación alguna para la ONG y sus equipos.

De acuerdo con lo publicado por el medio, MSF denunció que las autoridades reconocidas por la comunidad internacional en Trípoli suspendieron sus actividades en Libia a partir del 27 de marzo, tras el cierre inesperado de sus instalaciones y el interrogatorio a varios integrantes de su personal por parte de la Agencia de Seguridad Interna del país. Esta acción formó parte de una oleada de intervenciones similares que alcanzaron a otras nueve organizaciones humanitarias, ocasionando una interrupción significativa en los servicios médicos y humanitarios para la población más vulnerable.

El Ministerio de Exteriores libio, según consignó el medio, notificó recientemente a la organización que debe abandonar el territorio, aun cuando Médicos Sin Fronteras había intentado reiteradamente reanudar sus actividades tras la suspensión inicial. Steve Purbrick, jefe de programas de MSF en Libia, manifestó públicamente: “Lamentamos profundamente la decisión (...) y estamos preocupados por las consecuencias sobre la salud de las personas a las que apoyamos”. Purbrick argumentó la relevancia del papel de MSF en el país para la detección y tratamiento de la tuberculosis, el fortalecimiento del sistema sanitario local y la provisión de atención médica a migrantes y refugiados que, según la organización, permanecen excluidos de la atención y expuestos a detención arbitraria y violencia de gravedad.

Según detalló el medio, MSF remarcó que la expulsión de la organización se produce en un contexto de “crecientes obstrucciones” legales y prácticas a la labor de las ONG, junto con recortes en los fondos internacionales destinados a la ayuda humanitaria. Además, subrayó el endurecimiento de las políticas fronterizas europeas en coordinación con las autoridades libias, lo que ha dificultado aún más la prestación de socorro a la población migrante y a refugiados en la zona occidental del país. La salida de actores internacionales como MSF dejaría a miles de personas sin acceso a servicios médicos esenciales, especialmente quienes ya sufren exclusión o viven en centros de detención.

El medio recordó en su informe que Libia permanece dividida institucionalmente desde que la Cámara de Representantes, con sede en el este, anunciara la finalización del mandato de Abdul Hamid Dbeibé –primer ministro del gobierno reconocido internacionalmente y asentado en Trípoli– por el aplazamiento de las elecciones presidenciales originalmente previstas para diciembre de 2021. Desde entonces, el país mantiene dos administraciones paralelas, sin lograr avances hacia una reunificación política efectiva ni la celebración de los comicios proyectados.

Médicos Sin Fronteras detalló en su declaración que, pese al contexto de incertidumbre y restricciones crecientes, ha expresado su disposición a negociar la reanudación de actividades, insistiendo en que la validez de su registro ante las autoridades libias sigue vigente. Dicha postura se ve reforzada por la preocupación de la organización por las consecuencias directas sobre la salud pública y, particularmente, sobre la población migrante, que afronta altos niveles de exclusión y violencia, según reportó el medio a partir de declaraciones de MSF.

La ONG también destacó, según consignó el medio, que la ausencia de justificación oficial sobre su expulsión refuerza la opacidad del proceso, a la vez que incrementa la inseguridad operativa para otras organizaciones internacionales y locales. El repliegue de la asistencia internacional coincide con un periodo de endurecimiento en las restricciones fronterizas y una tendencia regional a disminuir el apoyo económico hacia intervenciones de emergencia en países situados en rutas migratorias hacia Europa.

El medio agregó que la suspensión y posible expulsión definitiva de Médicos Sin Fronteras no solo afecta a los programas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades como la tuberculosis en la población local, sino que pone en riesgo el acceso a tratamientos y atención básica para aquellos que, por su condición migratoria y de refugio, ya se encontraban fuera del alcance de los servicios oficiales. La situación también agrava el aislamiento de los migrantes, quienes se ven atrapados en centros de detención donde, de acuerdo con las denuncias, sufren violencia y carecen de garantías básicas.

Esta serie de medidas se inscribe en un contexto de creciente presión internacional y desafíos administrativos internos, fruto de la fragmentación política en Libia y de los mecanismos de control fronterizo establecidos por la cooperación europea. El resultado, según la evaluación de Médicos Sin Fronteras recogida por el medio, es una mayor dificultad para responder a las necesidades humanitarias urgentes en la región occidental del país y un aumento de obstáculos para la intervención de organizaciones independientes.

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