La captura de Hadush Kebatu en el parque de Finsbury, ubicada en Londres, concluyó una búsqueda policial que se extendió durante casi dos días, movilizando recursos de las principales fuerzas de seguridad británicas. Según indicó la cadena Sky News, las autoridades localizaron al convicto cerca de las 8:30 de la mañana el domingo, tras una investigación “diligente y desarrollada a ritmo rápido” encabezada por agentes especializados de la Policía Metropolitana, con colaboración de la Policía de Essex y la Policía de Transportes Británica. Kebatu, condenado a doce meses de prisión por ataques sexuales contra una menor de 14 años y una mujer, había salido erróneamente de la prisión de Chelmsford el viernes, hecho que desencadenó una respuesta inmediata de los servicios de seguridad británicos para su localización y detención. Según informó Sky News, el hombre abordó a las 12:41 horas de ese mismo viernes un tren desde Chelmsford con dirección a Londres, decisión que obligó a ampliar la operación policial para cubrir diversas rutas de transporte.
De acuerdo con la información reproducida por Sky News, el fallo en los procedimientos de liberación dejó en evidencia las debilidades en el sistema penitenciario británico e implicó la suspensión de un funcionario responsable por la excarcelación inadvertida. Una vez confirmada la fuga, las autoridades coordinaron una operación de rastreo que fue descrita como extensa y rápida, en la que participaron efectivos de distintas jurisdicciones para evitar que Kebatu se diera a la fuga fuera del país o que cometiera más delitos.
Las repercusiones políticas no se hicieron esperar. El primer ministro, Keir Starmer, expresó por medio de un mensaje en la red social X que el detenido “va a ser deportado”, resaltando la rapidez y eficacia en el retorno de Kebatu al sistema de custodia. Según recogió Sky News, Starmer también señaló la apertura de una investigación sobre el error que propició la liberación, subrayando la necesidad de evitar la repetición de un incidente similar en el futuro.
El vice primer ministro y titular de Justicia, David Lammy, también manifestó su indignación ante el suceso y reiteró la promesa de expulsión del condenado. Además, Lammy comunicó a través de redes sociales la disposición para reforzar de forma inmediata los controles en las verificaciones previas a cualquier excarcelación. El alto funcionario aseguró que se indaga detalladamente en el procedimiento que terminó permitiendo esta liberación involuntaria, una cuestión que, según Lammy, requiere de medidas urgentes para restaurar la confianza pública en el sistema penitenciario.
Sky News detalló que, tras la captura de Kebatu, la Policía Metropolitana de Londres emitió un parte oficial en el que reconoció el importante papel desempeñado por agentes experimentados en la resolución del caso. El comandante de Scotland Yard, James Conway, destacó el esfuerzo conjunto y coordinado de los distintos cuerpos policiales involucrados, factor destacado en el rápido desenlace de la operación.
El caso de Kebatu ha reavivado el debate en el Reino Unido sobre los protocolos de seguridad y las políticas de excarcelación, además de abrir una investigación sobre las responsabilidades administrativas y operativas dentro de la prisión de Chelmsford en Essex. Según informó Sky News, la suspensión inmediata del funcionario de prisiones vinculado al error representa la primera medida adoptada mientras avanza la pesquisa.
Las agresiones sexuales por las que Kebatu cumplía condena ocurrieron en Epping, Essex, y el condenado recibió una pena de doce meses. Tras conocerse la liberación no autorizada, las autoridades lanzaron comunicaciones de alerta y desplegaron a numerosas unidades para vigilar trenes y estaciones, acciones que posibilitaron dar con el paradero del individuo apenas había transcurrido poco más de un día desde su fuga.
De acuerdo con Sky News, la respuesta gubernamental subraya la determinación del ejecutivo británico para dar una respuesta rápida tanto en la recaptura como en la evaluación de los mecanismos de supervisión penitenciaria. Las autoridades se comprometen a publicar los resultados de la investigación una vez que concluyan las indagaciones, con el objetivo de identificar posibles fallas estructurales en el sistema y evitar futuras incidencias del mismo tipo.
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