
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y sus entidades estatales han exigido cambiar el modelo de financiación para garantizar los derechos de las personas con discapacidad física y orgánica.
Así lo han expuesto tras la reunión celebrada esta semana por el Órgano de Representantes de Entidades Estatales (OREE) de COCEMFE, donde se analizó la resolución provisional de la convocatoria del tramo estatal del 0,7 para 2026.
En este sentido, han denunciado que el sistema actual de subvenciones del tramo estatal del 0,7 "está dificultando gravemente la atención y el acceso a derechos de las personas con discapacidad física y orgánica en todo el país".
A la convocatoria se ha presentado COCEMFE junto con 26 entidades de ámbito estatal para realizar proyectos para la defensa de derechos y apoyo a personas con enfermedades como ELA (esclerosis lateral amiotrófica), personas trasplantadas, con esclerosis múltiple, niños y niñas con prótesis, personas con párkinson, fibrosis quística, espina bífida, lupus, acondroplasia, osteogénesis imperfecta, hemofilia, etc.
Asimismo, ha explicado que, a pesar de que se han concedido 90 proyectos --21 más que el año anterior-- la financiación para su ejecución se ha reducido un año más. Además, ha añadido que también ha caído la financiación media por cada proyecto.
Según la resolución provisional, COCEMFE ha señalado que se ha cubierto el 26,22% del importe solicitado y ha agregado que la caída acumulada desde 2021 alcanza el 40,44%. "Este modelo, basado en la atomización de los fondos, impide desarrollar programas completos, sostenidos y con impacto decisivo en la vida de las personas", ha apuntado.
En esta misma línea, ha indicado que la "dispersión de las subvenciones" está "laminando" a las entidades. "Nos vemos en la obligación de fraccionar los proyectos, multiplicar la carga burocrática y desatender a muchas personas cuyas necesidades no cubren ni el Estado ni las comunidades autónomas", ha criticado el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.
Para Queiruga, esta situación "golpea especialmente a las organizaciones que representan a personas con discapacidades físicas y orgánicas de baja prevalencia o con escasa implantación territorial". Además, avisa de que si no se revierte "podría provocar su desaparición". "Las entidades no somos subsidiarias del Estado, pero desarrollamos esta labor porque es imprescindible. Sin nuestro trabajo, muchas personas quedarían completamente desatendidas", ha subrayado.
REQUISITOS DE "DIFÍCIL CUMPLIMIENTO"
El presidente de COCEMFE también ha precisado que el sistema impone requisitos técnicos y administrativos "de difícil cumplimiento" y "sin proporcionar recursos para asumirlos, lo que obliga a desviar esfuerzos de la atención directa". "El esfuerzo que supone acceder, ejecutar y justificar estas subvenciones recae totalmente sobre las organizaciones. Esa carga nos aleja de nuestro propósito: acompañar, apoyar y garantizar que nadie se quede fuera", ha afirmado.
En 2024, COCEMFE y sus organizaciones estatales atendieron a 1.383.473 personas. En esta línea, Queiruga ha recalcado que esta cifra refleja "el alcance real de una red que, año tras año, suple las carencias del sistema público". "Si no se corrige el rumbo, muchas de estas personas se quedarán sin apoyo", ha alertado.
Finalmente, ha hecho referencia a la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución Española, que reconoce los derechos de este grupo social y la labor de sus organizaciones representativas. Si bien, ha avisado de que "todo corre el riesgo de quedar en papel mojado si no se acompaña de políticas, medidas y financiación que garanticen su cumplimiento".
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