Agentes de inmigración de EEUU detienen al periodista británico Sami Hamdi, conocido por sus críticas a Israel

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés) afirmó que la detención del periodista británico Sami Hamdi en el Aeropuerto Internacional de San Francisco ocurrió después de su participación en la gala anual de la filial de CAIR en Sacramento y en vísperas de su intervención prevista para otro evento de la organización en Florida. Esta agrupación de defensa de los derechos civiles de los musulmanes denunció que la acción habría estado motivada por el activismo de Hamdi y por sus pronunciamientos críticos respecto a las acciones de Israel en Gaza.

De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Hamdi fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), se le revocó el visado y permanece bajo custodia en espera de ser expulsado del país. Una portavoz de esa dependencia, Tricia McLaughlin, indicó mediante un comunicado divulgado en la red social X que la decisión responde a medidas gubernamentales adoptadas contra extranjeros considerados riesgosos para la seguridad nacional. “Estados Unidos no tiene ninguna obligación de acoger a extranjeros que apoyan el terrorismo y socavan activamente la seguridad de los estadounidenses. Seguimos revocando visados de personas implicadas en estas actividades”, publicó después el Departamento de Estado, según consignó la misma red social.

CAIR argumentó que la razón principal del arresto involucra el papel de Hamdi como comentarista crítico de las políticas israelíes en el conflicto de Gaza y describió el suceso como una respuesta a su “crítica a la guerra genocida de Israel en Gaza”. Hamdi había expuesto opiniones similares poco antes de su detención, tras intervenir en la gala en Sacramento y anticipar su presencia en la de Florida, donde también planeaba hablar.

Antes la activista de ultraderecha vinculada al expresidente Donald Trump, Laura Loomer, publicó una serie de mensajes en X en los que acusaba a Sami Hamdi de apoyar a grupos terroristas. El mismo CAIR atribuyó a Loomer la propagación de “teorías conspiranoicas antimusulmanas” y sostuvo que sus comentarios formaron parte del entorno mediático que precedió el arresto del periodista, según informó el mismo grupo de defensa civil.

CAIR demandó la liberación inmediata de Sami Hamdi y responsabilizó al gobierno de Estados Unidos de emplear políticas que, a su entender, privilegian los intereses de sectores a los que denominan “Israel Primero” por encima de los valores nacionales estadounidenses. La organización manifestó: “Nuestra nación debe parar de secuestrar a voces críticas con el gobierno israelí por orden de los desquiciados fanáticos de Israel Primero. Es una política de Israel Primero, no de América Primero, y tiene que acabar”.

El medio detalló también un precedente: en marzo, las autoridades estadounidenses retiraron el visado al activista propalestino Mahmud Jalil, conocido por su participación en las protestas universitarias contra la intervención militar israelí en la Franja de Gaza. La actuación gubernamental en estos casos ha generado reacciones entre organizaciones y activistas que denuncian restricciones al derecho de expresión y al activismo político dentro del territorio estadounidense para personas extranjeras.

Según consignó el medio, estas acciones oficiales forman parte de una política que busca impedir la estancia en el país de ciudadanos extranjeros a los que las autoridades vinculan con actividades que, en su valoración, afectan la seguridad nacional o promueven el apoyo a organizaciones terroristas. Al mismo tiempo, los críticos de estas medidas sostienen que representan una respuesta directa a la presión de grupos y voces en redes sociales contrarios a posturas propalestinas o críticas con el gobierno israelí.

Las circunstancias del arresto de Sami Hamdi se presentan en un contexto de creciente tensión social y política en Estados Unidos en relación al conflicto en Gaza y al manejo de los visados y las expulsiones de activistas o comentaristas que expresan posturas contrarias a la política exterior estadounidense respecto a Israel. El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interior subrayaron en sus declaraciones públicas que mantendrán la línea de revocar visados a quienes, bajo su criterio, incurran en conductas que atenten contra los intereses de la seguridad nacional.